Era mayo del 2014, el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), David Korenfeld, lució un reloj de la marca Richard Mille de alrededor de un millón de pesos en un evento con el Colegio de Ingenieros Civiles de México. Su respuesta fue que se trataba de un regalo familiar. A los mexicanos no nos queda más que creerle (o no, da igual); sus declaraciones patrimoniales no son públicas. Nadie investiga.
Unos meses más tarde, se dio a conocer que el presidente de la República y su esposa poseían una casa de cerca de diez millones de dólares en colonia Lomas de Chapultepec. La explicación oficial es que la casa fue adquirida a crédito por la primera dama a una empresa subsidiaria de Grupo Higa. Durante la campaña en 2012 el mismo grupo empresarial arrendó aviones al entonces candidato presidencial, también arrendó otra casa en la Lomas al ahora Consejero Jurídico de la Presidencia de la República, Humberto Castillejos, durante la transición, en la que la periodista Katia D’Artigues asegura que vivió el Sr. Peña Nieto.
El mismo grupo vendió una casa a crédito en el lujoso Club de Golf Malinalco al Secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Grupo Higa ha recibido miles de millones de pesos en contratos gubernamentales del estado de México y el Gobierno Federal, durante las administraciones de Enrique Peña y Luis Videgaray, muchos por asignación directa. Ni Peña, ni Videgaray, ni Castillejos ven conflictos de interés en este entramado de adquisiciones y arrendamientos con un grupo beneficiado por los dineros públicos a su cargo.
En diciembre de 2014, Heliodoro Díaz Escárraga, priísta oaxaqueño y director del Infonavit, presumió en Facebook un automóvil Porsche que regaló a su hijo, quien también era funcionario público. Díaz Escárraga argumentó que se trataba de una broma. Ambos funcionarios fueron cesados pero no se sabe si ha habido alguna consecuencia o si existe una investigación seria sobre el caso.
En enero de 2015 se da a conocer que el presidente del PRI y ex gobernador del Estado de México, César Camacho Quiroz, tiene una colección de relojes valuada en varios millones de pesos. Entre las piezas de la colección: un reloj Jaeger-LeCoultre de cerca de 650 mil pesos, un Ulysse Nardin de más de 700 mil y un Patek Philippe de cerca de 800 mil. Sobre el tema, el priísta dijo que sus salarios “dan para eso” y ofreció como explicación que se siente “cautivado por el tiempo” (cuesta trabajo escribirlo).
Unos días antes se había dado a conocer que una empresa del Sr. Camacho (Estrategia Integral Consultores, S.A. de C.V.) ha recibido contratos –mediante asignación directa, de qué otra forma– por cerca de 10 millones de pesos de administraciones priístas mexiquenses. Por supuesto, no ve en ello ningún conflicto de intereses.
La última cereza en el pastel: El Wall Street Journal exhibe que otra lujosa propiedad del presidente de la República en un club de golf en el estado de México fue comprada a un empresario que –oh, coincidencia– recibió cuantiosísimos contratos de la administración a cargo del Sr. Peña. La presidencia de la República –adivinó usted bien– no ve ningún conflicto de intereses.
Por supuesto, el modus operandi ha trascendido al PRI de Peña Nieto. Hace unas semanas, el delegado perredista de Iztapalapa, Jesús Valencia, chocó en la lujosa zona del Pedregal en la Ciudad de México. El vehículo estaba a nombre de una empresa contratista del gobierno a su cargo. ¿Conflicto de interés? Por supuesto, lo negó.
En el PAN sobran también los casos. Basta el diputado local Edgar Borja, grabado in fraganti negociando “moches” del presupuesto de la Ciudad y reprimiendo a su esposa por una licitación arreglada (¿con quién?) a la que no se presentaron sus representantes a tiempo. El legislador había pedido licencia para ser investigado, después cambió de opinión y conservó el fuero “por así convenir a su defensa”.
Nuestra política siempre ha estado plagada de escándalos, pero su alcance y frecuencia en estos primeros años de la restauración priísta no tiene precedentes. La obscena exhibición de la riqueza obtenida mediante los cargos públicos seguida de la mentira impúdica. La problemática es sistémica –ya no individual, ni siquiera de un partido o grupo–, México transita velozmente hacia la institucionalización del cinismo. La democracia y la legalidad completamente trastocadas, en cambio el permiso para robar y mentir abiertamente.
Hannah Arendt escribió sobre el trastrocamiento gradual de los valores fundamentales de una otrora decente Europa por el régimen Nazi. Un fenómeno similar –aunque quizás incipiente– vivimos en México, con la normalización de la violencia y del enriquecimiento ilícito, que no son fenómenos aislados sino que han avanzado paralelamente y se han nutrido entre sí. Este proceso es algo serio, pues la delincuencia poco a poco se apodera de todas las esferas de la sociedad. La pérdida de orientación y la regresión ética de nuestro país y su vida pública, y el avance de una economía de la apropiación mediante el delito y la fuerza bruta, no son para nada asuntos menores.