En un lenguaje más propio de mafiosos que de una institución que procura justicia, el encargado del despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, operó la decisión presidencial de remover a Santiago Nieto de la FEPADE, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, por “faltar al código de conducta” de la propia institución.
No sabemos a qué se refieran con código de conducta, pero esa expresión y en el contexto que se presenta, nos hace recordar las novelas del crimen y la mafia donde la “omerta” era una regla que obligaba al silencio sobre los crímenes y la estructura de las organizaciones delictivas.
La “omerta” o código del silencio era una de los cimientos del crimen para mantener vigente su mundo delincuencial, el imperio mafioso. Y precisamente por violar la “omerta” de la PGR fue removido el Fiscal Santiago Nieto, un ave raris en el entorno de impunidad de los ministerios públicos, un servidor público que se ha distinguido por mantener un margen respetable de independencia del poder priista y por una actuación sobresaliente en la judicatura electoral y ahora al frente de la FEPADE, institución que empezó a significarse en los procesos electorales, después de ser un mero elefante blanco, un parapeto frente a la enraizada impunidad.
El detonante de la remoción de Santiago Nieto fue la investigación por la utilización de recursos del millonario soborno que habría recibido Emilio Lozoya de parte de Odebrecht y que pudieron haberse orientado a la campaña presidencial del PRI en el 2012. El Fiscal hizo públicas las presiones del ex director de PEMEX para que lo exonerara anticipadamente. Y como no accedió a las pretensiones las amenazas se hicieron efectivas. Es evidente que el suplente de Raúl Cervantes no actuó de mutuo propio sino que una decisión de esa envergadura sólo pudo provenir de Los Pinos.
Santiago Nieto tenía en curso, además, investigaciones por desvío de cuantiosos recursos de los gobiernos de Quintana Roo (Roberto Borge) y Veracruz (Javier Duarte) a las campañas del PRI, entre otros asuntos. En ese contexto todo indica que el Presidente de la República y la cúpula priista decidieron remover al Fiscal incómodo antes de que el escándalo de la corrupción electoral escale, pagando el costo de tal decisión, prefiriendo en su lógica aguantar las fuertes críticas de la destitución que un proceso penal por el caso Odebrecht y la campaña del mismo Enrique Peña Nieto. La remoción de Santiago Nieto era, en su lógica insisto, el mal menor, frente al mal mayor de la vinculación Odebrecht - campaña de EPN.
Es el mismo esquema de cuando el gobierno decidió acabar unilateralmente con la participación de Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el caso Iguala - Ayotzinapa que generó muchísimos cuestionamientos, pero el gobierno federal prefirió esa situación a que el GIEI continuara investigando los hechos y las ramificaciones reales de la desaparición forzada de los 43 jóvenes normalistas. Para el gobierno de Peña Nieto era más “peligrosa” la continuidad del GIEI que mostrarse hostil al escrutinio Internacional y que incluso se dijera que algo ocultaba. Prefirió atrincherarse y aguantar los señalamientos a que el GIEI siguiera en el país haciendo una investigación profesional e imparcial.
En ese sentido la remoción de Nieto es parte del entramado que está armando el grupo en el poder para mantenerse en el mismo de cara a los comicios del 2018. La arremetida contra dirigentes del Frente Ciudadano por México, el impulso a candidat@s independientes (no todos desde luego) para fragmentar el voto, la cizaña e intriga al seno de partidos para pretender dividirlos, las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hostiles a los partidos opositores para complicar su vida interna, el sometimiento del INE al PRI y al gobierno son parte de sus acciones. Es el modelo Estado de México recargado.
Evidentemente un Fiscal electoral independiente no encajaba en sus estrategias y prefirieron removerlo, con pretextos baladíes y así cerrar el tema del financiamiento ilícito. Pretenden colocar a un Titular de la FEPADE a modo para que complete una tríada de sumisión con el INE y el TEPJF.
Asimismo, este manotazo en contra de Santiago Nieto exhibe nuevamente que el talón de Aquiles del régimen priista y, en especial, del gobierno de Enrique Peña Nieto es el financiamiento ilegal de la campaña presidencial 2012, que es un esqueleto en el clóset del que no se han podido deshacer, por más que han querido. Si bien han contado con las complicidades del IFE - INE y del TEPJF que encubrieron los casos del Monexgate y del Sorianagate y el exceso en los topes de gastos de campaña con la ridícula y cínica justificación del esquema del prorrateo (en realidad PRIrateo) el tema no ha expirado. Seguir con las investigaciones del vínculo Odebrecht - campaña presidencial de EPN por la vía penal con un Fiscal que no controlan era una variable que escapaba a su esquema y había que frenarla y sepultarla a como dé lugar.
Sin embargo, por las reacciones iniciales de actores políticos y ciudadanos deshacerse de Santiago Nieto generará significativas resistencias y un intenso debate. La posibilidad de echar atrás esta decisión es legalmente posible, en términos del artículo décimo octavo transitorio del decreto de reformas a la Constitución Política de la República en materia politico - electoral de 2014. Se requiere para ello integrar una mayoría de Senadores presentes en la Cámara alta que objeten la remoción del Fiscal, lo cual no será sencillo por la dispersión opositora y la capacidad de cooptación del PRI. Este tema, sea cual sea el desenlace, se acumula a la gravísima impunidad y violencia que prevalece en el país y le generará mayores pasivos al gobierno.
Sin Procurador General de la República, sin Fiscal Anticorrupción y ahora sin Fiscal Electoral el país exhibe la podredumbre de su sistema de procuración de justicia y la gran corrupción e intereses que quiere proteger el actual gobierno. Pretendiendo borrar la discusión sobre la impunidad y la corrupción electoral despidiendo a Santiago Nieto, el gobierno federal acabó por colocar este aspecto en el centro de la agenda pública. No se librarán de ello fácilmente. Hay tema para rato. La “omerta” no funcionará.