Establecida por George W. Bush después del ataque del 11 de septiembre de 2001 para detener a sospechosos de terrorismo, la prisión de Guantánamo en Cuba ha sido escenario de la violación de los derechos humanos más esenciales en los últimos 17 años. Se trata de un lugar fuera de territorio estadounidense donde se ha podido custodiar e interrogar a los prisioneros al margen del control de la legalidad tanto estadounidense como internacional.
Bajo la justificación de que Estados Unidos continúa en guerra contra el terrorismo, durante su campaña electoral Donald Trump prometió mantener abierta Guantánamo y reducir los 40 millones de dólares mensuales de su mantenimiento a 5 o 3 millones de dólares. Incluso, como presidente electo, Trump tuiteó que “no debería haber más liberaciones de Gitmo” (abreviación de Guantánamo).
Autorización para el Uso de la Fuerza Militar
Pero fue hasta el 30 de enero de este año, con la firma de la “Orden Ejecutiva sobre la protección de Estados Unidos mediante la detención legal de terroristas”, que Trump empezó a dar pasos para cumplir su promesa de campaña sobre la prisión militar en la Bahía de Guantánamo. El presidente instruyó expresamente al secretario del Departamento de Defensa presentar una propuesta de criterios para llevar nuevos presos a ese centro de detención.
Paradójicamente, en algo que pareciera un contrasentido al mandato de Trump, el 2 de mayo pasado el Pentágono anunció el envío a Arabia Saudita de Ahmed Mohammed Ahmed Haza al Darbi, uno de los 41 detenidos que hasta esa fecha permanecían en Guantánamo.
Si bien este traslado es el primer movimiento real de la administración de Trump relacionado con los presos de Guantánamo, coincide con la terminación del plazo de 90 días que Trump diera a James Mattis, titular de Defensa, para presentar su propuesta para “la disposición de las personas capturadas en relación con un conflicto armado, incluidas las políticas que rigen la transferencia de personas a la Estación Naval de Guantánamo”.
El punto aquí es que, con la efervescencia bélica actual en parte incrementada por las acciones de Trump con Siria e Irak, resulta conveniente conservar el status quo que brinda la Autorización para el Uso de la Fuerza Militar contra terroristas (AUMF) de Bush hijo, que le otorga al presidente una amplia autoridad para la detención de prisioneros en un conflicto armado y trasladarlos a Guantánamo. Incluso la propuesta presentada a finales de abril pasado por James Mattis, que hasta ahora es de carácter confidencial, abre la posibilidad de imprimir a la AUMF la huella de la administración Trump.
Guantánamo y el terrorismo
Resulta curioso que en su orden ejecutiva Trump revoque la orden ejecutiva de Obama de 2009 para cerrar las instalaciones de Bahía de Guantánamo, pues esta última nunca se implementó debido a la oposición del Congreso. Por otra parte, es aberrante que Trump afirme que las actividades en Guantánamo sean “legales, seguras, humanas y que se llevan a cabo de conformidad con el derecho internacional y de Estados Unidos” cuándo los testimonios apuntan lo contrario.
Después del fracaso de 2009, Barack Obama presentó al Congreso un nuevo plan para cerrar Guantánamo en 2016, que contemplaba trasladar a 35 reos a sus países de origen, acelerar la revisión de otros casos bajo la ley de guerra y encontrarles un lugar seguro en Estados Unidos, intento que también falló por la oposición de una mayoría republicana. Hasta el 3 de mayo de 2018, restaban 40 detenidos en Guantánamo, 5 de los cuales han sido elegibles para ser trasladados a otros países, 9 están en procesos legales y 26 no han sido acusados ni se han considerado elegibles para la transferencia.
Sin duda, la prisión de Guantánamo se ha convertido en una leyenda negra que representa la brutalidad con la que Estados Unidos está dispuesto a castigar el terrorismo. Mantener abierto el penal en territorio cubano se ajusta perfectamente al enfoque de la administración Trump sobre su lucha contra el terrorismo plasmada en la Estrategia de Seguridad Nacional de diciembre de 2017. Ya nos enteraremos de la propuesta enviada por el Pentágono a Trump en abril pasado; sin embargo es difícil pensar que planteen un cambio en las condiciones inhumanas y degradantes que reciben los detenidos en la prisión de Guantánamo.