La decisión del presidente López Obrador de embarcarse en una cruzada personal para descarrilar el proceso electoral en Nuevo León no solo convulsionó el escenario regional. También cambió las señales hacia el interior de su propio equipo.
Por motivos que aún no están del todo claros, el mandatario tabasqueño decidió anticipar una crisis que parecía diseñada para estallar después de los comicios locales, cuando el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Fiscalía General de la República debieran atender señalamientos con gravedad suficiente para anular los comicios y generar el escenario de una nueva baraja, para que en otra ronda del juego cualquiera pudiera ganar, incluso Morena si echara mano de un rostro diferente para representarlo.
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dio en días pasados declaraciones al diario “El Universal”, en las que advirtió que cualquier acción contra campañas debería provenir del INE, pues el gobierno buscaría evitar la apariencia de que se entrometía en el proceso electoral.
Bueno, pues ocurrió todo lo contrario, lo que coloca en una situación harto incómoda no solo al citado Nieto, sino también al fiscal general de la República, Alejandro Gertz. Él confiaba en que eludiría un desgaste adicional para una institución formalmente autónoma, pero que ahora luce como comparsa de la obsesión de López Obrador por la entidad norteña, quizá la más importante cuya gubernatura vaya a estar en disputa el primer domingo de junio próximo.
En el sustrato de esta historia no es difícil adivinar la presencia de algunos de los empresarios de origen regio más importante del país, que casi desde el inicio de la presente administración han tenido una relación común pasivo-agresiva con Palacio Nacional, que en no pocas ocasiones ha parecido amenazar con hacer que la sangre llegue al río.
Hace apenas tres semanas, el presidente utilizó el magnavoz que suponen sus conferencias “mañaneras” para declarar que un periódico regiomontano buscaba inclinar la balanza en favor de uno de los aspirantes a relevar al actual mandatario local, Jaime “El Bronco” Rodríguez.
La lectura de esas palabras fue diversa. Por un lado, se entendió como un intento de presión sobre los diarios “Norte” de Monterrey y “Reforma”, ambos propiedad de una casa editorial cuya abierta simpatía por Samuel García, candidato de Movimiento Ciudadano, no puede entenderse sin el acercamiento que por años ha cultivado con personajes clave de la región el dirigente de ese partido, Dante Delgado.
Se trata de una relación que se remonta a 2004, cuando Delgado buscó por primera ocasión ser gobernador electo de Veracruz, donde ya había desempeñado el puesto como interino (1988-1992) tras la salida de Fernando Gutiérrez Barrios, el hombre-leyenda llevado a la Secretaría de Gobernación por el entonces presidente entrante Carlos Salinas.
El enlace esencial de Dante Delgado con el mundo regio en aquella época fue un actor hoy de gran actualidad: Alfonso Romo, ex jefe de la Oficina Presidencial y que ahora es descrito en un proceso de alejamiento de la 4T.
Opiniones preocupadas por alejar los reflectores sobre Samuel García y Delgado se apresuraron a sostener que el aspirante favorito de grupos mediáticos es en realidad el priísta Adrián de la Garza, en cuyo equipo había permeado la percepción de que representaban el “Plan B” de López Obrador ante las acusaciones existentes contra el ya referido Samuel García. Estas figuran en una investigación de la FGR contra su padre, su suegro, madre y hermana. Se les imputa estar involucrados en operaciones financieras de origen ilícito a partir de empresas “outsurcing” y, se aseguró más tarde, también de tener ligas en el blanqueo de dinero de “El June”, un narcotraficante recluido en prisión desde 2001 y sentenciado en 2007 a más de 50 años de cárcel.
Los señalamientos de López Obrador esta semana tanto contra Samuel García como contra De la Garza parecen cerrar el paso también a este último. No obstante, las acusaciones presidenciales se comenzaron a desmoronar apenas unas horas después. Desde Palacio Nacional se pidió para el priísta prisión oficiosa (a lo que se sumó mansamente la FGR) por regalar “tarjetas” durante campaña y desviar con ello fondos públicos. No tomó mucho para que el INE dictaminara que no había delito electoral, pues dichas tarjetas, de cartón, ofrecen apoyos sólo a futuro, en caso de que el candidato del tricolor gane la gubernatura.
En el breve plazo se conocerá en qué medida se reacomodan las cosas en la disputa electoral en Nuevo León, el rol del presidente, de otros actores clave, y lo que todo ello nos traerá el día después de la cita con las urnas.