Opinión

La neonata CDMX y el limbo que le espera

La única manera de mejorar permanentemente la calidad de vida de la zona megalopolitana es a través de acciones de política pública definidas.

  • 09/02/2016
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Es absolutamente comprensible que la clase política festeje la metamorfosis de la capital del país en una nueva entidad federativa, evento que simboliza la llegada a la mayoría de edad, al menos políticamente hablando, del otrora Distrito Federal. Pero a decir verdad y más allá del velo creado por los discursos del momento y la retórica de rigor, no se ve con claridad cuáles podrían ser los beneficios reales que traerá para su población el proceso iniciado por la reforma.

 

El tema de fondo es que el diseño institucional surge a partir de la visión que predomina dentro del Estado para organizar la vida y el funcionamiento de una gran zona metro o megalopolitana, y el problema es que esa visión sigue arrastrando un lastre de experiencias fallidas y anacronismos. Lejos de considerar aspectos que verdaderamente mejoren el funcionamiento de los ecosistemas urbanos y con ello la calidad de vida de la gente, la lucha política sigue centrándose en la defensa de los territorios, del tamaño de la población gobernada y por ende de los mayores presupuestos.

 

Es cierto que la reforma incluye aspectos positivos, algunos de los cuales se harán explícitos en su nueva Constitución Política como por ejemplo la posibilidad de modificar las demarcaciones territoriales (que pasarán además de ser delegaciones a municipios) y la oportunidad de reelegir por un período adicional a alcaldes y concejales, lo cual al menos teóricamente fomenta la eficacia del quehacer gubernamental y desincentiva la toma de decisiones atropelladas. Pero aun con este tipo de novedades los posibles avances son inciertos. Ya me imagino la rebatinga entre partidos políticos para modificar las demarcaciones no en función de lo que puede mejorar la calidad de vida en la ciudad sino escogiendo atributos que den poder y mayores presupuestos.

 

Hay que decir que el procedimiento diseñado para poner en práctica las políticas de desarrollo de la Ciudad de México y de los estados y municipios que forman la conurbación del centro del país es altamente complejo y su hipotético grado de eficacia está severamente comprometido por altos riesgos políticos.

 

La reforma indica que se instalará una Asamblea Constituyente que redactará la nueva Constitución Política de la Ciudad de México y que el Congreso de la Unión emitirá una nueva ley de coordinación administrativa para la planeación del desarrollo en la zona metropolitana del Valle de México. El texto dice a la letra: “La Federación, la Ciudad de México, así como sus demarcaciones territoriales, y los Estados y Municipios conurbados en la Zona Metropolitana, establecerán mecanismos de coordinación administrativa en materia de planeación del desarrollo y ejecución de acciones regionales para la prestación de servicios públicos, en términos de la ley que emita el Congreso de la Unión.

 

“Para la eficaz coordinación a que se refiere el párrafo anterior, dicha ley establecerá las bases para la organización y funcionamiento del Consejo de Desarrollo Metropolitano, al que corresponderá acordar las acciones en materia de asentamientos humanos; protección al ambiente; preservación y restauración del equilibrio ecológico; transporte; tránsito; agua potable y drenaje; recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos, y seguridad pública”.

 

El propósito suena bien, pero nótese que el número de entidades, instituciones y oficinas involucradas de los diferentes órdenes de gobierno en las tareas anteriores es de varias decenas y el número de personas involucradas se cuenta por cientos, lo cual asegura, sobre todo ante la escasez absoluta de experiencias de coordinación exitosas, una especie de torre de babel megalopolitana.

 

Como se decía unas líneas arriba el tema es la visión que se tiene para provocar un cambio de fondo, lo cual implica por ejemplo cambiar los pesos relativos del sistema de valores políticos vigente. El problema es que no se ve que estemos llegando al punto en el que se reúnan las condiciones necesarias. Se dice por ejemplo dentro de este frenesí aspiracional que se coordinarán las acciones metropolitanas en una larga lista de materias, cuando en los hechos no se pueden poner de acuerdo ni siquiera dentro de un sector en un solo orden gobierno.

 

Basta echar un vistazo a las contradicciones existentes entre las propias leyes de la Ciudad de México y entre las de los estados que conforman la zona megalopolitana para percatarse del triste estado de las cosas. Hay leyes que promueven un objetivo que ni siquiera se define en el texto y hay varias leyes que promueven lo mismo, pero lo definen de manera distinta. Si eso es lo que se tiene dentro de cada entidad federativa, se ve difícil lograr la coherencia promulgada entre los municipios, los estados y gobierno federal.

 

En estos meses hemos sido testigos de cómo se hicieron varias reformas constitucionales importantes, que a decir verdad constituyen un punto de inflexión en la vida de la república, pero también pudimos observar las formas en las que los partidos y el gobierno federal movieron sus tentáculos para sabotear subrepticiamente los propósitos originales. Colocaron sus piezas en los lugares precisos para achicar los alcances e incrementar el control político de los procesos. Empaquetaron las reformas con una imagen lustrosa y de vanguardia, pero antes de entregarlas les robaron contenido y cambiaron piezas nuevas por otras usadas.

 

La única manera de mejorar permanentemente la calidad de vida de la zona megalopolitana es a través de acciones de política pública definidas a partir de un análisis sistémico de la zona, lo cual implica poner a los criterios de funcionalidad por encima de los de tipo político. Ver al conjunto de ciudades como un gran ecosistema y no como las piezas artificialmente separadas e independientes de un rompecabezas político.    

 

Peo la nueva constitución será redactada por un grupo de constituyentes cuya selección obedecerá, digan lo que digan los políticos, mayoritariamente a criterios partidistas y la ley de coordinación administrativa será emitida por el Congreso de la Unión, lo cual asegura que su concepción obedezca también al mismo tipo de criterios.

 

¡Uf! El limbo que nos espera.

 

@lmf_Aequum

 

 

 

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