El conflicto político que desató la sorpresiva (y hasta ahora poco explicada) decisión del encargado de despacho de la Procuraduría General de la República de remover a Santiago Nieto como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) en pleno proceso electoral, junto con el frustrado intento de impulsar el procedimiento de objeción en el Senado, así como la justificada preocupación de que a casi cuatro años de la publicación de la reforma constitucional aún no se cuente con la Fiscalía General, tampoco con una Fiscalía Anticorrupción y la Fepade se encuentre acéfala; quitaron atención a un evento que considero relevante.

El pasado 25 de octubre se presentó el Informe de la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia que el entonces Procurador Raúl Cervantes encargó al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (IIJ), al Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y al Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe). Los primeros párrafos de las conclusiones son muy elocuentes y reflejan lo que por mucho tiempo se ha dicho pero que las autoridades han sido renuentes en reconocer, por lo que me permito reproducirlos:


La Consulta ha confirmado la existencia de un fenómeno ampliamente conocido: los sistemas de seguridad pública y procuración de justicia enfrentan una grave crisis. La confianza ciudadana hacia las instituciones que operan este sistema es bajísima. La corrupción, la ausencia de imparcialidad, las violaciones de derechos humanos y las enormes deficiencias en la gestión al interior de las procuradurías son claramente los factores que alimentan a la desconfianza. Pero las dificultades no acaban aquí. La Consulta también refleja importantes problemas en la conducción de las instituciones para la transición plena hacia el modelo acusatorio. De igual manera se perciben problemas en la organización de las instituciones y en los métodos de trabajo que emplean


Desde luego también destacan las dificultades que enfrentan estas instituciones para reclutar y retener a su personal dada la ausencia de mecanismos que aseguren un servicio profesional de carrera efectivo. Para complicar más el panorama, se perciben importantes dificultades para identificar a los órganos encargados de la definición y conducción de políticas orientadas a enfrentar los fenómenos delictivos en el país. Las indefiniciones del modelo federal de competencias contribuyen a la generación de incertidumbre y diluyen las responsabilidades


Ello explica en buena medida los niveles de inseguridad, violencia e impunidad en México, como lo corroboran prácticamente todos los estudios que al efecto se han realizado al igual que los últimos y muy preocupantes datos del Sistema Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en materia de homicidio doloso, extorsión o robo de vehículo con violencia.

Entre lo más destacable de este ejercicio en el que participaron diversas instituciones, públicas, académicas y organizaciones, es que no se admitieron matices o auto-complacencias y tampoco se quedó únicamente en el diagnóstico ya que se plantean una serie de recomendaciones que implican tanto reformas constitucionales y legales, como acciones específicas en el ámbito administrativo que no deben ser demoradas aún en el difícil contexto político por el que atravesamos. Como bien lo señala la Doctora María Amparo Casar, estamos ante la reforma estructural más importante para el país, lo que demanda que los actores políticos de una vez por todas trasciendan la coyuntura y asuman a conciencia esta grave responsabilidad. 

@agus_castilla | @OpinionLSR | @lasillarota



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