Opinión

La perversidad detrás de la consulta de juicio a ex presidentes

Socavar la autoridad del Poder Judicial es el elemento clave detrás de la inconstitucional propuesta. | Adolfo Gómez Vives

  • 21/09/2020
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Calificar de “transformador” a un proyecto político con caducidad sexenal no fue la idea de Andrés Manuel López Obrador. La “Cuarta Transformación” no es, por tanto, un lema de campaña, sino un concepto pensado para trascender más allá de su administración, que constitucionalmente concluye el 30 de noviembre de 2024.

Sin embargo, la Cuarta Transformación carece de sustento metodológico y de programas de acción debidamente estructurados. El gobierno federal actúa guiado por las ocurrencias del primer mandatario, sin detenerse a reflexionar sobre el costo que estas tienen en términos de vidas humanas, de dispendio de recursos y de ataques a las instituciones del Estado.

Los señalamientos por hechos de corrupción, supuestamente cometidos en administraciones anteriores, han sido el ariete utilizado por López Obrador para descalificar permanente a quienes él considera “sus adversarios”, pero también para justificar sus inexistentes resultados en todos los ámbitos de su gobierno.

El uso recurrente de distractores, es otro mecanismo propagandístico que le ha permitido posicionar sus temas y enfoques en la agenda pública. Allí está el caso de la no-rifa del avión presidencial, que se impuso al desastroso manejo de la pandemia, que al día de hoy supera los 73 mil decesos oficiales, o la reaparición de casos de sarampión, enfermedad que ya había sido erradicada. Mención especial merece el fallecimiento de más de mil 600 niños víctimas de cáncer, por falta de medicamentos.

El siguiente gran distractor en la agenda presidencial es la petición de consulta popular para “enjuiciar a ex presidentes”, turnada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que —de conformidad con la Ley Federal de Consulta Popular—, esta instancia del Poder Judicial se pronuncie sobre la constitucionalidad del ejercicio.

Si López Obrador tuviera interés en que se sancionara la comisión de delitos de corrupción supuestamente cometidos por los ex presidentes, bastaría con que acudiera al Ministerio Público Federal a denunciar los hechos, aportando indicios sólidos, siempre y cuando los supuestos delitos no hubieran prescrito.

Sin embargo, tal acción no le habría permitido mantener el espectáculo circense que prevalecerá de aquí a las elecciones intermedias de 2021 y que no tiene relación alguna con la procuración de justicia.

Este distractor en particular, contiene la perversa intencionalidad del primer mandatario por socavar la legitimidad del Poder Judicial. Sabedor que dicha consulta atenta contra diversos principios constitucionales de protección a los derechos humanos, entre los que destacan la presunción de inocencia y el debido proceso, es de esperarse que la Suprema Corte se decante por la inconstitucionalidad de la propuesta, lo que será utilizado por el propio presidente de la República y sus seguidores, para socavar la autoridad del Poder Judicial, en un momento tan delicado como lo es la intención de López Obrador de trascender a su propio periodo constitucional, a partir de la destrucción de las instituciones del Estado.

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