Si bien no podemos negar que desde hace décadas se ha hecho patente la inconformidad de muchos ciudadanos ante la persistencia de un amplio catálogo de problemas urbanos, me consta que en los círculos en los se discuten y deciden las políticas públicas siempre ha permeado una especie de mezcla formada por ilusiones aspiracionales con desánimo fatalista.
Esta impresión surge cada vez que cambian tanto los funcionarios del sector como los legisladores que integran las comisiones de desarrollo urbano. Los nuevos llegan con las ganas de hacer, “ahora sí”, los cambios verdaderos que necesita la ciudad para mejorar de una vez por todas la calidad de vida de la gente. Las ilusiones que los mueven se montan entonces en el discurso de lo aspiracional y nos prometen entregarnos “la ciudad que todos queremos”.
Para arropar sus promesas recurren a la terminología de moda en la escena internacional y nos hablan de una ciudad ideal descrita por una larga serie de atributos y adjetivos, que van desde la ciudad sustentable hasta la ciudad segura, dinámica, extrovertida, verde, compacta, amigable, inteligente, respetuosa, resiliente y “orientada al transporte”, por mencionar algunos de los motes más sexys y recurridos.
Pero la evidencia empírica es implacable y el ciclo se repite inexorablemente: pasadas las primeras semanas del enjuague aspiracional, aparece de pronto el muro infranqueable de la dura realidad, el cual es un factor de peso en la generación del desánimo fatalista al que me refería unas líneas arriba.
Planeación y administración de nuestras ciudades
Los responsables de la política urbana se empiezan a dar cuenta que la imagen de la ciudad que prometieron se vuelve algo etéreo, inasible e inalcanzable por el marco jurídico y administrativo vigente. Los instrumentos de la política urbana tradicional no sirven para los nuevos propósitos y entonces todo vuelve a acomodarse en su lugar original, la ciudad que queríamos vuelve a ser la ciudad residual, la que va quedando después de aplicar el modelo agotado de planeación y los instrumentos de política que sólo sirven en el imaginario de los urbanistas tradicionales mexicanos.
Como ya he comentado en otras ocasiones, insisto una vez más en que este modelo no puede ofrecer soluciones transformadoras que lo saquen del círculo vicioso en el que se ha mantenido durante décadas, porque goza de una especie de blindaje inercial reforzado tanto por su enseñanza en prácticamente todas las escuelas de arquitectura y urbanismo, como por funcionarios y legisladores.
El problema en el fondo es multidimensional, por lo que en esta ocasión menciono sólo uno de los aspectos del mismo: el que hace que el proceso de planeación vigile la congruencia transversal entre ordenamientos jurídicos de diferentes jerarquías, al tiempo que ignora la proyección de sus estrategias y acciones en la realidad espacio-temporal, es decir, en lo que pasa en la ciudad real, la que padecemos todos los días.
Este tipo de planeación lo identifico como planeación epidérmica porque hasta arriba guarda la congruencia entre ordenamientos jurídicos, pero ignora y descuida las formas en las que los instrumentos se proyectan e inciden sobre los procesos y relaciones que verdaderamente definen el funcionamiento de la ciudad. Hay una clara disociación sistémica entre el ejercicio de planeación y los objetos de la misma.
Este fenómeno hace que la asignación de los recursos públicos sea muy ineficiente, que muchas veces éstos se apliquen a destiempo y en lugares inadecuados, que los mismos se diluyan en acciones de baja eficacia e incluso que generen efectos encontrados que neutralizan las acciones y vuelven inalcanzables a los objetivos.
Pero de nuevo, esto no tiene que asumirse como una fatalidad. Estamos sin duda frente a la oportunidad de iniciar una transformación de las ciudades mexicanas, esperemos que esta oportunidad no se desperdicie.
La oportunidad de iniciar una verdadera transformación urbana