En las primeras semanas del 2013, el presidente Enrique Peña Nieto instruyó al entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, para incorporar a la PGR a Tomás Zerón, quien había construido cierta trayectoria en la Procuraduría estatal en el Estado de México y contaba con dos poderosos aliados en el primer círculo presidencial: Humberto Castillejos Cervantes, consejero jurídico en Los Pinos, y su primo, Alfredo Castillo Cervantes, ex procurador mexiquense.
En ese momento comenzó la buena estrella de Zerón de Lucio en el actual gobierno federal, que se vio opacada en septiembre de 2016 al ser removido con honores al enviarlo como secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional. Pero nuevos indicios permiten suponer que podría estar en camino de caer en definitiva desgracia, como parecen anticiparlo las revelaciones sobre su firma en el contrato de compra del software de espionaje “Pegasus” a compañías fantasma, según una investigación de Mexicanos contra la Corrupción.
En aquel arranque de 2013, Murillo receló de Zerón de Lucio, no sólo porque comprendió que se echaría a cuestas un operador directo más de Castillejos. El citado Alfredo Castillo se desempeñaba ya en PGR como subprocurador regional, y en sus primeras semanas en el puesto aprovechó una licencia médica del procurador para imponer una “purga” de delegados en los estados del país y amenazar con ceses fulminantes en la dependencia.
Fue necesario que Murillo amagara con su renuncia para que Castillo fuera a dar con todo y sus ínfulas a la Procuraduría Federal del Consumidor, a lo que luego han seguido otros cargos, todos con el sello de la controversia y los intereses creados.
Pero Murillo tenía otros motivos para desconfiar de Zerón, pues contaba con registros de diversos episodios oscuros en los que el recomendado presidencial había sido señalado con diversos grados de involucramiento, entre otros una sangrienta balacera en Cananea, Sonora, en 2007, cuando se desempeñaba en la Secretaría de Seguridad Pública. A raíz de ello todo un grupo fue cesado.
Zerón había trabado ya entonces nexos con Alfredo Castillo –también primo del actual procurador Raúl Cervantes-, entonces subprocurador en el Estado de México, pero que ascendió a la titularidad cuando el procurador, Alberto Bazbaz, cayó por el escándalo de la muerte de la niña Paulette. En marzo de 2010.
Murillo Karam logró eludir por meses la instrucción de Peña Nieto de sumar a Zerón, hasta que en septiembre de ese 2013 recibió la indicación precisa de designarlo director de la Agencia de Investigaciones Criminales, de reciente creación y para la cual Murillo ya tenía otro candidato que consideraba idóneo.
Durante toda su gestión en la AIC, Zerón de Lucio tuvo una tensa relación con sus jefes, primero Murillo y luego Arely Gómez. Ambos se quejaban de que no eran informados debidamente sobre casos sensibles, y que el responsable de la AIC entregaba datos clave sólo a la Presidencia, en particular a la oficina de Castillejos Cervantes.
La crisis generada por la desaparición y muerte de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en Guerrero, aceleró la confrontación al interior de la PGR, pero el que acabó cayendo de su puesto fue Murillo Karam, desgastado por el conflicto y afectado por varias dolencias médicas.
Murillo todavía tuvo un paso fugaz por la Sedatu, donde Jorge Carlos Ramírez Marín acumulaba señalamientos por corrupción e incompetencia. Pero la agudización del tema Ayotzinapa y un mayor quebranto de salud lo hicieron poner fin a su estadía en la administración Peña Nieto.
Ayotzinapa alcanzó directamente a Zerón de Lucio en octubre de 2014, cuando fue señalado por los integrantes del grupo de expertos extranjeros acordado con la OEA, de haber realizado un operativo irregular en la zona del río San Juan, a donde según la versión oficial habrían sido arrojados los restos calcinados de los estudiantes. Zerón dedicó una parte importante de su tiempo a desmentir este señalamiento, que sin embargo acabó costándole el puesto en abril del 2016.
Desde Los Pinos, el citado consejero jurídico Humberto Castillejos ordenó un comunicado donde se presentaba la salida de su protegido como una promoción hacia la CNS, pero la propia PGR había dado cuenta ya de que se trataba de un despido.
Los recientes señalamientos contra Zerón por la compra presuntamente irregular y su supuesto mal uso para espiar a opositores al gobierno y activistas sociales, coincide con que Castillejos ya no labora en Los Pinos y su influencia política parece disminuir a pasos acelerados.
Zerón ha hecho saber en diversos círculos, mediante conversaciones informales, que las cláusulas de confidencialidad que protegen el contrato de la compra de “Pegasus” le impiden revertir los señalamientos sobre los términos en los que se hizo tal adquisición.
Es notable también el señalamiento de que desde la AIC surgieron, en el periodo que Zerón estuvo a cargo, las instrucciones de intervenir teléfonos de activistas, políticos y periodistas. “Pegasus” fue adquirido por otras entidades federales –Cisen, Marina- y por al menos una docena de gobiernos estatales.
La PGR ha reportado no tener una denuncia formal de alguno de los afectados que pueda permitir analizar el respectivo teléfono para emitir un dictamen técnico. Algunos de los que han denunciado estas intervenciones declararon que no confían en la PGR.
En los próximos días y semanas habrán de conocerse nuevas señales sobre la futura suerte política de Tomás Zerón, en cuya defensa la PGR no parece estar dispuesta a salir. Si la crisis en su entorno se agudiza, presenciaremos quizá el eclipse de otra estrella del gobierno Peña Nieto, dejado en la orfandad por parte de sus padrinos políticos: el clan de los primos Cervantes.