El 17 de mayo se celebra el Día Mundial del Internet. Este año 2020, en medio del confinamiento y la batalla contra el covid-19, resulta más significativo reflexionar sobre el papel que tienen las tecnologías digitales en nuestra vida cotidiana y cómo la contingencia de salud ha evidenciado las brechas que separan a las conectadas de las desconectadas1.
El encierro como mecanismo para reducir los contagios ha sido posible sólo para aquellas que pueden trabajar, estudiar o realizar otras actividades desde casa; para quienes están comunicadas con el mundo exterior y cuentan con las tecnologías para seguir ejerciendo sus derechos a la salud, la educación, la seguridad, la justicia o el trabajo desde el cobijo de sus hogares. Pero en nuestro país, como en muchos otros, esta posibilidad está reservada sólo para una parte de la población.
La digitalización de un país requiere que muchas partes vayan adoptando tecnologías digitales, rediseñando sus procesos y replanteando sus esquemas de comunicación, de intercambio y de negocios. En México, esta transición comenzó hace tiempo y ha avanzado a diferentes velocidades, dependiendo de una diversidad de iniciativas individuales.
Como en muchos otros procesos de adaptación tecnológica, podemos identificar algunas pioneras que se adelantaron con proyectos que en su momento resultaron abiertamente innovadores. El éxito de esas iniciativas fue invitando a otras actoras a sumarse, generando un proceso de difusión en los entornos cercanos, dependiendo de la capacidad económica para hacer inversiones, las expectativas de retorno, la capacidad y disposición al cambio.
En un país con grandes carencias, el costo económico, la falta de familiaridad con nuevas tecnologías, la escasa alfabetización digital e incluso ciertas barreras culturales y prejuicios, han sido algunos de los factores que han impedido que el proceso de digitalización avance ágilmente.
Precisamente por estas razones se hace esencial que México cuente con políticas públicas dirigidas a superar esas barreras y empujar la inclusión digital de toda la sociedad en un sentido amplio, que va más allá de comunicar a las personas, hasta lograr que el internet sea una plataforma que las empodere para ejercer sus derechos humanos.
El papel del Estado para la transformación digital es fundamental. El gobierno no sólo tiene la responsabilidad de impulsar cambios a través de las políticas públicas, sino que puede ser el gran articulador de esfuerzos de las múltiples partes interesadas en el proceso. Además, estamos hablando de la usuaria más grande que puede haber de tecnologías digitales que, por su posición estratégica frente a las ciudadanas, posee una capacidad de difusión tecnológica enorme.
La emergencia sanitaria ha revelado las profundas carencias digitales del sector público. Tan grandes son, que en numerosas áreas las entidades se vieron paralizadas ante la falta de preparación en infraestructura y servicios digitales, pero también en la inflexibilidad de los procesos y la cultura para adaptarse al ecosistema virtual.
Frente a este choque, al integrarse a la estrategia de distanciamiento social, muchas oficinas públicas determinaron medidas concebidas para una crisis pasajera. Así, se decidió mandar a una gran parte de las servidoras públicas a unas vacaciones improvisadas, ante la imposibilidad de articular mecanismos de teletrabajo que les permitieran mantener sus actividades. Otra acción fue suspender plazos legales a fin de no afectar a los ciudadanos con obligaciones por cumplir o sujetos a procedimientos en curso. Pero, al mismo tiempo, se retrasaron decisiones y respuestas que algunas personas estaban esperando.
Poco a poco, algunas entidades públicas han ido desarrollando trámites electrónicos y mecanismos de trabajo virtual. Otras comienzan a reforzar su ciberseguridad. Incluso hemos podido presenciar sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en modalidad remota.
No obstante, los esfuerzos son desiguales. Otra parte del sector público parece estar en vilo, esperando ansiosamente que el trance termine para regresar a hacer las cosas como antes.
Espero que no sea así. Nos encontramos en una coyuntura donde podemos dar un salto cuántico hacia delante o quedarnos estancadas en el pasado.
La pandemia no se irá pronto. Las expertas repiten que faltan muchos meses para encontrar una vacuna y que, aunque haya avances momentáneos, es probable que experimentemos rebrotes recurrentes. La perspectiva es que las medidas de confinamiento o distanciamiento social seguirán poniendo en desventaja a la población desconectada, ensanchando las grandes desigualdades de nuestro país. Así lo hemos visto en la educación, donde las grandes rezagadas han sido las niñas, maestras y escuelas sin acceso pleno al internet (aquí me permito apuntar que recibir contenido educativo por Whatsapp no es una verdadera teleducación).
Es fundamental que la “nueva normalidad” de nuestro país incluya un gobierno digital, transformado hacia el interior y al exterior.
Hacia adentro, para reducir costos administrativos y en espacios físicos a través del teletrabajo, las comunicaciones y documentación electrónicas; el uso de bases de datos abiertos que enriquezcan el análisis y faciliten la supervisión y rendición de cuentas; todo ello mejorando la calidad de vida de los trabajadores.
Hacia afuera, para llevar los servicios públicos de forma remota a los ciudadanos reduciendo costos en transporte y tiempo; eliminando requisitos burocráticos que las aplicaciones tecnológicas vuelven obsoletos; y facilitando el ejercicio de derechos al contemplar las necesidades particulares de distintos grupos de la población.
Así como algunas empresas se han renovado para sobrevivir la crisis, es preciso que la administración pública se reinvente. Por una parte, porque si sigue en modo analógico no podrá combatir las desigualdades que han hecho más vulnerable a la población desconectada. Por otro lado, porque un gobierno digital tendrá mayores capacidades para sortear la emergencia de salud y facilitar la recuperación económica.
La coyuntura que nos ha tocado vivir no será una crisis momentánea. Tenemos por delante una larga etapa que exigirá continuo aprendizaje y adaptación. Espero que parte de ese proceso nos permita construir una nueva normalidad con un gobierno digital, abierto e incluyente, que no deje a nadie atrás.
1. Continúo con el uso experimental del “femenino neutral”, para sensibilizar sobre la importancia del lenguaje incluyente.