Opinión

La procuración de justicia, el gran pendiente

Las instituciones de pronunciación de justicia son las responsables de prevenir y garantizar los bienes jurídicos tutelados reconocidos en la Constitución. | César Gutiérrez

  • 27/09/2021
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Las instituciones de procuración de justicia nos están quedando a deber a todos los ciudadanos mexicanos, de acuerdo con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Éstas son las responsables directas de prevenir y garantizar los bienes jurídicos tutelados reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aquí el trabajo de investigación ha sido nulo o de baja calidad.

No es posible que en redes sociales se pueda vender armamento de diversos calibres y de uso exclusivo del ejército sin que pase nada. El trabajo que se requiere para integrar una carpeta de investigación es insuficiente, no pertinente ni idóneo. Lo que muchas veces provoca que exista la puerta giratoria donde sale el criminal caminando con total impunidad.

La policía de investigación y los peritos de diversas especialidades demuestran ineptitud. No han podido recabar todos aquellos datos de prueba que puedan sustentar la teoría del caso del Ministerio Público, para poder ejercer la acción penal ante la probabilidad de que el o los imputados hayan cometido un delito y el grado de participación de cada uno en el mismo. 

El derecho de todos los ciudadanos es la procuración de acceso a la justicia y certeza jurídica. Sin embargo, el principal error que se comete es precisamente la omisión y la violación al debido proceso por las malas prácticas, y la falta de apego a la ley y los procedimientos.

Durante los hechos no se establecen quiénes son los personajes, instrumentos, objetos, productos del delito. Así como las circunstancias de modo, tiempo y lugar para construir una verdadera teoría del caso. En cambio se deberían haber practicado los siguientes actos de investigación: inspección, toma de muestras, peritajes, fotografías, reconocimientos de objetos, solicitud de órdenes de cateo, intervención de comunicaciones. Todas las que se consideren necesarias. 

Ante la falta de pericia en esta metodología, tenemos muchos delincuentes que se encuentran operando afuera, ante el nulo trabajo de investigación. El índice delictivo no cesa; ni los muertos, ni los ejecutados, ni los feminicidios. En suma, del año 2019 al 2020, de acuerdo a las cifras de la Secretaría de Seguridad Ciudadana tenemos un total de 69,236 homicidios, más los que se acumulen en este 2021.

Es necesario que los funcionarios dejen de maquillarle los datos al ejecutivo, ya que los objetivos del programa sectorial están a medias. No se trata de generar más guerra, pero sin investigación y trabajo de inteligencia no habrá prevención del delito a estos grupos a nivel local y federal. Lamentablemente existen muchas omisiones.

Las políticas criminales que ocurren en cada una de las entidades federativas marca el escenario de sus operaciones y los objetivos son claros acerca de lo que se debe investigar en este caso, sin necesidad de disparar un cartucho o ejercer extrema violencia en contra de alguien. 

Muchos de los funcionarios que están calentando la silla del escritorio no están funcionando. El ciudadano de a pie ya no cree en falacias. No hay lógica entre lo que informan al presidente de la República y lo que en realidad sucede en las calles. Es momento de dar resultados. Los funcionarios encargados de la seguridad han tenido tiempo suficiente para implementar la estrategia de acuerdo al programa de seguridad y protección ciudadana de este sexenio. de lo contrario solo se estará perdiendo tiempo valioso, y robando lugar a funcionarios que sí tienen la capacidad e interés para dar soluciones a las problemáticas que aquejan, día a día, al país.  

Si no se ejerce una fuerte supervisión a los altos funcionarios, este tipo de datos seguirán siendo disfrazados, y esto pasará factura para las elecciones federales del 2024. La oposición no tiene discurso ni candidato firme, solo se concentra en exhibir al gobierno de la 4T; sus fallas u omisiones. Debido a estos funcionarios que no dan resultados y sólo falsean datos, en lugar de hacer su trabajo, no habrá ningún Delfín político de MORENA que pueda evitar el resurgimiento del PRI, el PAN o cualquier otro partido político de derecha. 

Terrorismo

En últimas fechas observamos diversos sucesos en donde se ha hecho uso de artefactos explosivos. En teoría éste es el caso que hoy se maneja respecto al evento de Salamanca, Guanajuato. Sin embargo, hay que tomar en cuenta tres aspectos importantes, relacionados con lo que es el terrorismo:

1. Establece una dominación por medio del terror.

2. Sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror.

3. Actuación criminal de bandas organizadas que reiteradamente, y por lo común de modo indiscriminado, pretenden crear alarma social.

En estos momentos, estos actos de terrorismo está siendo utilizados como instrumento de violencia extrema en contra de civiles para atraer la atención de los medios de comunicación y la opinión pública hacia su objetivo. 

En consecuencia, este tipo de atentados con explosivos y sustancias químicas ponen en peligro la seguridad pública a gran escala, y busca provocar desestabilidad económica de México.

Sin duda la seguridad pública a nivel federal nos está quedando a deber debido a que no se ha enfocado en prevenir que la delincuencia organizada pueda utilizar precursores de explosivos, ya que para esto:

A) Los explosivos son controlados única y exclusivamente por la SEDENA.

B) Se requiere conocimiento especializado para crear o fabricar este tipo de artefactos que pueden accionarse con un dispositivo móvil a distancia.

C) Las investigaciones son muy pobres ya que no se ha logrado establecer dónde se consiguió ese material y quien lo elaboró.

D) La fiscalía de Guanajuato nos presenta a dos civiles que más bien parecen chivos expiatorios, quienes supuestamente tenían una deuda millonaria pero nadie sabe de dónde proviene el dinero.

E) La autoridad federal ha sido muy laxa respecto a los delitos federales que se cometen en estados como Guanajuato, Tamaulipas, Jalisco y Michoacán. ¿Será acaso que no quieren una confrontación con gobiernos de oposición? ¿o que los delitos en dichos territorios no sean investigados por las instancias federales?

Sin duda, el gabinete de seguridad no se puede dar el lujo de pensar que esto no es un acto terrorista, porque entonces cualquiera podría comenzar a utilizar material explosivo para atacar a rivales, sabiendo que habrá impunidad, como lo sucedido en Guanajuato. La investigación no da pormenores de cómo se consiguieron los explosivos, detonadores, y un largo etcétera. 

Por último, hay quienes se preguntan qué pasaría si se comprobaran casos de corrupción vinculados a la Guardia Nacional. ¿Quién sería el responsable: la secretaría de seguridad y protección ciudadana o el general secretario de la Defensa Nacional? Creo que la pregunta sería: si hay casos de corrupción en las finanzas de la Guardia Nacional ¿A quién pertenece en estos momentos éste órgano administrativo desconcentrado? Cuando la Guardia Nacional pase a formar parte de la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional, entonces sí  estaríamos hablando de que el responsable sería su titular. Lo más importante es que de existir desvío de fondos en la Guardia Nacional ¿quién o quiénes serían los responsables? Ha habido solo dos secretarios de seguridad ciudadana en el sexenio, y uno ya es gobernador.

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