Las imágenes de miembros de la Guardia Nacional haciendo uso excesivo de la fuerza contra migrantes en la frontera sur, el pasado 20 de enero, contradice abiertamente el compromiso que hizo Marcelo Ebrard en diciembre de 2018, durante la Conferencia Intergubernamental para el Pacto Mundial sobre Migraciones, donde se aprobó el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular (https://bit.ly/2TOQCmi).
En ese foro el Canciller manifestó que “México fue un promovente tan activo [del pacto] que ahora somos el país más comprometido para llevarlo a cabo y lo vamos a hacer con toda resolución. México va a cambiar su política migratoria… y por nosotros hablaran nuestros hechos” (https://bit.ly/3awEigF).
De acuerdo con los últimos acontecimientos, el cambio es un retroceso que hace de México un muro eficiente para el gobierno del Presidente Trump. ¿Cómo llegamos a ese punto?
En enero de 2019 sucedieron varias caravanas de migrantes provenientes de Honduras, El Salvador y Guatemala cuyo propósito era cruzar México para llegar a Estados Unidos. En esas ocasiones el gobierno federal articuló esfuerzos para ofrecer apoyo y atención a los migrantes que viajaban en grupo buscando hacer su tránsito por nuestro país un poco más seguro.
Durante los primeros meses de 2019 el gobierno de López Obrador otorgó más de trece mil visas humanitarias que permitían entrar y salir libremente del país, transitar por él hasta la frontera norte, acceso a servicios de salud y permiso de trabajo. Parecía un primer esfuerzo para dar un trato digno a los migrantes, sobre todo a quienes enfrentaban mayores riesgos como mujeres y niñas y niños.
El mismo 1 de diciembre de 2018 el Presidente López Obrador firmó con los presidentes de Guatemala, El Salvador y Honduras el Plan de Desarrollo Integral para el Triángulo Norte de Centroamérica, cuya pretensión era atender el fenómeno migratorio de la región.
A estos buenos propósitos se interpuso la exigencia del gobierno norteamericano para que México detuviera la migración centroamericana pues de no hacerlo enfrentaría represalias comerciales. A partir de ahí las cosas cambiaron dramáticamente.
Uno de esos cambios fue la determinación que la Guardia Nacional tuviera responsabilidad en el control migratorio. Las Fuerzas Armadas ampliaban sus funciones al ámbito migratorio.
Otro cambio fue achicar la oferta a los migrantes. La propuesta para esta última caravana era realizar un trámite migratorio para lo cual deberían aceptar ir a “un lugar seguro” desde donde se haría el trámite y al final obtener, en el mejor de los casos, un permiso de trabajo limitado al estado de Tabasco. En otras palabras era entrar en un proceso confuso que al final simplemente podría llevarlos de nueva cuenta a lugar de donde venían.
Este viraje lo que muestra es un gobierno contradictorio que apela al respeto a los derechos humanos de los migrantes pero que en la realidad los contiene y criminaliza, manteniendo a México como un territorio hostil para la migración.
Luego de lo sucedido el 20 de enero escuchamos de manera reiterada que la Guardia Nacional había actuado apegada a sus protocolos y no había violado derechos humanos. Estas afirmaciones se pueden entender si con eso se quiere decir que no hubo migrantes seriamente lesionados o muertos, pero es inaceptable desde lo que son los derechos de los migrantes: derecho a solicitar asilo, no ser regresados al país de origen en caso de que existan posibilidades de sufrir graves violaciones a sus derechos humanos, a no ser criminalizados y que exista supervisión civil en los centros de detención.
Estos y otros derechos humanos fueron negados a los migrantes pues México se tornó un muro infranqueable.
Una vez más los migrantes constataron que el derecho humano a migrar es una quimera, sobre todo para los más marginados de nuestras sociedades.