Opinión

La política laboral como asunto de estado internacional

Los conflictos en las empresas automotrices se han convertido en asuntos de Estado con repercusiones de carácter internacional. | Manuel Fuentes

  • 13/07/2021
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Los conflictos en las empresas automotrices se han convertido en asuntos de Estado con repercusiones de carácter internacional, y no es para menos porque proporcionan más de un millón de puestos de trabajo directos e indirectos a nuestro país. El reciente acuerdo entre la administración del presidente Biden (así lo dice el comunicado) y el gobierno con México, así lo revela (documento que circuló en idioma inglés y no en español).

Se presentó una queja internacional sustentada en el reciente acuerdo comercial T-MEC para que el gobierno mexicano atienda el reclamo estadounidense.

El representante comercial de Estados Unidos le llamó al acuerdo “plan de remediación integral” para abordar la denegación del derecho de los trabajadores a la libre asociación y negociación colectiva en la planta de la empresa General Motors en Silao, Guanajuato.

En el comunicado señala que esta acción muestra el compromiso de la Administración Biden-Harris con los trabajadores estadounidenses y una política comercial centrada en ellos. Enfatizan que la política de Estados Unidos está centrada en proteger los derechos de los trabajadores norteamericanos, para que ellos no se vean obligados a competir con trabajadores extranjeros (los mexicanos) que se ven privados de sus derechos, incluido el derecho a organizarse y negociar colectivamente.

En el comunicado, que circuló profusamente entre las organizaciones sindicales del país del norte, el gobierno de Biden se compromete a tomar medidas “agresivas y apropiadas”, y a utilizar todas las herramientas disponibles “para garantizar que nuestros socios comerciales no puedan obtener una ventaja injusta al permitir que los trabajadores sean explotados o desfavorecidos”.

Para el gobierno de Biden no es suficiente tener promesas en un acuerdo comercial; se requieren acciones efectivas y un compromiso diligente y continuo. La acción impulsada hoy no solo ayuda a los trabajadores en México a ejercer sus derechos, sino que también ayuda a los trabajadores estadounidenses a evitar que el comercio se convierta en una carrera hacia abajo.

Estados Unidos supervisará de cerca la implementación del plan de remediación. Si después de la fecha acordada, EU determina que la Denegación de Derechos no ha sido remediada, se podrán imponer otras soluciones.

El acuerdo se basa en el compromiso del gobierno mexicano de llevar acciones de supervisión y se compromete a tener cinco veces más el número de inspectores que estuvieron en el mes de abril en la planta de General Motors de Silao.

En la primera reunión del Consejo Laboral, realizada apenas el día martes 29 de junio, el Gobierno Mexicano reconoció que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral cuenta apenas con 16 inspectores y 20 verificadores de recién ingreso para llevar a cabo los procesos de legitimación de Contratos Colectivos.  

En las legitimaciones de mayor alcance se han dispuesto de inspectores dedicados a otras obligaciones en materias de capacitación y adiestramiento, así como de seguridad e higiene.  Estos inspectores no deben disponerse para atender requerimientos de Legitimación de Contratos Colectivos porque desvían su atención en la prevención de riesgos de trabajo, pero se ha tenido que disponer de ellos ante la falta de inspectores suficientes en el Centro Federal.

La experiencia en General Motors revela que no se consiente como una manera fiable y segura suplir o complementar la acción de los inspectores con la presencia de notarios públicos en los centros de trabajo. Debe ser el Estado con personal propio quien debe atender los recuentos para determinar si los trabajadores quieren que se mantenga su contrato colectivo de trabajo o desaparezca.

Desde que se dispuso por parte de la STPS como una acción alternativa la presencia de los notarios públicos en los recuentos sindicales, se criticó esta acción porque es una forma de privatizar el derecho laboral y más cuando se trata de actos laborales con impacto colectivo.

Debe fortalecerse la presencia de un mayor número de inspectores, pero estos deben ser contratados con recursos nacionales y no como apoyo por parte del gobierno de Estados Unidos.  Se trata del pago de salarios y prestaciones de esos servidores públicos y deben correr a cuenta del gobierno de México

En materia de verificación e inspección federal no debe aplicarse la austeridad como política de gobierno porque se desatienden compromisos internacionales que ha adoptado México en materia de comercio internacional.  

La defensa de los derechos colectivos, de los sindicatos, de la libertad sindical y negociación colectiva debe ser un compromiso cotidiano del gobierno mexicano y no esperar a que lleguen otros a (casi) tirar la puerta exigiendo se respeten acuerdos internacionales en materia de trabajo.

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