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La Política de Defensa Nacional, a la congeladora

¿Le interesa el tema al presidente?

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Escrito en OPINIÓN el

La guerra antidrogas, tal y como la aplicó en su sexenio el presidente Felipe Calderón, sin planeamiento, sin objetivos claros, sin metas y plazos a alcanzar, sin un sustento jurídico para el accionar de las fuerzas armadas y sobre todo sin el conocimiento pleno del enemigo y sus potenciales y debilidades reales. Fue lo que fue por la inexistencia de una política de defensa nacional que permitiera establecer de manera coherente y sólida los escenarios probables y posibles para haber enfrentado semejante reto.

 

Al final, de los seis cárteles que había al inicio del sexenio panista la cifra pasó a cerca de 60 grupos atomizados, ligados de una u otra forma a las grandes organizaciones criminales y extendidos en zonas en las que la actividad criminal era mínima.

 

El desorden imperante en el combate al narcotráfico no terminó con el final del sexenio blanquiazul; el descontrol y los errores tácticos y estratégicos para enfrentar al crimen organizado y abatir los niveles de inseguridad en todo el país siguieron recayendo en las fuerzas armadas.

 

Ya sea porque cuentan con el personal, con las armas, con el despliegue y la disciplina que los cuerpos policiacos no tienen o bien porque en el diseño de las políticas de seguridad y defensa persiste una terrible confusión que acaba mezclando una con otra, lo cierto es que a militares y navales se les cargó la mano, se les saturó de misiones, se les expuso al contacto directo con el crimen organizado y se les permitió hacer uso excesivo de la fuerza para aplacar al delincuente.

 

El resultado ha sido una de las etapas más oscuras en cuanto al irrespeto a los derechos humanos en el país, exhibiendo a fuerzas armadas y federales como abusadores incontenibles de las garantías individuales en aras de la falsa premisa de amedrentar al delincuente mediante la mano dura.

 

Una política de defensa nacional hubiera servido, de entrada, para delimitar las aristas de la zona de acción de militares y marinos, perfilando todos los aspectos inherentes al cómo, cuándo y por qué de un eventual despliegue castrense que evitara o respondiera –en el caso mexicano– a lo que hoy ya muchos analistas dentro y fuera del país califican como insurgencia criminal.

 

Los lineamientos de una auténtica política de defensa nacional nos hubieran permitido establecer panoramas, niveles de análisis y respuesta ante riesgos y amenazas exclusivamente en el terreno bélico, sin tener que emplear a la tropa para atender asuntos de seguridad pública que hoy ya son tema de una agenda de seguridad nacional, porque la presencia y expansión del narco es factor de inestabilidad, desbalance y erosión social, económica y hasta cultural en varios puntos de la geografía nacional.

 

¿Cómo responder a estos cambios sin sobredimensionar el problema y sin trasladarlo a niveles de manejo más complejos y que requieren de una política de defensa nacional que hoy es inexistente?

 

Al inicio de su mandato, el presidente Enrique Peña Nieto habló sobre la necesidad de contar con una Política de Defensa Nacional como punta de lanza que redimensionara y definiera de manera más precisa el rumbo de sus ejércitos de tierra, aire y mar de cara a los riesgos y amenazas en una nación azotada por la violencia criminal y además circundada por una enorme inestabilidad en el plano internacional.

 

En febrero de 2013, a menos de dos meses de haber asumido el poder, Peña Nieto ordenó a sus secretarios de Defensa, Salvador Cienfuegos Zepeda, y de Marina, Vidal Soberón Sanz, elaborar una Política de Defensa Nacional que llenara ese vacío y respondiera a las necesidades y urgencias en el ámbito local y en el terreno internacional.

 

Sedena y Marina, sus expertos, integraron paneles de trabajo integrados hasta por diez elementos de cada institución.

 

Los grupos de análisis se redujeron a seis por cada institución y en el tramo final de la elaboración del instrumento ordenado por el presidente los aspectos relativos a la actuación de tropas mexicanas en el extranjero y a la presencia de soldados de otros países en nuestro territorio, ocuparon la agenda de discusión.

 

El documento final, con definiciones y alcances en los que destacaron los analistas de la Marina, se acercó mucho a lo que el presidente y su gabinete de seguridad esperaban y les urgía.

 

 

En febrero de 2015, el general de Brigada Guillermo Almazán Bertotto, director del Colegio de Defensa Nacional dela Sedena, impartió una conferencia ante alumnos de la Universidad Iberoamericana en la que habló acerca de las limitaciones en materia bélica –pese al ambicioso proceso de modernización bélica en marcha– del territorio nacional y de la inexistencia de una verdadera política de defensa nacional.

 

Bertotto reconoció ante los alumnos de la UIA que “no tenemos capacidad para ejercer soberanía nacional en las aguas territoriales que tiene México; nuestra aviación de combate son cinco aviones y se compraron en 1984, eran 12, aparte de que tres se estrellaron los demás se han ido deteriorando y solamente nos quedan cinco”, dijo.

 

Lo que ahora buscamos como ejército, indicó, es “potenciar en México una cultura de defensa, que tampoco tiene. Se requiere una proyección de fuerza para respaldar la política exterior en un momento dado”, señalaba.

 

Nuestro país sigue comprando muchos de sus insumos, como son barcos, aviones y vehículos del exterior, dijo. Aquí no hemos desarrollado a las empresas privadas para que provean al ejército de bienes bélicos que se puedan comprar o que se puedan exportar, explicaba ante los atónitos asistentes.

 

En nuestro país, agregaba, “no tenemos la capacidad para fabricar cañones, tanques o vehículos blindados y o nos sentimos muy cerca de Estados de Unidos, muy protegidos por ellos, o no hemos tenido la visión para poder desarrollar y multiplicar un crecimiento económico a partir de bienes para la defensa nacional”, sentenciaba Bertotto.

 

Por eso no se entiende ahora la inmovilidad y la falta de acciones para darle luz verde y aplicación a un texto que fue concluido y entregado al Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas a finales del 2015 y hoy, con la violencia incontenible en Tamaulipas, con el baño de sangre en Guerrero, con los focos rojos encendidos en Oaxaca, Chiapas, Estado de México, Veracruz, Michoacán, Colima y Sinaloa, por citar algunas entidades, se ha quedado en la congeladora de los proyectos vitales para el país en el corto y mediano plazos.

 

¿Esperará el presidente Peña el mejor momento (político) para difundir el documento y hacerlo oficial y comenzar a redefinir los caminos que deberán seguir las fuerzas armadas en los décadas por venir?

 

¿Le interesa el tema al presidente?

 

@JorgeMedellin95

@OpinionLSR