Opinión

¿La Patria es primero?

Las renuncias de servidores públicos para postularse a un cargo de elección popular aumentan el costo de nuestra democracia. | José Antonio Sosa Plata

  • 29/10/2020
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Sin importar qué partido gobierna, antes de cada elección una cantidad importante de funcionari@s se separan del cargo para postularse como candidat@s. El fenómeno no es nuevo ni sorprendente. Lo que en muchas ocasiones no se considera es el daño que provoca en las funciones del gobierno y en el diseño de políticas de Estado que requiere el sistema político.

Nuestra democracia es una de las más caras del mundo. La mayoría lo sabemos. Pero lo que a algunos no les interesa —o no quieren saber— es que el costo es mayor si se considera la enorme cantidad de recursos que se requieren para preparar servidores públicos de carrera o a quienes llegan sin la experiencia suficiente. Los personajes políticos que privilegian sus intereses particulares resultan ser los más onerosos.

Para algunos, se ha vuelto una mala costumbre el iniciar las actividades de promoción personal y propaganda con recursos públicos, mucho tiempo antes de lo que establecen las leyes y con apoyos económicos de aliados que ven una conveniencia una vez que lleguen a los cargos gubernamentales. Cuando así se procede, está claro que lo que menos les importa es el estado en que dejan a las áreas institucionales bajo su responsabilidad.

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La experiencia profesional nos ha dejado bien claro que la mejor campaña cuando se gobierna son los resultados. Informar sobre los compromisos cumplidos es la base de la mejor estrategia de comunicación que puede disponer un aspirante a otra posición que necesite del voto popular, a pesar de los plazos relativamente cortos que hoy tienen a su disposición para hacer precampaña y campaña.

Si los resultados que están dando los aspirantes a un nuevo cargo son buenos, el ideal sería que culminaran su labor hasta el último día del periodo por el que protestaron. Si son regulares, la posibilidad de mejorar se tendría que intentar no solo por profesionalismo, sino por ética. Y si son malos, lo más conveniente sería renunciar y permitir que su jefa o jefe le dé la oportunidad a quien pueda dar los mejores resultados posibles.

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Varios medios de comunicación y líderes de opinión —ahora acompañados por la presión de las “benditas” redes sociales— dan seguimiento a los resultados y problemas que dejan quienes se separan del cargo en las circunstancias referidas. Sin embargo, en raras ocasiones se llega a rectificar para consolidar en serio una política de Estado. La razón es obvia. Antes que la Patria o el compromiso asumido con la transformación, siguen estando los intereses personales y de grupo.

En diversas ocasiones hemos explicado que no debemos sorprendernos antes las acciones audaces o que implican riesgos en los procesos de toma de decisiones. Es normal. Lo que no lo es está relacionado con la incongruencia, con la falta de apego a los valores más elementales de la política y seguir adelante en la lucha por el poder sin importar los daños que se puedan ocasionar a la gente para la que se está gobernando.

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El artículo 116 de la Constitución establece que las campañas para gobernador tendrán una duración de 60 a 90 días. Y de 30 a 60 días para la elección de diputados locales o ayuntamientos. Para las Elecciones 2021, las campañas para diputaciones federales empiezan el 4 de abril y terminan el 2 de junio de 2021. En todos los casos, la ley establece que las precampañas no podrán durar más de las dos terceras partes de las respectivas campañas electorales.

Con los períodos ya definidos, veremos una gran cantidad de renuncias de servidores públicos desde este fin de semana hasta antes de que termine el año. En Sonora, por ejemplo, la Constitución estatal señala que no se debe ocupar ningún cargo de servicio público en seis meses previos al día de la elección. Tendrán que renunciar en diciembre. En Zacatecas, la Constitución del estado lo limita a 90 días antes de la jornada electoral.

Consulta: Compendio de legislación nacional electoral. Tomo 1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Instituto Nacional Electoral (INE), Texto vigente. Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 08 de Mayo de 2020.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha reafirmado su respeto por las libertades y decisiones personales de sus colaboradores. Ha dado un plazo para que renuncien y ha pedido que se denuncien los actos anticipados de campaña y a quienes utilicen el presupuesto público o los bienes del gobierno para favorecerse. Sin embargo, el mensaje no difiere mucho de lo que se ha dicho en sexenios pasados, aunque él insiste en que “no somos igual a otros gobiernos”.

En el mismo sentido, el presidente ha reiterado que “una cosa es gobierno y otra cosa es partido”. Tiene razón. Pero los líderes gubernamentales no pueden ni deben permanecer ajenos a lo que sucede en los partidos que los llevaron al poder. Es legítimo y legal apoyar a sus aliados hasta donde la legislación lo permite. Pero la clave para mantener la continuidad de un proyecto está en la congruencia y solidez que tienen las políticas públicas de largo alcance para beneficio de la población.

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El arranque del proceso electoral 2021 ha demostrado que los esfuerzos para que avance a mayor velocidad nuestra democracia, se reduzca en forma sustantiva la corrupción o se consolide una transformación de fondo, como lo espera la ciudadanía, tiene aún demasiados obstáculos. Uno de los puntos más vulnerables sigue estando en la comunicación política.

El paradigma se mantiene en términos muy parecidos a los de finales del siglo pasado, no obstante el giro drástico que dio el presidente con las conferencias de medios, la reducción de la publicidad oficial y las acciones sin precedente que se han emprendido en las redes sociales. Innovar es complicado, sin duda. Lo que no ha cambiado es el principio básico de que la mejor comunicación política es la que está sustentada en las acciones, en los hechos y en los resultados concretos, no en la retórica sin sustento o en la demagogia. 

Recomendación editorial: Luis F. Aguilar Villanueva. Gobierno y administración pública. México, Fondo de Cultura Económica, Biblioteca mexicana, 2013.

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