Como una simulación calificó el colectivo de organizaciones, expertos y periodistas #MediosLibresa las audiencias públicas convocadas por las Comisiones Unidas de Gobernación, Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos Primera de la Cámara de Senadores para abordar la ley de publicidad oficial que debe estar lista a más tardar el 30 de abril, de acuerdo a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
A través de un comunicado, manifestaron su inconformidad e indignación ante la falta de profesionalismo y seriedad con la que se organizó la audiencia pública del pasado 20 de marzo para atender la creación de la ley, pues se enviaron las invitaciones el viernes 16 hacia las 10 de la noche, cuando iniciaba el fin de semana largo, y en otros casos ni siquiera les llegó la invitación y se enteraron por redes sociales que participarían en la audiencia, por lo que en protesta, la mayor parte decidió no acudir.
A pesar de que se había anunciado que el Congreso trabajaría en conferencia parlamentaria para acelerar los trabajos, el día de la audiencia fue evidente que no es así, pues solo se contó con la presencia de un diputado, por lo que senadores de la oposición reclamaron la falta de claridad para trabajar de manera conjunta entre ambas cámaras. Para colmo, en medio de la audiencia se publicó una nota periodística en la que se daba a conocer que la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados adelantaría la dictaminación de la ley el 3 de abril, de esa manera se develaba que el trabajo en conferencia parlamentaria era una farsa.
El pasado lunes, el colectivo emitió un nuevo comunicado para denunciar el albazo legislativo que se concretaría por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sus partidos satélites (Verde Ecologista y Nueva Alianza) para aprobar a través de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados el dictamen de Ley de Comunicación Social que legalizaría las peores prácticas en la materia, porque incentiva el uso proselitista de la publicidad oficial, sigue permitiendo la ineficiencia y discrecionalidad en el uso de los recursos públicos, centraliza más el control del gasto en publicidad oficial por parte de la Secretaría de Gobernación, omite totalmente el fomento al pluralismo y la diversidad y no propone ningún mecanismo para la transparencia y regulación de la medición de audiencias, circulación, visitas y rating.
El proceso en su conjunto tiene problemas de forma y de fondo y no dude que al final se apruebe una ley a modo para al final quedar peor de como estamos.
Los bandazos del IFT en la Tv de paga
Le comentaba en mi última colaboración sobre la lamentable sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que dejó sin efectos la resolución del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) respecto del poder sustancial del Grupo Televisa en el mercado de televisión de paga, en la medida que contradice la propia teoría de competencia económica.
Decisiones en telecomunicaciones
Pues bien, el pasado 23 de marzo, el IFT emitió un comunicado en el que afirma: De nueva cuenta, la única economista del Pleno del IFT, María Elena Estavillo, estuvo en contra de esta última resolución. En su excelente voto disidente la comisionada expone argumentos y cifras claras que afirman la jurisdicción del órgano regulador en la materia y muestran que la a participación de mercado de esa empresa se ha concentrado más y es de los servicios de telecomunicaciones que ha incrementado sus tarifas en contraste con otros servicios que los han bajado producto de medidas regulatorias que sí han incentivado la competencia. Las determinaciones del regulador en este tema han demostrado que son más políticas que técnicas, así, en su primera resolución del 2015, la mayoría del pleno ignoró los dictámenes preliminares de su unidad investigadora que tenía como resultado que Televisa tenía poder sustancial en 2 mil 124 localidades del país e incrementaba su poder sustancial en 99 localidades y que, tras la compra de Telecable, aumentaba su poder en 63 localidades. Por ello TV Azteca se inconformó ante los tribunales especializados que le dieron la razón y ordenó al IFT reponer el proceso por no haberse atenido a la información del periodo investigado y en febrero de 2017 la nueva resolución del IFT fue que Televisa sí tenía poder sustancial en el mercado, sin embargo, pasó un año sin imponer ninguna medida de regulación asimétrica, ese tiempo fue muy bien aprovechado por la televisora que se inconformó y llevó su caso hasta la SCJN, quien finalmente le dio la razón, ahora con la información ya pública de todas las instancias involucradas; lo que puede constatarse es que hubo claras fallas de procedimiento por parte del IFT en todas sus resoluciones, tal como lo consigna el análisis que hizo de manera reciente la consultora Mediatelecom[2], que da pie a pensar como cierta la sospecha de que el instituto perdió deliberadamente el caso ante el poder judicial. Por donde se le vea el asunto es un escándalo y nos regresa a los viejos tiempos en que determinados regulados del sector tienen protección por encima de la leyEn estricto cumplimiento a lo ordenado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y siguiendo los criterios especificados en esta resolución judicial, el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) resolvió en su XI Sesión Ordinaria que no se tienen elementos para determinar la existencia de agente económico alguno con poder sustancial en el mercado de televisión de paga