Hace más de una década, en el arranque de la administración del presidente Felipe Calderón, el gobierno federal dio un diagnóstico estremecedor:
· En el país la delincuencia organizada ha alcanzado niveles inaceptables.
· Los grupos delincuenciales están controlando territorios e instituciones del país.
· No hay suficiente número de servidores públicos del área de justicia (policías, peritos, ministerios públicos) para enfrentar el problema, y los que hay, no son confiables ni están suficientemente capacitados.
· No podemos permitir que los delincuentes sigan lastimando a la sociedad por lo que, mientras construimos policías y procuradurías confiables, las fuerzas armadas saldrán a coadyuvar en las labores de seguridad.
Es así como inició la mal llamada Guerra contra el Narco, una década caracterizada por tasas de violencia letal inaceptables, centenares de miles de víctimas directas e indirectas, miles de millones de pesos gastados y el desgaste de la imagen internacional para el país.
Es fácil opinar que esta guerra nunca debió suceder, más difícil es aportar soluciones que no incluyan la reacción del Estado a través de las fuerzas federales.
Debilidades profundas
En el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) consideramos y expusimos desde un principio, que la estrategia tenía debilidades profundas, no sólo por la reacción, sino por la premisa que consideraban que las instituciones locales mejorarían simplemente por las enormes cantidades de dinero nacional e internacional que recibían.
La acción del Estado tuvo efecto, que difícilmente podemos llamar resultado. Lo cierto es que, desde la retórica militar, algunas batallas se ganaron, Tijuana, Ciudad Juárez, Monterrey, La Laguna. Se creó una sólida Policía Federal, se profesionalizaron a muchos servidores públicos como expertos en seguridad y en el último año de gobierno el descenso de los delitos violentos fue una constante.
Sin embargo, a posteri, la tragedia asociada a la violencia y las recurrentes violaciones a derechos humanos, nos indican que como país perdimos la guerra, perdimos vidas, oportunidades, comunidades enteras.
Si sabemos que hacer lo mismo una y otra vez nos lleva a los mismos resultados, es imperativo hacer un análisis puntual de lo que sucedió, para no repetirlo. Debemos recordar que al inicio de esta administración federal parecía que esas batallas ganadas eran la evidencia de que la guerra había casi terminado y que pronto se podría declarar la victoria. Se cometió el error de pensar que el problema de seguridad era un tema de relaciones públicas, y que, si cambiaba la narrativa, cambiaba el resultado.
Estrategia sin variaciones
Así, se buscó una y otra vez, mandar mensajes esperanzadores de que la efectividad y la coordinación entre autoridades estaba mejorando. Lo cierto es que las fuerzas armadas siguieron en las calles porque la construcción de la fuerza civil fue marginal y menos efectiva. La estrategia siguió sin variaciones desde su inicio en 2006, centrada en el descabezamiento de grupos de delincuencia organizada, lo que se convirtió en la métrica para medir el éxito de las acciones de gobierno, y la supervisión del gasto en seguridad siguió siendo, cuando menos, insuficiente.
Si el gobierno del presidente Calderón entregó un país con descensos marcados en homicidio doloso y otros delitos, el presidente Peña habrá de entregar el país sumido en la peor crisis de violencia de los últimos 22 años, con un comportamiento del homicidio doloso y muchos otros delitos violentos al alza.
El pasado 4 de septiembre, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, así como el Dr. Alfonso Durazo, quien será designado secretario de seguridad pública, echaron para atrás años de críticas abiertas a los gobiernos de Calderón y Peña, no sólo confirmaron y repitieron lo dicho por Calderón en 2006 acerca de la necesidad de que las fuerzas armadas siguiesen en las calles ante la falta de instituciones locales sólidas y un creciente fenómeno delictivo, sino que fueron más allá y anunciaron que la reestablecida Secretaría de Seguridad Pública será una Secretaría de Seguridad Pública e Interior que incluirá las fuerzas civiles y armadas.
De esta manera, la Secretaría de Seguridad Pública e Interior –sea dicho de paso que es una institución a la cual, desde el inicio de la campaña le han cambiado una y otra vez el nombre para irlo ajustando a los cambios de narrativa-, se volverá el súper poder de esta nueva administración canibalizando a SEDENA y SEMAR.
¿Seguimos sin fuerzas locales suficientemente capaces de enfrentar el fenómeno delictivo? Indudablemente. ¿Es posible retirar a las fuerzas armadas de la labor de seguridad en este momento? No, sobra la evidencia que hay lugares del país donde los mínimos niveles de seguridad son debidos a la presencia federal. ¿Parece una buena idea incorporar las fuerzas armadas a la Secretaría de Seguridad Pública e Interior? Absolutamente no.
AMLO parece querer recorrer el mismo camino que sus antecesores, hacer lo que por años criticó y llamó error al proponer un proyecto que:
· Mantiene en labores de seguridad a elementos que no han sido formados para ello.
· No implica la formación, crecimiento, profesionalización de cuerpos policiacos civiles.
· Carece de referencias sobre las transformaciones necesarias para prevenir o inhibir violaciones a derechos humanos.
· Genera incentivos perversos para que los gobiernos locales sigan sin asumir su corresponsabilidad en materia de seguridad.
· Muestra un desinterés por lo que expertos, sociedad civil y colectivos han pedido sobre la desmilitarización de la seguridad.
· Da marcha atrás a su propuesta de campaña, al tiempo que exhibe un conocimiento limitado del problema de seguridad.
Dicho de otra manera, este plan es más de lo mismo, ya lo vivimos y podemos imaginar qué resultados tendrá.
Por ello, hacemos un llamado al presidente electo y a su futuro gabinete para que exploren un plan que implique la salida paulatina y progresiva de las fuerzas armadas de las labores de seguridad; que genere mecanismos para que los gobiernos locales asuman su corresponsabilidad en esta materia; que defina una ruta para la consolidación y crecimiento de las fuerzas policiales civiles y que garantice mecanismos que protejan los derechos humanos.
¿Perdimos una década sin que pudiéramos crear instituciones civiles de seguridad? No es exacto, hoy contamos con una gran Policía Federal y algunas importantes mejoras en las policías locales, pero no es suficiente, estamos lejos de lo que el país necesita, y por ello, el recule que hace el equipo de AMLO con respecto al rol de las fuerzas armadas en materia de seguridad no es positivo.
Sí se pueden construir instituciones civiles íntegras y capaces de estar al servicio de los mexicanos, sí se puede reducir la violencia sin violar los derechos de las personas y la ley, y estamos a tiempo para que esto suceda.
Señor presidente electo, desde el ONC le hacemos un llamado para repensar su proyecto de seguridad que contradice todo lo que usted propuso por más de una década y que puede ser la antesala de un país más autoritario, violento y donde la violación a los derechos humanos sean la práctica normal. Le ofrecemos nuestra experiencia y tiempo para ayudarle a conformar ese plan, que sabemos difícil y lleno de retos, pero que debe ser construido retomando las lecciones aprendidas para no cometer los mismos errores.