De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la investigación y persecución de los delitos es la principal responsabilidad del Ministerio Público; éste podrá auxiliarse con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato. Sin embargo, cada vez que suceden hechos dolorosos a nivel nacional, los gobiernos estatales sólo salen a decir discursos demagógicos y entonces surgen las siguientes interrogantes. ¿Dónde se encuentran los fiscales? ¿Dónde están los Secretarios de Seguridad Pública? ¿Por qué NO pueden ejercer la acción penal los ministerios públicos y su policía de investigación? ¿Por qué motivo NO pueden detener a los delincuentes, a pesar de sus constantes conductas delictivas desplegadas y concurso de crímenes? ¿Por qué NO pueden localizar a los delincuentes con la tecnología y los C4 y C5 implementados en cada entidad federativa? ¿Por qué motivo, NO pueden desmembrar las bandas? ¿Por qué tanta simulación y omisión para cumplir con su trabajo?
Lamentablemente se observa una elevada omisión de los funcionarios públicos a quienes por cargo, función, responsabilidad y competencia, les toca atender las problemáticas que se den en cada una de las entidades federativas. Es necesario que asuman su responsabilidad respecto a sus nulos resultados. Hasta ahora solo nos han demostrado ineptitud y torpeza. El cargo conferido no sólo es para cobrar y calentar la silla, México requiere funcionarios que sí cumplan con su trabajo.
La falta de coordinación y la desorganización entre los tres niveles de gobierno ha sido un caldo de cultivo propicio para fomentar impunidad e injusticia.
Los ciudadanos ya no queremos más populismo en cada discurso de las fiscalías del país justificando sus fallas. Los ciudadanos de a pie necesitamos que se pongan a trabajar, que se ejerza una verdadera supervisión y sobre todo se elimine la alta burocracia que existe en la mayoría de sus oficinas, donde el ciudadano tiene que rogar ante el pedestal donde se encuentran los citados servidores públicos. Por lo que son necesarias las siguientes acciones:
1. Se requiere mejorar el flujo del procedimiento inicial al momento de recibir una denuncia o querella, acorde a las funciones del Ministerio Público, materializando así la agilidad necesaria para que se giren las instrucciones precisas para la integración de la carpeta de investigación, sin revictimizar a la víctima.
2. Es urgente la coordinación con las áreas de seguridad pública a nivel federal, estatal y municipal, para crear los protocolos de emergencias y patrullajes; acciones en caso de agresiones, acciones en caso de delitos de alto impacto efectuados por miembros de la delincuencia organizada, acciones para abatir las redes de las bandas que operan en las áreas locales; creando un sistema de alertas que pueda responder ante cualquier evento.
3. Se requiere que la policía que auxiliará en la investigación del caso cuente con un protocolo para atender las necesidades o requerimientos de acuerdo con el catálogo de delitos, y a´si poder abocarse a la obtención de todos aquellos elementos materiales probatorios, datos de prueba y entrevistas que sean necesarios, de tal modo que se pueda llevar a cabo la imputación conforme a derecho, sin necesidad de crear o fabricar delitos. La investigación debe realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación.
4. Al optimizar el funcionamiento de cada procedimiento en favor de la ciudadanía, se logrará que la justicia tome su propio cauce cuando se realice de manera correcta la consignación e indagatorias de los delitos.
5. Para reducir los índices delictivos se requiere que acorde a una fuerte supervisión, control y seguimiento del mapa criminal, se exija que el desempeño de los servidores públicos sea medido por medio de la eficiencia, efectividad y eficacia en la resolución e integración de cada carpeta de investigación, así como la incorporación correcta de pruebas periciales y dictámenes necesarios.
Porque hasta ahorita, los funcionarios piensan que obtener un número alto de registro de carpetas, significa trabajar, lo cual es un enorme error. Nos encontramos con múltiples casos en donde el sujeto cuenta con un negro historial de ingresos a reclusorios o centros de readaptación de los que casualmente vuelve a salir para delinquir, lo cual se ha convertido en un círculo vicioso, una puerta giratoria, generando con esto condiciones de impunidad debido a la grave falta de responsabilidad en la administración de justicia. Exigimos efectividad en la integración de la carpeta de investigación para que pueda ejercer correctamente la acción penal.
Por consiguiente, es necesario que se generen los cambios pertinentes, por lo que se sugiere que los secretarios de gobernación, economía, seguridad, hacienda, trabajo, bienestar, función pública, comiencen a dar resultados que propicien el desarrollo social y económico que la Cuarta Transformación requiere para su Proyecto de Nación. Para que cada quien en su competencia coadyuve con resultados tangibles para abatir de manera coordinada y conjunta las problemáticas de: mala administración de la justicia, corrupción, desigualdad social, violencia, delincuencia local y organizada, contaminación, pobreza y desempleo. De no atenderse estos factores, para el 2024 tendremos un país con secuelas tan graves que no podrán resarcirse.
Es necesario que todos aquellos asesores dejen sus trajes de bufones y arlequines, porque el destino los alcanzará y quienes sigan mintiendo pagarán sus consecuencias.
