Cuando parecía que todo estaba listo para que por fin después de tantos años se aprobara la reforma política del Distrito Federal, la Cámara de Diputados decidió darse más tiempo para analizar la minuta enviada por el Senado con lo que se canceló la posibilidad de que pudiera salir en el último periodo de sesiones de la LXII Legislatura.
Esta decisión agarró por sorpresa a muchos -empezando por el jefe de gobierno-, que celebraron con demasiada anticipación lo que calificaron como el inicio de la vida autónoma de la Ciudad de México (que es como se le pretende denominar).
Aunque el argumento formal para justificar la posposición de lo que se suponía era un acuerdo entre las principales fuerzas políticas, es que dada la trascendencia de la reforma hubiera sido irresponsable votarla fast track, lo cierto es que se sigue especulando sobre cuáles fueron los verdaderos motivos siendo la más recurrente que se trató de una cuestión numérica: Cuántos diputados constituyentes le iban a tocar a cada partido y de hecho en ello se ha centrado el debate posterior.
Debemos reconocer que ésta es una reforma que hasta el momento sólo ha importado a los políticos, pues salvo algunas inquietudes que han manifestado sobre el costo que representarían los nuevos concejos de las de las demarcaciones territoriales, la sociedad capitalina ha permanecido ajena a esta discusión y difícilmente se podría esperar otra cosa, cuando nadie la ha invitado a participar y tampoco se le ha explicado en qué le beneficiaría por ejemplo en cuanto al mejoramiento de los servicios públicos o en materia de seguridad.
Caso muy distinto fue el plebiscito de 1993 y las subsecuentes reformas en las que se consultó y hubo un pronunciamiento muy claro por parte de quienes habitamos en el Distrito Federal para que se reconocieran nuestros derechos políticos y pudiéramos elegir a nuestros gobernantes.
Ahora que debido a la coyuntura se abrió un nuevo espacio -que esperamos sea acotado pues la reforma no debe postergarse indefinidamente-, considero indispensable que se aproveche para definir un catálogo de temas adicionales a la integración de la Asamblea Constituyente como podrían ser las facultades de las Alcaldías, el mando de la policía o los recursos que se destinen para apoyar a la “Ciudad de México” en su carácter de capital del país, y convocar a un proceso de reflexión amplio e incluyente. Si queremos que la reforma política del Distrito Federal llegue a buen puerto y con la legitimidad necesaria, no podemos seguir dejando fuera a la ciudadanía.