Los sistemas democráticos encuentran en la participación cívica un pilar, en la aparentemente sencilla tarea de acudir a las urnas para que, mediante ciertos procedimientos, los votos se conviertan en curules asignadas a los representantes populares y en cargos a través de los cuales se delega el poder político. Si bien en múltiples ocasiones se ha hecho referencia a que la democracia, en la actualidad, es mucho más que la celebración de comicios con regularidad, no se les pueda restar valor a estos últimos como parte fundamental del pacto social y de la gobernanza.
Recientemente, el titular del Ejecutivo presentó una propuesta de reforma constitucional en materia electoral que plantea cambios significativos en la manera de acceder al poder político en nuestro país. Algunos aspectos centrales de su contenido son la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, como autoridad para la organización de comicios, cuyos consejeros serían electos por voto popular, al igual que acontecería con los magistrados electorales, siendo postulados en ambos casos por los Poderes de la Unión; la federalización de los procesos comiciales en sus aspectos administrativos y jurisdiccionales, con la consecuente desaparición de los tribunales electorales locales y de los organismos públicos locales electorales; la reducción del número de legisladores, pasando de 500 diputados a 300 y de 128 senadores a 96; este último punto relacionado con el cambio de modelo electivo, basado en un sistema de representación a partir del porcentaje de votos obtenidos, que determinará la proporción de escaños asignada a cada partido.
Esta iniciativa convoca a la reflexión sobre una amplia diversidad de temas. El costo de las instituciones y procesos es uno de ellos, pues se hace énfasis en la reducción de las estructuras políticas y administrativas, así como en la provisión de recursos a los partidos. En medio de turbulencias financieras y de escenarios económicos que a nivel global no son alentadores, pareciera pertinente abordar este tema, con las reservas que implica considerar la racionalidad del gasto que conlleva un aparato electoral que, en medio de tensiones y resistencias, ha coadyuvado para realizar las elecciones y las transferencias del poder político de manera pacífica y ordenada.
Otro aspecto que debe analizarse con puntualidad es el de la expansión de la democracia directa a la elección de consejeros y, muy importante, a los jueces electorales. La justicia electoral constituye un espacio primordial para conservar la armonía social, en el que se diluye la conflictividad política que puede suscitar la competencia partidista e ideológica, por medio de la aplicación del derecho. Por ello, el análisis sobre el formato más conveniente para designar a los encargados de administrar justicia debe guiarse principalmente por la búsqueda de asegurar su imparcialidad, objetividad, solvencia técnica y probidad.
Sin duda todos los procedimientos y todas las instancias de la administración pública son perfectibles, y de cada proceso electoral se pueden recuperar aprendizajes sobre su funcionamiento. Al respecto, es posible decir que el entramado institucional actual es resultado precisamente de un trayecto sociohistórico que nos ha llevado, como comunidad política, de un escenario de un régimen autoritario de partido único y “carros completos”, a otro de pluralidad e intercambio de actores en el poder.
Más allá de las posiciones maximalistas que apuestan por la distorsión y el ruido político, se debe privilegiar la discusión sensata, mesurada y racional, con la guía del bien común, tanto en los espacios legislativos, como en los medios de comunicación, en la academia, en las mesas de análisis y en el ágora ciudadana. Se está planteando una modificación trascendental para nuestra sociedad y, por ende, es necesario establecer un esquema en el que se escuchen las razones de los distintos grupos y partidos.
La calidad de los argumentos, la capacidad de convencer y la construcción de consensos deben sobreponerse a la lógica simplista de los números y el conteo de votos en las cámaras. En este contexto, también se debe advertir la incorporación en el debate de las propuestas alternativas que han anunciado distintos grupos parlamentarios, las cuales merecen ser estudiadas y analizadas con igual puntualidad y esmero por parte de los legisladores y demás interesados.
Los actores políticos tienen el reto de hacer prevalecer la fuerza de la razón por encima de las posiciones irreductibles a favor o en contra de las propuestas. México merece que se supere la polarización política donde los distintos grupos toman distancia y dialogan únicamente hacia su interior, sin comunicarse con los otros.
Así, el Congreso de la Unión podrá ser el espacio privilegiado para el intercambio de ideas y la discusión, donde participen incluso los integrantes de la sociedad civil, la academia y el público en general.
Ojalá que el examen de esta reforma en los distintos espacios de la esfera pública sirva para reivindicar un aspecto esencial de la democracia, que es contrastar las ideas y razones de los demás con la voluntad de construir acuerdos, en aras de la consolidación democrática, y de lograr que la conducción de las elecciones se apegue invariablemente a los principios de legalidad, imparcialidad y certidumbre.