Caso Chihuahua
Dentro de las funciones de la fiscalía de Chihuahua se destacan las siguientes:
I. Implementar las políticas de seguridad pública que se establezcan en el Plan Estatal de Desarrollo y en el Programa Estatal de Seguridad Pública, la persona Titular del Poder Ejecutivo y proponer aquellas tendientes a prevenir el comportamiento criminal, así como la comisión de delitos e infracciones;
II. Diseñar las estrategias para la prevención e investigación de los delitos;
III. Participar en el ámbito de su competencia en el diseño del Plan Estatal de Desarrollo y el Programa Estatal de Seguridad Pública, vigilando la congruencia con las disposiciones y lineamientos del Sistema Nacional de Seguridad Pública:
X. Investigar y perseguir los delitos del orden local y los de competencia concurrente con la Federación, ejercer la acción penal y solicitar las órdenes de aprehensión ante las instancias competentes, así como buscar y presentar las pruebas que acrediten los elementos del tipo penal y la responsabilidad de los imputados;
XI. Vigilar, en el ámbito de su competencia, que los procesos penales se realicen en exacta observancia a las disposiciones legales aplicables;
XVII. Ejercer el mando sobre la Agencia Estatal, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, llevar la coordinación del sector de seguridad pública y procuración de justicia;
De acuerdo a esto se desprende el siguiente análisis:
a. “El Chueco” cuenta con un historial de diversos delitos, como narcotráfico, homicidio, tala ilegal de árboles, extorsión,etc., siendo identificado en el mapa criminal como un miembro de la delincuencia organizada en esa área.
b. Desde el año 2018 este sujeto cuenta con una orden de aprehensión que casualmente no ha sido ejecutada.
c. El gobernador Javier Corral desde el año 2018 se comprometió a aprehenderlo para abatir su influencia en el estado, lo cual no ha hecho.
d. El fiscal del estado de Chihuahua, casualmente tampoco ha podido hasta el momento poder ejercer la acción penal y detener a “El Chueco”.
e. Actualmente, “El Chueco” es probable responsable del homicidio de dos sacerdotes jesuitas y un civil en el poblado de Cerocahui, en Chihuahua.
f. Es preocupante la situación, ya que “El Chueco” ha demostrado tener un alto grado de peligrosidad en su perfil criminal por su comportamiento antisocial.
Cabe señalar que, de NO atenderse esta situación de impunidad en Chihuahua ante la acción delictiva se estará provocando una mayor incidencia de crímenes. Sin duda, existen muchas interrogantes del porqué existe tanta omisión, disimulo, ineptitud y torpeza por parte del gobierno estatal de Chihuahua, ya que siendo un peligroso criminal, hasta el día de hoy no han podido “detenerlo”.
Caso Culiacán
Dentro de las funciones y atribuciones de la Fiscalía de Sinaloa se destacan las siguientes:
Al Ministerio Público en el ejercicio de sus atribuciones le corresponde:
A. En materia de persecución del delito:
I. Conducir la investigación de los delitos, en coordinación con la Policía de Investigación y los Servicios Periciales,
II. Ejercer la acción penal ante los tribunales,
III. Procurar que el procedimiento penal se siga con toda regularidad, para que la administración de justicia sea pronta y expedita,
IV. Pedir la aplicación de las penas y la reparación del daño;
VI. Ejercer la acción de extinción de dominio.
B. Como representación social:
I. Proteger el goce y ejercicio de los derechos humanos:
II. Garantizar el ejercicio de los derechos de las víctimas del delito;
V. Realizar las acciones necesarias para la investigación en materia de localización de personas desaparecidas:
VI. Aplicar los mecanismos alternativos de solución de controversias.
Tenemos el claro ejemplo sobre el negocio ilícito de la invasión de predios, el cual han querido maquillar como problema social, y la Fiscal Sara Bruna Quiñonez Estrada, Fiscal del estado de Sinaloa, no ha podido ejercer la acción penal en contra del pseudo líder que ha estado invadiendo inmuebles, a pesar de que tanto la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa como particulares han acreditado las propiedades. Incluso se obtuvo información que estarían invadiendo en fechas recientes un inmueble de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Por lo que se desprende el siguiente análisis:
a. Desde el 2020 existe una denuncia penal en contra de pseudo líderes que lucran con terrenos y estafan a familias de escasos recursos al venderles predios que les son ajenos y les prometen la regularización legal de los mismos.
b. En febrero de 2022, integrantes de la Comisión de Vivienda del Congreso de Sinaloa acordaron enviar un exhorto a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que intervenga en la problemática de las invasiones en terrenos propiedad del Gobierno Estatal ubicados en la sindicatura de Aguaruto, en Culiacán.
c. Uno de los pseudo líderes, se ha pronunciado como presidente de la Asociación Civil Rastra Social Campesina.
d. ¿Por qué la policía de investigación no ha podido reunir los datos y materiales probatorios exigidos?
e. ¿Por qué no se han tomado acciones posteriores en contra de la acción de los delincuentes que despojan de los inmuebles a sus dueños?
f. ¿Cómo es posible que estas personas logren pasar por encima de las autoridades sin problema?
g. ¿Quién protege estas conductas delictivas?
h. ¿Por qué no se ha notificado a los imputados?
Por consiguiente, la falta de un estado de derecho genera impunidad e incertidumbre, provocando mayores problemas ante la acción de los delincuentes que lucran con las personas de escasos recursos. De igual forma que el anterior caso, existen muchas interrogantes del porqué existe tanta omisión, disimulo, ineptitud y torpeza por parte del gobierno estatal y su fiscalía, ya que hasta el día de hoy impera la total dilación en la procuración de la justicia.
Por último, la inseguridad es un negocio porque al decir que no están de acuerdo con la estrategia de “abrazos, no balazos”, aplican la de brazos cruzados. Se niegan a cumplir con su obligación de brindar seguridad pública que es un derecho humano por el afán de atacar y criticar políticamente al gobierno federal cuando los índices de criminalidad del fuero común son los más altos de la historia. La tarea es responsabilidad de las fiscalías estatales, por lo que si no quieren o no pueden hacerla, renuncien y pidan el apoyo de la Federación ya que su incompetencia está costando vidas de mexicanos honestos.