A principios de 2012 el equipo de COFETEL se sentía frustrado. En los dos años previos y con la intención de impulsar la competencia, el Pleno había aprobado una larga lista de resoluciones sin precedente.[1] Nada parecía suficiente. Los mercados permanecían intactos. El dominante seguía siéndolo con prácticamente la misma participación de mercado en ambos servicios telefónicos y en banda ancha fija.
Ni la competencia ni la cobertura eran las esperadas. La banda ancha fija estaba prácticamente estancada debido a las restricciones impuestas a Telmex en televisión de paga y a la muy pobre inversión del resto de los operadores. Si bien la banda ancha móvil crecía a un ritmo interesante, lo hacía siguiendo un patrón de concentración preocupante; otra vez en manos del dominante. El número de torres y radiobases en el país reflejaba el poco dinamismo del mercado. Muy por debajo de estándares internacionales el despliegue de las redes era insuficiente tanto en cobertura geográfica como en términos de capacidad.[2] En un mundo donde se desplegaban redes de cuarta generación (4G), algunos operadores mexicanos servían a su clientela con 2G y 3G.
Las razones que explicaban esta situación eran diversas, pero dos llamaban la atención. Primero, la incapacidad casi estructural que tenía la competencia para replicar la tenencia de espectro y la eficiencia de las redes del hoy preponderante. Todo México es territorio Telcel en buena medida por bajos niveles de inversión de la competencia, pero también porque su red es prácticamente imposible de replicar.
Segundo, asumiendo que fuera posible, el costo de desplegar tantas redes como operadores era un modelo socialmente ineficiente y absurdamente oneroso para el consumidor. Llegamos a la conclusión que licitar espectro como hasta ese momento se había hecho fomentaría los mismos patrones de concentración, cobertura exclusiva en zonas urbanas, altos precios y servicios de pobre calidad.
Así se consolidó la idea de la Red Compartida en la Banda de 700MHz. Basados en distintos estudios, COFETEL propuso, primero, la adopción del estándar de segmentación Asia-Pacific Telecomunity (APT)[3] y, después, que dicha banda se mantuviera unida y ofreciera servicios mayoristas con claros criterios de calidad y cobertura.[4]
El paradigma de la administración del espectro radioeléctrico debía cambiar para lograr precios asequibles y altos niveles de penetración. La licitación de espectro como en ejercicios anteriores jamás permitiría alcanzar cobertura universal. Al hablar casi indistintamente de una “Red Troncal” y una “Red Pública Compartida” en la banda de 700MHz, el Compromiso 41 del Pacto por México[5] y el Artículo Décimo Sexto Transitorio de la reforma constitucional reconocían la necesidad de administrar el espectro de una manera distinta, innovadora, no sin riesgos y sujeta a la crítica constante de quienes veían a la banda 700MHz como un activo más del cual habrían querido “apropiarse”.
En marzo pasado la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) publicó la Solicitud de Manifestación de Interés para el despliegue de la Red. Aunque lento y tarde, con ello inició formalmente (al menos así lo anunciaron) “el primer paso de un proceso competitivo de licitación pública internacional para participar en el proyecto”.
Las cosas han cambiado desde la redacción del Compromiso 41 del Pacto. De entrada, han pasado dos años y medio y en ese lapso ha ocurrido un singular número de sucesos que van desde la consolidación del mercado móvil, la llegada de un nuevo operador al país (AT&T), la puesta en marcha de medidas asimétricas que implican la compartición de infraestructura y la prórroga de una parte de la banda 2.5GHz. El proyecto debe ser sensible y, en su caso, ajustarse a estas nuevas circunstancias, de entrada, actualizando los estudios y modelos de costo que le dieron origen.
Durante los próximos meses, en el marco de la entrega de manifestaciones de interés y la Consulta Pública Internacional, el IFT y la SCT deberán responder con claridad una larga lista de preguntas vinculadas al proyecto, entre las que se encuentran las siguientes:
- ¿Cuál será el precio final de los 90MHz de espectro?
