Con la inesperada renuncia de Raúl Cervantes a la Procuraduría General de la República, en los hechos se cierra uno de los capítulos de mayor polarización política en el difícil proceso de creación de la Fiscalía General de la República, que tensó seriamente la relación entre el gobierno de Peña Nieto y los partidos de oposición, al grado de poner en riesgo la elección de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

La posibilidad de que Cervantes se convirtiera en automático en el nuevo Fiscal General por un periodo de 9 años una vez que el Congreso aprobara la Ley de la Fiscalía General conforme al artículo Décimo Sexto Transitorio de la reforma constitucional del 10 de febrero de 2014, provocó fuertes reacciones, sobre todo de organizaciones de la sociedad civil a las que posteriormente se sumaron los partidos que conforman el denominado Frente Ciudadano por México, por considerar que con ello se vulneraba la autonomía del nuevo órgano encargado de la procuración de justicia.

Lo que se cuestionaba no era la capacidad o las prendas personales del Senador con licencia (que en términos generales contaba con una buena imagen), en realidad la preocupación estribaba en que, por sus estrechos vínculos con el grupo en el poder, podría representar un acuerdo tácito de impunidad para sus integrantes o que actuara por consigna, siendo que uno de los principales objetivos de la reforma constitucional consiste precisamente en despolitizar la función del ministerio público. Otro aspecto que no debemos pasar por alto, es que de la Fiscalía General dependerán las Fiscalías especializadas en materia de Anticorrupción y de Delitos Electorales, que resultan un elemento clave ante la situación por la que atraviesa el país y la realización de las elecciones más complejas de nuestra historia.

Sin embargo, su renuncia no resuelve el tema de fondo pues por un lado no se han aprobado las distintas iniciativas para derogar el citado artículo transitorio, por lo que aún existe la posibilidad de que el Presidente designe a un Procurador que responda a los intereses de Los Pinos (aunque se requiere la ratificación del Senado, basta con que el PRI con sus aliados logre la mayoría absoluta) y posteriormente apliquen el llamado pase automático.

Desde luego es necesario que quien vaya estar al frente de la Fiscalía General por los próximos 9 años cuente con un perfil de independencia y una trayectoria intachable a partir de un amplio proceso de escrutinio público, pero no sería suficiente si se monta sobre la estructura de la actual PGR con las deficiencias que reconoció el propio Cervantes en su texto de renuncia y los múltiples cuestionamientos de ineficiencia y corrupción, pues es alto el riesgo de caer en ese gatopardismo tan común en la política mexicana “que las cosas cambien para que sigan igual”.

Por ello, es urgente que de inmediato inicie la discusión de fondo sobre el diseño institucional de la Fiscalía General para que realmente cuente con la independencia, facultades y los recursos técnicos, humanos y materiales que requiere, a partir del estudio realizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el CIDE así como de las diferentes propuestas, incluso de reforma constitucional que han presentado legisladores y colectivos de la sociedad civil. Este es un tema de la máxima importancia, y constituiría una grave irresponsabilidad seguir posponiendo su creación, como algunos han sugerido, condicionándola a las coyunturas político – electorales.  

@agus_castilla | @OpinionLSR | @lasillarota




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