De muchas maneras se ha dicho y es generalmente aceptado que de la educación depende el futuro de un país. México no es la excepción, así lo consignó nuestra constitución al momento de aprobar la Reforma Educativa. Lograrlo es un desafío, así lo hemos visto al momento de su implementación, en especial, al enfrentar los enormes retos y obstáculos que tenemos para lograr una educación de calidad que satisfaga este derecho humano irrenunciable y que nos ayude como país a lograr una mejor calidad de vida.
La Reforma Educativa se logró con el apoyo de la mayoría de las fuerzas políticas y con un gran respaldo ciudadano. Fue en el contexto del Pacto por México donde se construyeron los acuerdos para sacarla adelante a pesar de las inercias y resistencias de los sindicatos educativos que por décadas se apropiaron de la educación en nombre de sus derechos laborales y que mantuvieron bajo su control la nómina educativa, cuantiosos recursos presupuestales dedicados a sus prerrogativas, así como el acceso, ascenso y permanencia de los maestros al sistema educativo nacional. Por lo mismo, al momento de concretar estos cambios de obtuvo un gran respaldo social, de hecho, fue la reforma mejor calificada por la población en todos los sondeos de opinión pública.
Los primeros pasos estuvieron acompañados de una gran expectativa y también de escepticismo ante la fuerza de uno de los poderes fácticos vigentes. La detención de la lideresa del sindicato y la rapidez con la que se procesó la reforma en el Congreso fueron algunos de los signos espectaculares que acompañaron a este cambio fundamental y que sin duda ayudaron a generar la confianza necesaria para seguir adelante. La seguridad y la confianza en que no habría marcha atrás era indispensable al momento de iniciar las negociaciones para la legislación secundaria, previo al periodo de sesiones de abril de 2013. Como se pudo verificar, las leyes secundarias fueron aprobadas y se ganó para la educación una oportunidad de oro en favor de la calidad, la evaluación educativa, la autonomía del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa y los criterios de acceso y permanencia del magisterio en el sistema educativo, consignados en la ley del servicio profesional docente.
Hoy como ayer, la oposición de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), ha sido manifiesta, violenta y de escalada. Lo preocupante es que luego de haber recorrido este largo camino a favor de la calidad educativa, de estridentes declaraciones de parte de las autoridades a favor de la educación de calidad y de públicos compromisos de no retorno a la Reforma Educativa, lo que estamos viendo es la cesión de todo lo avanzado ante la presión violenta de la CNTE en aras de intereses políticos y económicos; y ante la actuación de otros grupos disruptivos emboscados en la educación que aprovechan esta revuelta para avanzar en su agenda de rompimiento del orden social y de acceso al poder.
Los daños causados por las protestas y bloqueos de vías de comunicación y espacios estratégicos para la actividad económica, social y política han sido cuantiosos y peligrosamente crecientes. La reacción de las autoridades ha sido errática y cesionista y ya ha costado vidas, como en los inexplicables sucesos de Nochixtlan. Las protestas de comerciantes y empresarios, especialmente afectados a nivel ya insostenible, han sido claras y reiteradas exigiendo la aplicación del estado de derecho, hasta el punto de parar actividades como lo hicieron recientemente en Oaxaca y Chiapas.
Ante la crisis, lo esperado es la actuación responsable y eficaz de las autoridades, sobre todo si aceptamos que en la educación nos jugamos el futuro del país. Defender la Reforma Educativa y guardar el orden social es obligación irrenunciable del gobierno y la sociedad comprometida con el bien común. Pero lo que estamos viendo es la ejecución de medidas gubernamentales equivocadas, que parten de la pretensión ilusoria de lograr acuerdos con cláusulas contrarias a la Reforma Educativa a cambio de tranquilizar a los grupos violentos. Esta es una doble pérdida. Se entrega la educación y no cesan los bloqueos y las amenazas. No se acaba de entender que no estamos ante una agenda educativa, sino disruptiva y de desestabilización. No se ha comprendido que en el asambleísmo propio de estos grupos no hay pretensión que pueda ser satisfecha porque la satisfacción mata al movimiento. Una paz así, es una paz indigna y barata.
Es indispensable y urgente que las autoridades volteen a ver a los ciudadanos indignados con esta provocación y que hagan causa común para hacer frente a quienes están interesados en romper el orden social. Se trata de construir una solución pacífica con fuerza social amplia. La Iglesia ha llamado al diálogo, los empresarios exigen estado de derecho, los padres de familia educación de calidad para sus hijos, los estudiantes clases, los ciudadanos de a pie libertad para transitar a sus actividades cotidianas.
Debe quedar claro que no es renunciando a la Reforma Educativa como se alcanzará la paz y el verdadero desarrollo que México necesita. Que no será manteniendo vicios y corruptelas en la educación en perjuicio de niños y jóvenes como saldemos adelante. Se requiere un buen gobierno y una sociedad que defienda sus derechos y cumpla con sus obligaciones.
La paz que nuestro país necesita no sólo es tranquilidad, no es una paz barata, es orden y generosidad social y política para restablecer la armonía en la sociedad y el crecimiento y desarrollo basado en el respeto a la dignidad y a los derechos humanos de todos.
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