- ¿Quién ostenta el título de concesión? ¿SCT o el particular?
- ¿Cuál será la cobertura obligada por el título de concesión?
- ¿Cuál será el tiempo máximo de despliegue para alcanzar dicha cobertura?
- ¿Se regulará la calidad de servicio y las velocidades mínimas?
- ¿Se regulará el precio de la capacidad que ofrezca?
- ¿Tendrá la Red acceso a la Fibra Óptica de Telecomm? ¿Habrá ésta aumentado su cobertura? ¿A qué precio y con qué calidad se le dará acceso?
- ¿Podrá desplegarse la red sobre los sitios públicos y a lo largo de derechos de vía? ¿A qué precio?
- ¿Las agencias de seguridad adquirirán capacidad de la Red?
- ¿Se licitarán otras bandas al mismo tiempo? ¿Cuáles?
- ¿Se permitirá a otros operadores aportar espectro a la Red y formar parte del consorcio original?
De la respuesta que ofrezcan las autoridades (todas importan; cualquier podría impulsar o descarrilar el proyecto) dependerá la viabilidad del proyecto y el número de interesados y la forma en la que decidan participar en el proceso licitatorio. El incumplimiento de los plazos establecidos en la Constitución para el inicio de su instalación, la ausencia de un debate público informado, así como la ausencia de Subsecretario de Comunicaciones por más de tres meses ha enviado un muy mal mensaje a los mercados internacionales. Tan importante como las respuestas será el compromiso público que IFT y SCT adopten durante los próximos meses para revertir la confianza erosionada.
De entrada, la Solicitud de Manifestación de Interés y el nombramiento de Mónica Aspe como Subsecretaria de Comunicaciones son, sin duda, bocanadas de aire fresco para el que es, a mi juicio, el proyecto más importante de la Reforma Constitucional de 2013. Que la cobertura universal deje de ser un discurso desgastado y se convierta en realidad nacional depende en muy buena medida de la decisión con la que se actúe en estos meses y el éxito con el cual se despliegue una red para todos, no para unos cuantos.
[1] Entre otras resoluciones, había adjudicado la primera licitación de espectro en 5 años, modificado las reglas de portabilidad, disminuido 60% todas las tarifas de interconexión, reducido de 75 a 4 centavos la interconexión rural e interurbana ofrecida por Telmex y establecido obligaciones asimétricas en el mercado de enlaces dedicados.
[2] Para mayor información respecto del pobre despliegue de infraestructura ver Acceso Efectivo a Sitios para la Instalacio´n de Radiobases Asociadas a los Servicios de Acceso Inala´mbrico Fijo y Mo´ vil, COFETEL, Junio, 2013 (http://www.cft.gob.mx:8080/portal/wp-content/uploads/2013/01/Acciones_para_el_acceso_a_sitios_19-06-2013-FINAL.pdf ).
[3] Acuerdo Mediante el cual el Pleno de la Comisión Federal De Telecomunicaciones Recomienda que los Estados Unidos Mexicanos Adopte la Opción de Segmentación A5 para la Banda de Frecuencias 698-806 Mhz (Banda 700), Incluida en la Recomendación UIT-R M.1036, en el Ámbito de sus Atribuciones Respecto a los Usos Futuros de la Banda” (http://www.cft.gob.mx:8080/portal/industria-2/unidad-de-prospectiva-y-regulacion/banda-de-frecuencias-698-806-mhz-banda-de-700-mhz/).
[4] Véase Proyecto Concordia, COFETEL, 31 de agosto de 2012 (http://www.observatel.org/es/uploads/1/Estudio_para_la_instrumentaci__n_de_la_red_abierta.pdf) y Opciones Regulatorias para el Uso Óptimo de la Banda de 700MHz en México (http://www.cft.gob.mx:8080/portal/wp-content/uploads/2013/05/Opciones_Regulatorias_700-Mayo_2013.pdf)
[5] El Compromiso 41 del Pacto habla también de la banda 2.5GHz.