No cabe duda que el Presidente atraviesa por su peor momento. Habrá que esperar el resultado de las encuestas -que seguramente después del inexplicable encuentro con Donald Trump y su penosa actuación lo deben colocar por debajo del 20%-, pero el ánimo de la gente se puede palpar fácilmente en la calle, en cualquier plática de café o a través de los comentarios en Twitter y Facebook. Incluso quienes comúnmente evitan hablar de política, hoy hacen patente su malestar a la menor provocación.
Por eso no es de extrañar que al día siguiente de la entrega del IV Informe de Gobierno, se haya convocado a través de redes sociales a una marcha para este 15 de septiembre -que sale del Ángel de la Independencia hacía el Zócalo-, con el propósito de exigir la renuncia de Peña Nieto. Aunque al grupo gobernante le cueste trabajo entender el “mal humor social”, sobran motivos para ello.
La sociedad está agraviada, el futuro del país en los próximos dos años que restan a su administración se vislumbra sombrío, y el Presidente ha perdido toda credibilidad. No sólo se trata de un asunto de percepción -como lo ha querido hacer ver el gobierno a través de una desafortunada campaña mediática-, los magros resultados están a la vista.
Comparto la inconformidad e indignación que permea todas las capas de nuestra sociedad, coincido en la gravedad de la situación, y celebro que por fin contemos con una ciudadanía cada vez más exigente y actuante, pero más allá de la pertinente y legítima protesta, no me parece que la renuncia del Presidente sea la mejor opción pues lejos de representar una posible solución, probablemente enturbiaría aún más el ya de por si complejo escenario.
Es muy difícil pensar que por mucha presión que se ejerza, Peña Nieto va a renunciar asumiendo su responsabilidad política -como sucede en otros países-, pero no está de más revisar qué pasaría en ese supuesto. En primer lugar, hay que tomar en cuenta que en nuestro país no existe la revocación de mandato -ésta podría ser una de las principales demandas de la marcha- y que de acuerdo a la Constitución, el cargo de Presidente sólo es renunciable por causa grave, misma que debe calificar el Congreso en el que el PRI junto con sus aliados tiene mayoría.
Ahora bien, en caso de que procediera la renuncia, el Secretario de Gobernación tendría que asumir provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo en lo que el Congreso nombra al Presidente sustituto por mayoría calificada en un plazo no mayor a sesenta días.
En el contexto actual, un proceso de estas características resultaría muy desgastante y generaría mayor inestabilidad, por lo que en vez de ello debemos canalizar toda esa energía social si para exigir cuentas pero sobre todo para seguir impulsando una agenda transformadora -como ocurrió recientemente con el Sistema Nacional Anticorrupción-, y para obligar a la clase política a generar acuerdos que permitan concluir el sexenio en condiciones aceptables de estabilidad y certidumbre.