1. Se trata de una reforma impuesta  desde fuera y, en parte, financiada desde fuera, al menos en materia de capacitación de los primeros instructores. Inicia en el cono sur de nuestro continente. Llega a México y se formaliza mediante la reforma constitucional, llamada reforma penal y de juicios orales del 18 de junio del 2008.

2. La reforma constitucional es muy limitada tanto en materia de garantías procesales, como en materia de organización y funcionamiento, por un lado, de las procuradurías generales de justicia; y, por otro lado, de la organización y funcionamiento de los sistemas, el federal y los estatales, de impartición de justicia.

3. No tiene señalada ninguna meta, pero, por la forma en que se están practicando, pareciera que en México se está siguiendo el ejemplo de la última etapa del juicio penal norteamericano, es decir, cuando se comparece ante el jurado, con importantes diferencias, pues en México, los jueces no emiten sentencia alguna en esa primera comparecencia, mientras que en Norte América, el jurado emite sentencia definitiva.

4. Si, por mera hipótesis, en México, tal como sucede en los Estados Unidos cuando se comparece ante el jurado (que es la ultima etapa del proceso penal), al momento de presentar ante el juez al presunto culpable, el juez emitiera sentencia definitiva en la misma audiencia, desde luego prácticamente no habría procesado alguno al que se le pudiera otorgar los beneficios de la aplicación retroactiva de que habla la Corte, porque dichos procesados estarían ya sentenciados, al menos, en primera instancia.

5. Por otro lado, o desde otro punto de vista, la reforma fue recibida con mucho desdén y aún desprecio por parte de todas las autoridades mexicanas. Prueba de ello, es que, por un lado, ni la autoridad federal, ni las autoridades estatales, la han instrumentado hasta este momento, pues mínimamente debieran haberse publicado ya un Nuevo Código Penal federal; Un nuevo Condigo Penal en cada Estado; asi como un Nuevo Código Federal Procesal, para adecuar el que existe, a lo que pueda decir dicho  Nuevo Código Penal Federal; y falta un Nuevo Código Procesal Penal en cada Estado

6. Los sistemas de procuración de justicia, el federal y los  estatales provienen de una reforma que hizo Porfirio Díaz al texto constitucional en 1900, en la que se suprime al representante de la sociedad, al Fiscal, y solamente se deja al Procurador como representante del gobierno. Son sistemas pensados y organizados para reprimir y, para proteger a sus amos; y gozan, según una estúpida interpretación de la Corte, del monopolio de la acción penal... Urge una total reforma en estos sistemas.

7. En mi opinión, la reforma, pese a algunos principios buenos que incorpora, es mala, aunque sea solamente por decir que todos los juicios penales son adversariales. Esto es un verdadero despropósito, pues en ningún país civilizado se aplica ese principio en los juicios penales que afectan a la sociedad. Así que mi apuesta es por una nueva reforma, tanto constitucional como legal, que se haga de la siguiente manera:

Primero: que dicha reforma se haga a partir de los grupos especializados de la sociedad. Pues no se puede, ni se debe, confiar en una clase política que le ha dado la espalda a los intereses de la sociedad civil desde hace muchas décadas.

Segundo: como parte de la misma reforma, debe elaborarse un diagnóstico preciso del estado de cosas en que se encuentran dichos sistemas de procuración e impartición de justicia.

Tercero: conocidos los términos del diagnóstico, debe elaborarse una propuesta de reforma total o integral de dichos sistemas de procuración e impartición de justicia,

++ una propuesta para crear una Fiscalía, que solamente represente en juicio los intereses de la sociedad; una Fiscalía que tenga una nueva organización y nuevas funciones, además de contar con cuerpos de profesionales especializados, subordinados a la ley, pero libres e independientes en el ejercicio diario de sus obligaciones.

++ una propuesta para reformar por completo la organización y el funcionamiento tanto del Poder Judicial de la Federación como de cada uno de los poderes judiciales de cada Estado. En parte, también son los jueces, los responsables de los problemas que ahora tenemos.

++ una propuesta para reformar y emitir nuevos códigos penales y nuevos códigos de procedimientos penales.

Respecto a la pregunta del DebateLSR: El voto de la corte para permitir libertad preventiva a reos por delitos que no son considerados graves ¿qué impacto tienen en el país y cómo evitarlos?

La respuesta es:

1. Desde el punto de vista jurídico, la resolución es correcta, o apegada a la constitución.

Los mismos beneficios debieron declarase para los varios miles de demandas que el magisterio interpuso por aplicación retroactiva de la reforma en materia educativa....

2. Sobre el impacto: efectivamente es muy alto el número de los procesados que serán beneficiados precisamente por hallarse en proceso. Es decir, porque no se les dictó, por una o por otra razón, sentencia definitiva desde la primera audiencia.

Esto es, si por mera hipótesis, nuestro sistema penal se asemeja a la etapa en que en Norte América se comparece ante el jurado, y este emite sentencia firme, no debiera haber ningún procesado que pudiera beneficiarse de la aplicación retroactiva de la reforma por haber sido ya sentenciado.

3. El impacto sera importante y extenso, pues serán muchos los procesados que serán beneficiados.

4. En algunos supuestos, se les podrá negar el beneficio; pero irán a los juicios de amparo, y, al final, lo obtendrán.

5. No se podrá evitar dicho impacto por la falta total de los nuevos códigos, que urge sean elaborados.

7. La responsabilidad de las autoridades, obligadas a complementar la reforma desde el 2008, son personalmente responsables de esta clase de omisiones tan graves. Lo peor del caso, es que andan como merolicos sin saber que hacer.

Por Dr. José BarragánInvestigador de carrera de la Universidad de Guadalajara, área derecho constitucional.






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