Opinión

La privatización del tránsito en la Ciudad de México

Las fotomultas están más orientadas a satisfacer la lógica de beneficio empresarial que a promover el orden y la cultura vial.

  • 10/01/2016
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El Gobierno del Distrito Federal privatizó las multas de tránsito en la ciudad. El contrato con la empresa Autotraffic SA de CV, para operar las llamadas fotomultas, es un acuerdo que ofrece un buen negocio para esta empresa.

 

Para ver esto, un ejemplo, en el contrato celebrado entre la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF) y Autotraffic se establece una cuota mínima de infracciones mensuales que debe registrar la empresa concesionaria, y de cuyo cobro obtendría el 46% por cada multa. Es decir, la empresa tiene que cumplir una cuota diaria de al menos cinco mil infracciones de tránsito para llegar a un mínimo de 150 mil multas mensuales, un millón 800 mil al año, para obtener ganancias que están calculadas en alrededor de 200 millones de pesos mensuales.

 

Si esto aún no parece un buen negocio privado, hay otro dato, resulta que adicionalmente al 46 por ciento que recibiría Autotraffic por multa cobrada, la empresa percibirá por concepto de sus servicios 173 millones 856 mil 310 pesos con 79 centavos, mismos que serán pagados por la SSP-DF en tres anualidades. Por si fuera poco, las autoridades capitalinas no han aclarado en qué se invertirá el monto de lo recaudado por las sanciones de tránsito que no será pagado a la concesionaria.

 

Este formato sintetiza la nueva propuesta privatizadora del Gobierno del Distrito Federal. Se trata del desmantelamiento de lo público y del cuidado del interés general; lo público sirve para disparar las ganancias de los privados en una falsa asociación, donde una de las partes, lo público, pone su riqueza material sin obtener nada y  la parte privada se ahorra la inversión y se lleva las ganancias. En el caso de Autotraffic, por ejemplo, no sólo cobrará las multas sino que decidirá a quién cobrárselas. Se trata, en los hechos de una privatización del fisco, es decir de la potestad del estado para recaudar ingresos.

 

Esto es una aberración. La idea de lo público se desdibuja. Que un ente privado cobre multas, decida a quién las cobra y se quede con la mitad de las mismas significa la destrucción de la concepción de lo público. Ya no es la autoridad constituida constitucionalmente la que con el poder del estado toma estas decisiones. Ya no es el erario el destino de lo recaudado. Esto es completamente inadmisible.

 

No hay certeza de que los recursos que se obtengan de las fotomultas y no se paguen a Autotraffic se vayan a utilizar en la mejora de vialidades, en la construcción de ciclo-vías o en nuevas rutas de transporte público, en la reparación y ampliación de banquetas o en la promoción de una nueva cultura vial necesaria para armonizar las distintas formas de movilidad existentes en la capital. La operación de las fotomultas están más orientadas a satisfacer la lógica de beneficio empresarial que a promover el orden y la cultura vial.

 

Las autoridades del Gobierno del Distrito Federal deben cancelar el contrato suscrito entre la SSP-DF y la empresa Autotrafic para la operación de fotomultas y cobro de sanciones. Mantener este contrato es un abuso de autoridad y un acto de desviación colosal de recursos públicos a un particular. Es un negocio privado a costa del erario.

 

En lugar de trasladar 200 millones de pesos a una empresa privada, lo que debe hacer el gobierno de la ciudad, si realmente quiere apoyar a peatones y ciclistas, es realizar un plan de construcción de ciclo-vías, banquetas y calles peatonales.

 

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