Opinión

La renegociación eléctrica, una mirada más amplia

La revisión de los criterios y contratos es indispensable. | Jorge Faljo

  • 14/03/2021
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La nueva Ley de la Industria Eléctrica es altamente controvertida. El principal alegato en su contra es que llevará a la Comisión Federal de Electricidad a comprar energía eléctrica generada en plantas contaminantes en vez de energía limpia y sustentable. Estas últimas son básicamente dos; la que se genera aprovechando la fuerza del viento en grandes rehiletes aerogeneradores y la energía proveniente del sol que se capta en paneles fotovoltaicos. Viento y sol, junto con las mareas, son fuentes de energía modernas y limpias.

Otro argumento en contra de la nueva ley es que busca romper contratos vigentes y alterar las condiciones que atrajeron la inversión privada en energías limpias. Hacerlo, dicen, crearía raspones internacionales en dos sentidos. Primero porque marcha en contra del renovado interés, sobre todo en los Estados Unidos, por mitigar los contaminantes que generan el cambio climático. Segundo, porque infringiría tratados internacionales que establecen un trato igual a las empresas, sean públicas o privadas, nacionales o extranjeras. En esta perspectiva se vaticinan enormes costos de litigación y compensaciones dentro y fuera del país.

Dicho lo anterior, y suponiendo que esos argumentos son bastante sólidos, debo confesar que no terminan de convencerme. Hay otros elementos que poner en la balanza.

Los generadores de energía en México son 71 participantes en el mercado eléctrico mayorista. De ellos 62 son particulares y gruesamente producen el 26.7 por ciento de la producción que entra en el mercado, en este caso la electricidad que se mueve en la red pública de energía. Por otra parte, las empresas públicas, agrupadas en la Comisión Federal de Electricidad producen el 52 por ciento de la producción total. El resto, 21.3 por ciento es generado en forma de auto abasto aislado; es decir, empresas que producen su propia electricidad sin que esta se transmita en la red pública.

La nueva Ley de la Industria Eléctrica no toca al auto abasto aislado que, dadas sus características es difícil de medir y mucho más de supervisar. Es como si en mi casa tuviera un generador eléctrico que pasara inadvertido para los vecinos y por supuesto para la CFE. Así que este sector podemos dejarlo de lado de momento.

La energía pública proviene de hidroeléctricas, termoeléctricas y una núcleo eléctrica. Las más criticadas son las termo eléctricas que, dado que usan carbón o combustóleo para calentar agua y generar vapor, sueltan gases que contaminan la atmosfera.

Resulta que nos encontramos en una situación en que las fuentes de energía más contaminantes son públicas y las privadas son limpias y modernas. Con un agravante; años de descuido en el mantenimiento y mucho más descuido en la ampliación y modernización de las fuentes de energía públicas.

Es una mala situación a la que no se llegó de casualidad. Proviene de una privatización vergonzante en la que importó poco la actualización y mejoras de la empresa pública, al grado de impedir su rentabilidad, fue expresamente empleado como mecanismo para la apertura del sector a buenos negocios privados.

No obstante, el país necesita todas las fuentes de energía que existen. El 26.7 por ciento que genera el sector privado no puede abastecer al país, por tamaño y porque es una fuente intermitente que requiere viento y sol, lo que no ocurre en todo momento. Por otra parte, la energía del país sigue siendo fundamentalmente pública, el 52 por ciento.

La cosa se complica porque la demanda de energía es variable; debe existir la suficiente para los momentos de mayor demanda. Pero sobra energía fuera de esos momentos y, por tanto, se debe dejar de generar. Es aquí donde surge el conflicto. En la ley anterior, todavía vigente, la preferencia de uso era para las empresas privadas incluso sobre la energía hidroeléctrica de origen público.

Pensar en que crezca la generación de energía privada en las actuales condiciones implica seguir en el modelo de descuido y deterioro de la generación de energía pública. Los gobiernos anteriores nos heredaron contratos desequilibrados, muy apropiados para una alta rentabilidad privada pero desfavorables a la rentabilidad que requiere el sector público para el mantenimiento y modernización de sus fuentes de energía.

Así que la actual administración propuso una renegociación de tales contratos tanto de compra de energía privada, como del uso de la red de transmisión de energía entre empresas. A esto se negaron los privados muy apoyados en un marco legal que les garantizaba precios y prioridad en las adquisiciones de energía de la CFE.

Imagino un símil que tal vez podría ilustrar el asunto. Supongamos que una familia tiene un automóvil viejo que por dificultades económicas no ha llevado a afinar en un largo tiempo. Tal vez incluso pagó una mordida para pasar la verificación. Su auto es contaminante y por ello alguna autoridad le indica que en vez de usar su propio auto deberá llamar a un Uber cada vez que tenga necesidad de trasladarse.

De ese modo contaminaría menos. Pero al mismo tiempo incrementa el problema económico de la familia y le dificulta arreglar y afinar su carro para que contamine menos y pueda pasar en buena forma la verificación. Aquí la solución de corto plazo impide la solución de fondo.

El punto es que si la rentabilidad del sector público fue sacrificada en los gobiernos anteriores ahora requerimos, de vista al futuro, recuperarla para poder afinar la infraestructura de energía pública y avanzar hacia algo mejor.

Al respecto la Comisión Económica para América Latina y el Caribe –CEPAL dijo: "Se vale la revisión de los criterios y de los procesos de contratación y es necesario que una vez que se definan, se establezcan reglas claras para que la inversión siga viniendo a México".

La primera parte, la revisión de los criterios y contratos es indispensable. No es posible seguir adelante con una herencia de convenios abusivos que impiden la rentabilidad y la inversión pública para mejorar sus fuentes de energía. Que la inversión privada en energía siga viniendo a México es algo dudoso por dos razones. La primera es que se le atrajo otorgándole privilegios excesivos y, la segunda, porque de momento no hace falta. En los planes públicos está incrementar la energía de origen público del 52 al 54 por ciento a partir del arreglo y mayor eficiencia de sus plantas. Un esquema justo de utilidades y un poco más de atención a la inversión pública nos beneficia a todos.

No es esta la única renegociación que se ha planteado esta administración. Se renegoció con Braskem el convenio de suministro de gas etano y se advirtió a los propietarios de las enormemente costosas cárceles privadas que si no aceptan renegociar se llegará a la cancelación de los contratos.

En el caso de la energía eléctrica lo que anuncia esta administración es que quiere renegociar, no destruir. Este país no puede pasar por otra etapa de autodestrucción de infraestructura como la que se hizo al cambiar el modelo de desarrollo en las últimas dos décadas del siglo pasado. No podemos sacrificar ni infraestructura pública, que debe ser rentable, ni infraestructura privada que también debe ser rentable, sin excesos que ahoguen el futuro de la generación de energía pública.  

De otro modo continuar en el camino de la privatización vergonzante es un riesgo para la soberanía nacional y fuente de deterioro de las finanzas públicas que todos terminamos pagando en bajo crecimiento y malos servicios. El apagón tejano que afectó al norte de México hace unas semanas debiera ser una señal de alerta de lo mucho que hay que invertir en el abasto público de energía.

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