La policía es un elemento de suma importancia en el diseño institucional del Estado mexicano. En ella se deposita la responsabilidad del uso de la fuerza y la coerción para el mantenimiento del orden público, la garantía de la integridad de las personas y sus bienes, además de coadyuvar con la representación social y las autoridades judiciales en la investigación y persecución de los ilícitos.
Sin embargo, cuando los elementos de las corporaciones policiales se empiezan a distanciar de la ciudadanía, por prácticas de abuso, por el ejercicio indebido de la fuerza o por corrupción, se corren enormes riesgos para la vida comunitaria, al erosionarse las capacidades de actuación del gobierno en el mantenimiento óptimo de la seguridad pública.
En días recientes, una noticia a nivel global fue la muerte el pasado 25 de mayo, en Estados Unidos, de George Floyd; afroamericano que, arrestado por la policía de Minneapolis, estado de Minnesota, falleció mientras era sometido mediante una maniobra de inmovilización aplicada por un oficial que terminó por asfixiarlo. Tras este lamentable hecho, se activó una amplia serie de actos de protesta derivados de la indignación y la rabia, por lo que se calificó de conductas policiales recurrentes de abuso de la fuerza a partir de racismo, discriminación y xenofobia, dirigidas a las minorías en el vecino país del norte. Vale señalar que las manifestaciones se replicaron en otros países, entre ellos México.
Días después, nuestro país también dio noticias sobre presuntos abusos policiales. El 4 de mayo pasado, en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, en el estado de Jalisco, fue detenido el joven Giovanni López por elementos de la Policía Municipal, y mientras estaba bajo custodia fue presuntamente víctima de violencia física ejercida por servidores públicos en su contra, que resultó en su fallecimiento. Como reacción a este hecho, tuvieron lugar manifestaciones en diversas ciudades, destacando Guadalajara por los enfrentamientos que hubo entre las personas que protestaban y policías de esa entidad, lo que derivó en la detención de diversas personas, daños a inmuebles y vehículos, además de, nuevamente, acusaciones de uso excesivo de la fuerza y abusos por parte de los guardianes del orden.
En la CDMX, en una marcha motivada por la muerte de Giovanni López, hubo roces y enfrentamiento de las fuerzas policiales con los participantes, y se pudo observar mediante un video en redes sociales, cuando varios elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la metrópoli pateaban en el rostro a una adolescente que yacía en el suelo.
Esta reciente cauda de acontecimientos debe motivar a una amplia reflexión sobre el papel de los cuerpos de seguridad, sus fundamentos, formación, capacidades y prospectiva. En los años recientes, en México se ha hecho patente un abandono de las distintas corporaciones en todos los niveles de gobierno. Las policías municipales con frecuencia trabajan en condiciones de suma precariedad, con sueldos bajos y pobre equipamiento, lo que los hace vulnerables ante las capacidades de daño que tiene el crimen organizado que actúa en varias regiones del territorio nacional. Los recurrentes hechos de violencia y exceso en el ejercicio de la función policial expresan la urgente necesidad de replantear las prácticas y esquemas en la materia. Sin bien es cierto que se ha sometido a la acción de la justicia a los policías envueltos en los sucesos de abuso, además de que han intervenido las instancias de defensa de los derechos humanos y se han ofrecido cambios en los protocolos de actuación, esto no puede considerarse suficiente.
Es tiempo de transformar a las policías, particularmente las municipales y estatales que son la primera línea de contacto y atención a la ciudadanía. Se deben destinar recursos suficientes para el pago de salarios dignos, incentivos y reconocimientos. Las condiciones adecuadas para el desarrollo de una trayectoria profesional en las corporaciones sirven para construir una identidad y orgullo por la labor policial. Esto debe acompañarse de una estrategia de fortalecimiento de las capacidades institucionales en materia de infraestructura física, uso de tecnologías y equipamiento adecuado y suficiente, que permita ejercer las atribuciones de los elementos de manera plena y eficaz.
Otra vertiente de mejora tiene que ver con la capacitación permanente, en cuestiones relacionadas con la función policial, pero también en materia de derechos humanos, ética y deontología. La construcción de un marco de valores y de una visión sobre las importantes funciones que desempeñan los cuerpos de seguridad, contribuirá a que sus miembros tengan conciencia sobre lo valioso de su conducta apegada a principios de actuación.
La intervención en el diseño de mejores mecanismos de control a la actuación de los policías es otro aspecto relevante. De manera general persiste un esquema donde un área interna de la propia corporación es la encargada de investigar las presuntas conductas irregulares. Es necesario pensar en modelos que impliquen la fiscalización de sus tareas mediante instancias independientes y externas, incluso con la participación de la sociedad civil. Por lo menos en los casos en que se configuren posibles vulneraciones graves a derechos humanos, lesiones a civiles o el uso de armas de fuego, la investigación tendría que estar fuera de la esfera de la institución, con la finalidad de evitar un abordaje sesgado o el conflicto de interés.
La Constitución establece que la actuación de las instituciones de seguridad pública se debe regir por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. No se deben escatimar los esfuerzos para concretar en la realidad esta disposición.