Opinión

La oposición del ciudadano

Círculo vicioso en el que se encuentra el país se debe a que los gobernantes no tienen los incentivos para adecuarse a la razón de ser del Estado.

  • 19/07/2015
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Los problemas por los que atraviesa México son muy complejos y profundos. No existen soluciones evidentes ni caminos sencillos a seguir. Se buscan explicaciones a circunstancias arraigadas, como la cultura, la historia, las estructuras y hasta la naturaleza humana. Sin embargo, en el fondo se encuentra la inestabilidad del estado de derecho, entendido como el entramado institucional y normativo por el cual nos regimos todos los ciudadanos. Sistema que, en su implementación, se materializa la equidad y es elemento funcional de los derechos humanos y la democracia.

 

Todos los padecimientos nacionales que vivimos, tienen como causa en común, la inmadurez del estado de derecho, reflejado en la debilidad de las instituciones. El patético drama que se vive en el sector educativo, además de las graves consecuencias que tendrá para la presente generación, es causa de la debilidad institucional; de la incapacidad del Estado para llevar a cabo una de sus funciones esenciales, hacer cumplir la ley.

 

Lo mismo, aunque por circunstancias muy diversas, en el caso de Ayotzinapa, Tlatlaya, San Fernando y la Guardería ABC. El fondo del asunto se asienta en el hecho que las autoridades no logran imponer la ley. Aquello para lo cual ejercen el monopolio exclusivo, el uso de la fuerza y la aplicación de la ley. La fuga del Chapo de un penal de máxima seguridad, además de ser un ridículo y vergüenza del gobierno, ante los propios ciudadanos primero y ante la comunidad internacional después, no es sino un reflejo de la tibieza institucional que padecemos.

 

Todos estos hechos y circunstancias son síntomas de una enfermedad mayor. Las instituciones en su manifestación más primaria, se componen de dos elementos: El sistema de normas al cual se deben y bajo el cual se deben conducir y las personas que las vivifican y representan. En ello, los incentivos deben estar colocados de tal forma que tanto los elementos subjetivos como objetivos actúen con armonía, de tal forma que la prioridad sea el bien común, a través del cumplimiento de los objetivos para el cual fueron creadas las estructuras de gobierno.

 

El círculo vicioso en el que nos encontramos desde hace tiempo, consiste en que los gobernantes no tienen los incentivos para adecuarse a la razón de ser del Estado. La primera motivación de un servidor público o representante popular debe ser el interés general, ello está implícito en la denominación de su trabajo. El segundo incentivo, en caso que falle el primero, es el cumplimiento de la Ley y el convencimiento cierto de la responsabilidad que produce su violación. Sin embargo, ante la ausencia de responsabilidad penal, administrativa o política y la nula rendición de cuentas, no existe una adecuación estructural entre la norma y la conducta.

 

Un claro ejemplo de ello, tal vez el más dramático, es el de los llamados “moches”. Sistema de prestaciones corruptas que se da a través de la asignación de presupuesto para ejercer y contribuir en las “gestiones” entre diputados y sus estados y municipios. Lo peor del caso, es que se trata de representantes populares tanto del partido en el gobierno, como de los partidos de oposición. Con lo cual, ante la colusión total, la propia oposición (tan esencial en una democracia) su nulifica.

 

La corrupción e impunidad que sufrimos en México, no tiene causas culturales ni históricas. Se trata de la deficiencia en las estructuras de gobierno en todos sus órdenes. En ello, de origen los ciudadanos somos responsables. Tanto por acción como por omisión. En el primer caso por propiciar o tolerar el incumplimiento de la ley, a través de su desviación. En el segundo, por no alzar la voz y no reclamar un gobierno con instituciones de calidad. Autoridades que cumplan con el objetivo de servir, en primer lugar, a los ciudadanos.

 

Ante el actual panorama por el que atraviesa México, sobre todo en el caso de la educación (que es causa directa de la corrupción y de un sistema clientelar y corporativista) y la impunidad y corrupción en todos los niveles de gobierno, se hace indispensable y fundamental que la sociedad ejerza su obligación democrática. Que actúe ante la pasividad institucional para transformar su realidad. Frente a la insolencia y la apatía, la sociedad se debe convertir en una opositora. Si los representantes no lo hacen, corresponde a los ciudadanos hacerlo.

 

@gstagle