En días recientes, diversos comentaristas comenzaron a plantear 1) que la política social del Gobierno de México no tiene lineamientos o reglas de operación y 2) que es de corte clientelar.
Lo primero se refuta rápidamente con una búsqueda en Google. Por mencionar dos ejemplos, los lineamientos de operación del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro se publicaron en el Diario Oficial de la Federación desde el 10 de enero de 2019 (https://goo.gl/TpyFhS), mientras que los de Sembrando Vida el día 24 del mismo mes (https://goo.gl/vNynba).
Lo que sí requiere mayor elaboración que copiar y pegar unos links es argumentar por qué la política social de AMLO se ubica en el lado opuesto del clientelismo, un fenómeno abusivo que en buena medida explica por qué pese a que en las últimas décadas se destinaron montos millonarios del erario para acabar con la pobreza, las cifras negativas persistieron.
En primer lugar, desde el inicio del nuevo gobierno se puso fin a la intermediación, es decir, a ese ecosistema de líderes, gestores y grupos que año con año presionaban por administrar corporativamente una rebanada del presupuesto. Buena parte del gasto social quedaba atrapado en dichas redes, mientras que la entrega de lo restante solía intercambiarse por lealtad política. Ahora, becas, pensiones y apoyos se entregan de manera directa y preferiblemente a través de un instrumento bancario, lo cual incrementa el control de los recursos públicos y se garantiza que lleguen a sus destinatarios. Acabar con las capas que separaban al Estado de las personas es una medida adecuada para transitar de clientelas políticas a sujetos de derechos.
Por otra parte, en sintonía con las posturas vanguardistas a nivel global, la nueva política social en México tiende a la universalización (en un primer momento en segmentos específicos de la población). Esto quiere decir que todos los individuos que pertenezcan a uno de los grupos prioritarios, por ese solo hecho, tienen el derecho a acceder a un programa social. Por ejemplo, todas las personas mayores de 68 años (65 en caso de comunidades indígenas) recibirán una pensión equivalente a $1275 pesos mensuales. Todos los jóvenes entre 18 y 29 años de edad que no estudien y no trabajen tienen el derecho de recibir una beca de $3600 mensuales, seguro médico y capacitación en el trabajo hasta por un año. De igual modo, los estudiantes de nivel medio superior tienen el derecho a una beca de $800 mensuales.
La universalización implica que los funcionarios públicos ya no pueden determinar quién sí y quién no puede ingresar a un programa en función de preferencias políticas u otras condicionantes. Además de eliminar la discrecionalidad que ha caracterizado a las políticas focalizadas –mediante las cuales durante décadas se construyeron clientelas políticas–, la universalización disminuye costos burocráticos y administrativos.
Un tercer elemento que blinda la política social del nuevo gobierno es que mayoritariamente está vinculada a elevar la productividad y la escolaridad. Aunque en casos de urgencia las políticas de corte asistencialista son necesarias como paliativos o remedios temporales, la experiencia demuestra que son insuficientes para disminuir los niveles de pobreza.
Por tales razones, Jóvenes Construyendo el Futuro busca inculcar en los jóvenes las habilidades y competencias que las empresas requieren para ser más competitivas. Sembrando Vida busca reactivar la productividad del campo desde un enfoque sostenible. Para ello, cuenta con un importante componente de capacitación técnica. Las becas Benito Juárez están condicionadas a que los jóvenes permanezcan en la escuela, lo cual elevará la eficiencia terminal y tiene el potencial de impactar en el promedio de años de escolaridad de los mexicanos. En suma, dichos programas no entregan dinero nomás porque sí, como algunos han señalado. Contrariamente, el beneficio económico es tan solo un medio para alcanzar fines superiores como elevar la productividad y la escolaridad en México.
No es la primera vez ni será la última que la política social de Andrés Manuel López Obrador sea motivo de escrutinio público. Y qué bueno que así sea, pues ello eleva los niveles de exigencia y obliga a una mayor rendición de cuentas. Basta recordar que la pensión universal a los adultos mayores que instauró AMLO como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal fue en un inicio menospreciada y calificada como una medida populista y demagógica. Sin embargo, tras constatar que contribuía a la inclusión, se convirtió en ley en la capital del país y comenzó a replicarse tanto a nivel estatal como nacional. Ojalá que de igual forma esta nueva generación de políticas sociales pruebe su eficiencia redistributiva y de inclusión, y sea el preámbulo de la construcción de un auténtico Estado de Bienestar.