Uno de los principales argumentos para impulsar la reforma constitucional de febrero de 2014 por la cual se creó la Fiscalía General de la República en sustitución de la extinta Procuraduría, y que varios integrantes de la actual administración federal apoyaron en su carácter de legisladores, era precisamente que gozara de autonomía plena para que la aplicación de justicia no se contaminara a partir de criterios políticos de los gobiernos en turno ya sea para proteger a sus aliados o para perseguir a sus opositores.
De hecho, la intención de Peña Nieto para que el Senado aprobara la designación de Raúl Cervantes como primer Fiscal General por un periodo de nueve años, detonó la movilización de organizaciones y activistas quienes se opusieron precisamente por su evidente cercanía con el entonces presidente y su primer círculo de colaboradores -por ejemplo, era primo del consejero jurídico- y lo bautizaron como el “Fiscal Carnal”.
No obstante, las expectativas que se generaron para que, con el arribo de un nuevo gobierno se pudiera contar por fin con una Fiscalía realmente autónoma e independiente al poder político, se vieron frustradas muy pronto ya que desde un inicio el presidente López Obrador rechazó las propuestas del colectivo “Por una Fiscalía que Sirva” para fortalecer su autonomía así como su capacidad operativa y técnica, y por el contrario continuó con la misma práctica al promover la designación de personas con un estrecho vinculo con él y su movimiento tanto en la FGR como en las fiscalías especializadas en anticorrupción y delitos electorales.
Al igual que en el caso de Raúl Cervantes, no se pone en duda la capacidad y experiencia del doctor Alejandro Gertz, pero su nombramiento se tomó con todas las reservas que al paso del tiempo parecen confirmarse, particularmente con la aprobación de una nueva ley de la Fiscalía General de la República a propuesta del mismo Fiscal Gertz Manero sin haber contado con la participación y consenso de organizaciones, especialistas y colectivos de víctimas que la cuestionaron profusamente.
Por otra parte, resulta difícil pensar que es casual que las investigaciones en que se involucran a opositores se lleven a cabo con gran celeridad o se empaten con el proceso electoral, en tanto que poco se sabe de los casos vinculados con la 4T como el de Pío López Obrador y el titular de Protección Civil en esta administración que fueron exhibidos en un video con fuertes cantidades de dinero en efectivo presuntamente para operación electoral. Por mucho menos que eso, el presidente ha señalado con el dedo flamígero a sus adversarios políticos.
También llama la atención la pronta actuación de la FGR que coincide con algún pronunciamiento del presidente en las conferencias mañaneras, como se dio con la resolución del ministro González Alcántara respecto al desafuero del gobernador de Tamaulipas, en el que por cierto el grupo mayoritario en la Cámara de Diputados actuó con la mayor diligencia, mientras que el juicio de procedencia del diputado pederasta tendrá que esperar hasta que pase la jornada electoral. Otro ejemplo es el del caso Odebrecht en el que el ex director de Pemex, Emilio Lozoya lleva su proceso cómodamente en su residencia, en tanto que el ex senador Lavalle se encuentra en prisión.
Es importante insistir en que no se trata de defender la inocencia o asumir la culpabilidad de los personajes imputados, sino en la oportunidad y los criterios selectivos para procesar o posponer -al parecer indefinidamente- cada uno de los casos. Lamentablemente no se advierte la diferencia con lo que sucedía en el pasado, pues son muchos los indicios de que las instituciones de procuración de justicia siguen al servicio del poder público.