Al parecer las autoridades judiciales de Texas jamás revelaron que existían resultados de tres pruebas de inteligencia donde se muestra que el reo es un deficiente intelectual. Hace también unos pocos días, la Corte Suprema de Estados Unidos ordenó suspender una ejecución en Missouri bajo la base de que las autoridades se negaban a dar a conocer específicamente con cuáles químicos se pretendía ejecutar al condenado. Estas ejecuciones estaban en la mira de la opinión pública estadounidense porque se trataba de las primeras después de la larga agonía de 43 minutos que padeció, a finales de abril, el preso Clayton Lockett durante su ejecución en Oklahoma luego de que se le inyectara un cóctel letal con drogas que nunca habían sido probadas. Habitualmente, los condenados mueren de 5 a 10 minutos después de la inyección de un denominado “cóctel letal” (conformado por bromuro de pancuronio, cloruro de potasio y Pentothal), pero los laboratorios que producen estos químicos se han negado a seguir surtiendo al sistema judicial de Estados Unidos.
El desastre en la ejecución de Oklahoma ha revivido la esperanza de que Estados Unidos reconsidere su postura frente a la barbaridad que representa la pena de muerte. Los grupos y organizaciones civiles que demandan la abolición de esta cruel práctica han vuelto a la carga con renovados argumentos. Por su parte, Barack Obama calificó esa ejecución como “profundamente perturbadora” y pidió al Departamento de Justicia una revisión completa de los procedimientos para ejecutar a los condenados.
Lo cierto es que, afortunadamente, decae de forma constante el apoyo a la pena de muerte en Estados Unidos. Según una reciente encuesta de Gallup (levantada antes de incidente de Oklahoma), alrededor del 60 por ciento de los estadounidenses están a favor de ejecutar a los condenados por asesinato, el nivel más bajo desde 1972. A mediados de los años 90 el apoyo a la pena de muerte se situaba en casi el 80 por ciento. El 81 por ciento de los republicanos, el 47 por ciento de los demócratas y el 60 por ciento de los independientes apoyan la pena de muerte, según esta misma encuesta. El apoyo a la pena de muerte creció desde 1976 (año en que se reinstauró la pena de muerte en Estados Unidos) y alcanzó su punto álgido en 1994, cuando los estadounidenses consideraban el crimen como el principal problema que afectaba al país. Hoy ya son dieciocho estados y el Distrito de Columbia los han abolido la pena de muerte (Alaska, Connecticut, Hawaii, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Dakota del Norte, Rhode Island, Vermont, West Virginia y Wisconsin) y que algunos estados tienen una moratoria impuesta por el gobernador o los tribunales. Por su parte, Oklahoma decidió aplazar por seis meses las ejecuciones previstas para revisar sus métodos. El conservador gobierno del estado de Texas siempre ha sido proclive a ejecutar reos sin mayores consideraciones, tal y como ha sucedido con varios mexicanos, de hecho cuarto en franca violación al fallo de la Corte Internacional de Justicia dictado en el caso Avena hace más de diez años. Por eso no deja de llamar la atención ni deja de despertar esperanzas que incluso en el estado de la “Estrella Solitaria” se empiecen a adoptar actitudes de mayor ponderación.
La pena de muerte es uno de los principales desafíos que enfrenta la humanidad en materia de derechos humanos en pleno siglo XXI. Por eso urge la adopción de una moratoria a las ejecuciones como paso hacia la gradual supresión de esta atrocidad.
@mfarahg