Con base en datos oficiales de carpetas de investigación, en el segundo trimestre de 2018, la Ciudad de México ocupó el segundo lugar a nivel nacional en tasas por cada 100 mil habitantes de robo con violencia, y el tercer lugar tanto en robo a negocio, como en robo a transeúnte.
En particular, en este periodo, el robo con violencia creció 31.6%; el robo a negocio disminuyó 6% y el robo a transeúnte 44.8%.
En 2017 el robo con violencia, el robo a negocio y a transeúnte -con homicidio doloso y narcomenudeo- fueron delitos que pusieron en discusión la calidad de la seguridad en la Ciudad de México.
Es preocupante que los delitos violentos sigan creciendo y en particular el robo con violencia. Estos delitos tienen como característica generar una mayor sensación de inseguridad, por lo que reducirlos se vuelve imperativo.
Cambio de metodología de registro
Ante la creciente inseguridad y violencia, la noticia de que los delitos que nos ocurren en la vía pública disminuyeron casi a la mitad, de un año a otro, debería ser una gran noticia. Sin embargo, un análisis detallado arrojó como resultado que estos descensos responden a un cambio de metodología de registro y no a una disminución de casos.
Esto fue lo que dio a conocer el pasado 8 de septiembre, el Observatorio Ciudadano de la ciudad de México (OCMX) -parte de la Red Nacional del Observatorio Nacional Ciudadano- al presentar el Reporte de Incidencia Delictiva del segundo trimestre de 2018.
En el reporte, a través de las gráficas temporales, se identifica con claridad la caída, a partir del mes de septiembre pasado, del robo a transeúnte, al tiempo que la categoría “otros robos” -una categoría que no explica con claridad qué está ocurriendo en nuestro país y a la que rara vez se le da un seguimiento puntual- crece de manera sustancial. Al comparar la incidencia de este delito en el periodo analizado, “otros robos” creció en 74%.
De inmediato en el OCMX contactamos a la autoridad capitalina para tratar de entender a qué obedecía este cambio anómalo en ambos delitos; la respuesta, lejos de ser satisfactoria, nos dejó particularmente sorprendidos. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, optó por registrar los casos en que a un transeúnte se le privase de su celular en la categoría “otros robos” y no en la categoría “robo a transeúnte” en la que la que siempre se había registrado, se registra en todo el país y la norma técnica establece. Minimizar el impacto de los delitos
Cabe mencionar que esta decisión no fue socializada, no se avisó de ella al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al Consejo Nacional de Seguridad Pública o a la opinión pública, simplemente se hizo, y si el OCMX no lo hubiese hecho público, no se tendría información del mismo.
El cambio en criterios de registro tampoco obedece a un acuerdo o a una decisión técnicamente sustentada, y esta clasificación tampoco permite entender, prevenir o reaccionar mejor ante la ocurrencia de este delito.
Los robos que ocurren en la vía pública se registran en el país como robo a transeúnte, si estos fueron en el transporte público, en un transporte privado o caminando por la calle, independientemente de qué bien nos roban.
Hasta el momento no se ha decidido hacer una desagregación de qué bienes nos roban y dividirlo por categorías para establecer cuántos robos de celular, de bolsas, carteras, documentos personales, dinero, joyas, relojes se consuman en el país.
Minimizar el impacto de este delito parece un esfuerzo por no querer entender lo que sufrimos los ciudadanos. En los últimos 30 años los teléfonos celulares pasaron de ser una extravagancia, a ser un lujo, y después a ser una necesidad.
Las actuales condiciones de seguridad, logística y horarios de vida han hecho que sea fundamental mantener contacto con nuestros seres queridos o compañeros de trabajo.
Pensemos tan solo en las millones de personas que salen temprano de sus hogares rumbo al trabajo, abordan varios transportes, caminan y deben repetir el mismo traslado a altas horas de la noche, permanecer comunicado es indispensable.
Paralelamente, el instrumento que nació para permitir mantenernos comunicados en todo momento, se transformó en una sofisticada plataforma que sustituyó las cámaras fotográficas, computadoras, reproductores de música, hasta las tarjetas de débito.
De esta manera, para muchos, el celular se ha vuelto el compañero insustituible a tal punto que, si podemos dejar en casa, cartera, bolso, identificación oficial y dinero, no dejamos el celular. Por ello, en un contexto de creciente incidencia delictiva común, hay una alta probabilidad de ser víctimas de un robo (con o sin violencia).
El daño para una víctima puede trascender el aspecto económico, debido a la sensación de inseguridad que nos genera y al potencial daño en la manera en la que ocurre el delito.Sobre el tema, el Programa de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) ha dedicado estudios y esfuerzos para advertir las implicaciones y riesgos que tiene el robo de celular: los celulares robados son utilizados para cometer delitos y no solo para generar recursos al delincuente. El registro de delitos
En un análisis completo de la situación, no se puede dejar a un lado que existen factores que fungen como incentivos para denunciar el robo de un celular con violencia aún cuando el bien fue extraviado o sustraído sin violencia, lo cual puede favorecer falsos registros y distorsión de la información -para poder cobrar el seguro por el robo de un celular, se requiere que este haya sido robado con violencia-.
No obstante, la desmedida ocurrencia de este delito en sus modalidades con y sin violencia, no justifica una decisión que parece más obedecer a decisiones políticas que a estrategias para combatir el delito.
Por todo ello, en el OCMX y el ONC pedimos a la Procuraduría capitalina que reconstruya las series de robo a transeúnte y otros robos, que modificó a partir de septiembre de 2017; que si pretende hacer una clasificación propia e interna para poder atacar mejor el delito, simple y sencillamente expliqué que esta es de uso interno; que si considera se deba hacer un cambio en la metodología de registro, se proponga al pleno del Consejo Nacional de Seguridad Pública para su consideración y aplicación nacional.
El registro de delitos no es un instrumento para que expertos y organizaciones nos divirtamos haciendo comparativos y estadísticas, es la fotografía de qué retos enfrenta una autoridad, en qué se debe hacer para darle acceso a la justicia a las víctimas de los delitos, es un insumo clave para definir los recursos públicos necesarios para el combate a los delitos y permite entender qué está cambiando en el contexto social alrededor de la incidencia de ciertos ilícitos.
Un mal manejo en la estadística puede tener consecuencias muy graves para una sociedad, por lo que estamos convencidos que la PGJCDMX tomará la mejor decisión al regresar a reconstruir las series de delitos conforme a lo que siempre se ha venido manejando, que permite comparativas claras y ayuda a rendirle cuentas a la sociedad. En su defecto, de decidir mantener esta ruta, estamos seguros que elevará la propuesta a los órganos competentes para que el cambio sea homogéneo a nivel nacional y no parezca un ataque a la transparencia y rendición de cuentas a los capitalinos.