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La pesada burocracia

La transición y la alternancia en México trajeron consigo una pérdida de control del gobierno central, generando lo que conocemos como “la balcanización” de la República en donde, citando a Rolando Cordera todos deciden, menos el presidente, y como en política los vacíos se llenan, el excesivo vacío del presidencialismo no fue la excepción.

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Escrito en OPINIÓN el

En las últimas fechas varios analistas han advertido sobre algunas decisiones de carácter central, como la centralización de la nómina de educación, el INE que de acuerdo a sus funciones tendrá la capacidad de intervenir en cualquier elección de carácter estatal y, aunque no lo parezca, las candidaturas ciudadanas corren la suerte del monopolio de los partidos, cuya decisión central es un sí… pero no.

A falta de un arreglo institucional y de una transición pactada como era lo necesario, ese vacío lo llenaron los llamados poderes fácticos con el resultado que todos conocemos: el actual gobierno heredó un desgobierno generalizado y una descomposición económica, social y política como nunca antes se había visto.

El modelo central de administración de los gobiernos que se implemento después de la Revolución y que se consolidó en el periodo del General Lázaro Cárdenas, dieron buenos resultados durante varias décadas, sobre todo de 1940 a 1970, donde el llamado "periodo estabilizador", trajo consigo un crecimiento promedio del 6 por ciento anual del PIB.

De 1980 hacia adelante el modelo central se agotó y hasta la fecha no logramos encontrar uno alternativo, sin embargo la salida es la descentralización y con ésta al Desarrollo Regional en un proceso negociado y acordado por los distintos actores, no hay duda de que la centralización es causa principal de los atrasos actuales.

Centralizar para recuperar la gobernabilidad perdida es válido y necesario, pero ésta sólo se logrará mediante una progresiva y ágil descentralización de funciones y recursos para eficientar las muchas e importantes acciones que hoy reclama nuestra realidad.

Los procesos inacabados de descentralización de la educación y la salud deben rescatarse y llevarse hasta sus últimas consecuencias con mucho mejores resultados, lo mismo podemos decir de la recaudación hacendaria, del combate a la inseguridad y a la pobreza.

 

Una descentralización acordada desde nuestro pacto federal daría en el mediano plazo mucho mejores resultados.

La Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) señala que la tramitología federal en México genera un costo anual equivalente a 4.25% del Producto Interno Bruto (PIB), el reto debe ser simplificar los procesos administrativos y lograr una eficacia del cien por ciento.

El mismo estudio revela que el número de burócratas en México es de aproximadamente 8 millones de persona para 118 millones de habitantes; en contraste Estados Unidos cuenta con alrededor de 2.2 millones burócratas para una población de 300 millones y España apenas llega a los 2.5 millones de trabajadores de gobierno para 50 millones de personas.

Organismos empresariales respaldados por un estudio de la Corporación Financiera Internacional (IFC) y la Embajada Británica reportan que la apertura de un nuevo negocio en México requiere alrededor de 15 trámites y 29 días y que la renovación de licencia es considerada la principal desventaja para 5 de cada 10 empresarios y que el pago de impuestos es la segunda.

A estos males, habría que agregar los permanentes viajes de funcionarios, autoridades estatales y municipales hacia la capital para visitar oficinas del gobierno central para gestionar recursos, cabildear apoyos y agilizar trámites que “sólo en México se resuelven”.

Es increíble pero cierto, en los sectores educativo y de salud una plaza de secretaria o intendente requiere la autorización de una o varias oficinas, ¡no es posible que un proyecto de 50 mil pesos tenga ser aprobado por “oficinas centrales”! ¡Ejemplos de estos hay miles!

Urge una adecuada distribución del poder, con instituciones federales ágiles y trámites simplificados, automatizados y sistematizados, con una normatividad pensada en resolver, agilizar y transparentar tareas,  que los gobiernos estatales y municipales ejerzan su autonomía política y administrativa con responsabilidad.

Una real transferencia de recursos hacia los gobiernos locales para que asuman atribuciones y tomen decisiones articuladas que lleven a la descongestión del gobierno central, respetando ámbitos de competencia y haciendo la relación entre gobernantes y gobernados más ágil y directa, pero sobre todo eficaz en los resultados. La tarea de gobernar es de la federación, no solo del gobierno federal.

Y si usted, lectora, lector querido, no tienen inconveniente, muchas gracias por sus amables comentarios y aportaciones, nos leemos el próximo jueves.

Facebook: Pedro de Leon Mojarro.

twitter:@Pdeleonm

Sitio Web: www.pedrodeleon.mx.

 

*Coordinador de Delegaciones de la SEDESOL