Mucha tinta ha corrido desde el pasado lunes. Expertos e intelectuales de todos los colores y sabores, desde sus cómodas oficinas en la ciudad de México y en las principales capitales del país se han encargado en analizar a detalle los resultados del proceso electoral. La relativa tranquilidad de la jornada; el nivel de participación ciudadana; quiénes fueron los ganadores y perdedores; cómo quedó conformado el nuevo mapa electoral. Estos son los temas que más han ocupado a nuestra intelligentsia, quien al igual que los medios de comunicación han centrado su atención en las elecciones federales y en los “fenómenos” políticos de El Bronco y Morena.
Sin embargo, inexplicablemente la mayoría de los analistas y medios de comunicación nacionales parecieran querer tocar sólo tangencialmente o de plano dejar completamente de lado eventos de la mayor importancia que cuestionan la forma y la pulcritud con que se realizaron las elecciones locales en varios estados y que ponen en entredicho los avances democráticos del país.
En este sentido, está resultando paradigmático el relativo silencio en torno a lo sucedido en San Luís Potosí, donde conforme pasan las horas surgen evidencias irrefutables que dan cuenta de una serie de irregularidades que permiten afirmar que se trató de una auténtica elección de Estado.
Sólo puede levantar suspicacias la felicitación en fast track extendida por Peña Nieto a los candidatos “vencedores” de San Luís Potosí y Colima. El reconocimiento de esas supuestas victorias por parte del primer mandatario sólo mancha más el proceso, cuando las diferencias entre los primeros y segundos lugares son mínimas y pueden ser revertidas, además de que en ambos estados se han documentado numerosas denuncias de irregularidades y delitos electorales antes y durante la jornada electoral.
Pareciera que el señor presidente tiene prisa por consumar el resultado de unas elecciones locales tan manchadas que en países con sistemas verdaderamente democráticos probablemente habrían obligado a su cancelación y la apertura de investigaciones judiciales.
Volviendo a San Luis Potosí, hemos contemplado una reedición de las viejas prácticas priístas (acarreo, robo de urnas, compra de votos, alquimia electoral), aderezadas con nuevas e ingeniosas formas de escamoteo de la voluntad popular.
Las dos principales fuerzas opositoras, PAN y PRD, han dado fe de las trapacerías que han detectado, como fue la aparición de boletas electorales tiradas en una escuela del municipio de Río Verde; la alteración de urnas y sustracción de documentación por parte de funcionarios de casilla en Tamasopo o la quema de boletas en municipios como Ciudad Fernández, Coxcatlán, Salinas y Villa de Zaragoza. Dado lo cerrado de la elección, evidentemente estas acciones han podido influir determinantemente en su resultado.
Que ésta fue una elección de Estado, ni qué duda cabe. Al apoyo material del actual gobernador hacia su delfín, se suma la intervención descarada de unos de los mayores mapaches del país, César Augusto Santiago, lo que nos muestra el empeño con que el régimen ha tratado de ganar esta elección. Y como no pudo ser por las buenas…
Resulta incluso escandaloso que hasta el órgano electoral local esté en medio de la danza, manchando aún más su ya de por sí muy percudida imagen. ¿Cómo explicar que después de un sinnúmero de pruebas y ensayos previos, el PREP haya fallado tan groseramente, otorgando votos dobles al PRI y su alianza? Todo esto lo único que hace es aumentar la desconfianza de la ciudadanía en la limpieza de las elecciones. ¿Se dará cuenta el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana el daño que está causando a la vida política potosina?
Evidentemente, el caso de San Luís Potosí revela tanto la persistencia de los viejos vicios del sistema político mexicano, como la extrema fragilidad en que se mantienen las instituciones electorales a nivel local. No basta con expedir nuevas leyes, si la legalidad se ve vulnerada a ojos de la ciudadanía cuando hay elecciones competidas y cuyo resultado amenaza al statu quo vigente, el cual sólo tiene interés en asegurar su continuidad, mantener sus privilegios y evitar la rendición de cuentas sobre su actuación.
Considerando la proximidad del 2018, resulta de interés nacional que el régimen priísta recapacite y permita el restablecimiento de la legalidad en los casos de San Luís Potosí y Colima. De persistir en su empeño por escamotear la voluntad de los ciudadanos, se arriesga a profundizar la pérdida de credibilidad de la sociedad hacia su clase política, favoreciendo con ello el crecimiento de expresiones violentas que lo único que buscan es la fractura definitiva de la civilidad democrática en el país.