Junto con la cuesta de enero, el mes de agosto suele ser uno de los más difíciles para la economía familiar.
En este mes las familias deben afrontar los gastos relacionados con el ingreso de los hijos a las aulas. Ello implica la compra de útiles escolares, uniformes, zapatos y hoy, también de aparatos electrónicos con su relativa paquetería.
En un escenario como era el de otros años, las familias debían enfrentar el costo de un nuevo año escolar en una economía que seguía creciendo; en un mercado laboral que pagaba mal, pero que se encontraba activo y en un contexto de salud pública que permitía el libre tránsito y la normal actividad social.
Este año, las cosas están resultando muy diferentes, la actual crisis económica -la más grave del último siglo- y la pandemia por covid-19 han puesto de rodillas los ingresos de las familias, según datos oficiales 18 millones de personas han perdido entre 60 y 100% de sus ingresos; cada día es más común ver cerrar actividades y empresas; la pobreza, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en este 2020 México será el segundo país con el mayor aumento de pobreza del hemisferio ya que este año, por primera vez en décadas, el número de personas en situación de pobreza aumentará 5.9% respecto a 2019.
Además, la actual pandemia impide la plena reactivación de las actividades comerciales y sociales.
De tal suerte que, ante la imposibilidad de regresar físicamente al aula, las familias tendrán que asumir un rol activo en la educación de sus hijos, un rol que incluye acompañamiento, supervisión y guía, un rol para el que la mayor parte de familias no se encuentra preparada.
Este lamentable escenario genera incentivos para que las familias consuman piratería, pese a que ésta pone en serio riesgo la vida de las personas.
La piratería mata, debemos decirlo con todas sus letras, mata porque su consumo pone en riesgo la integridad física personal y de terceros; mata porque intoxica o envenena a quien la consume; mata porque permite la incidencia de delitos que nos afectan en nuestro día a día; mata porque acaba con centenares de miles de empleos y porque mantiene viva la corrupción que tanto daño le ha hecho al país, y mata porque inhibe la recaudación fiscal necesaria para que el Estado pueda ofrecer servicios públicos (educación, salud, transporte público, por citar algunos) de calidad a los ciudadanos.
La Fiscalía General de la República (FGR) debería estar combatiendo como nunca este delito, si el gobierno federal afirma que ya no hay corrupción ¿por qué se dejó de combatir un delito -como es la piratería- que sólo puede ocurrir al amparo y complicidad de autoridades y delincuentes?
Si comparamos 2018 con 2019 la fiscalía efectuó 80% menos de acciones para combatir este delito y lo hizo con 0 resultados, ninguna sentencia condenatoria obtenida y las acciones y resultados esperados en esta materia para 2020 son aún peores.
El retorno a clases hará que las familias adquieran desde crayones hasta lápices pirata -conscientes o no de que estos productos son pirata y que pueden producir cáncer u otras enfermedades a sus hijos- también harán el sacrificio de comprar computadoras y paquetería que ponga en riesgo la ciberseguridad de sus familias, que puedan permitir desde la extorsión, la pornografía infantil, hasta el robo de identidad.
La crisis de desabasto de medicamento iniciada en 2019 generó la compra de medicamentos, insumos médicos, aparatos médicos pirata, medicamentos que no sirven para aliviar una enfermedad, placas para rayos X que intoxican a médicos y pacientes, aparatos médicos que producen falsos resultados y ponen en riesgo la integridad de quien los opera.
La crisis sanitaria derivada de la actual pandemia generó un negocio ilegal de venta de mascarillas, medicamentos, productos de limpieza y que ahora incluye “la vacuna contra el covid-19”. Cubrebocas hechos con materiales que no cumplen su función, pintados con colores tóxicos; medicamentos que en la mejor de las hipótesis no sirven, pero que en el escenario más probable y adverso pueden enfermar aún más a quien los consume.
Todo ello se podía haber prevenido y pudo ser atacado con puntualidad, si en el interés del gobierno federal estuviese la salud y la seguridad de los mexicanos se hubiesen hecho operativos en los principales mercados donde se vende la piratería; si en el interés de la autoridad federal estuviese el combate a la corrupción dichos mercados notorios ya no existirían.
En contraste, el gobierno federal dejó de actuar, de desmantelar fábricas que producen piratería, hacer operativos, asegurar vehículos o inmuebles.
Recordemos que donde hay piratería hay robos, extorsión, venta de armas, trata de personas, contrabando, venta de drogas, bienestar para los delincuentes y peligro para la ciudadanía. Dejar de combatir a la piratería también significa dejar que crezcan otros delitos.
Mientras pobreza y desempleo avanzan, la piratería crece; mientras la piratería crece, mata innovación y empleos formales.
Si el gobierno federal sigue en la absoluta pasividad -que se puede leer incluso como complicidad-, este delito seguirá matando personas, empleos y al ya muy debilitado Estado de Derecho.