En términos jurídicos, la reforma energética del año 2013 que transformó las coordenadas institucionales del sector eléctrico pudo considerarse innovadora en su momento, si se atendía al propósito de construir un mercado nacional de energía bajo la rectoría del Estado; sin embargo, mostró un sensible déficit de cálculo prospectivo en materia de política pública así como el abandono de un concepto estratégico de seguridad nacional, debido al siguiente grupo de argumentos.
1. La reforma tendencialmente incrementa la generación de energía privada limpia porque el Estado garantiza su compra.
2. El Estado en la ruta del tiempo se ubicaría –ley y contratos mediante– como el mayor comprador de energía privada en el marco nacional.
3. Al ser el mayor comprador de energía garantiza los beneficios a las empresas generadoras, pero asume todas las pérdidas.
4. El Estado al verse obligado a comprar un creciente flujo de energía privada y asumir los costos, no dispondría de recursos para modernizarse, construir plantas de energía renovable y competir.
5. La CFE se convertiría en un mercado de garantías, los privados en fuentes privilegiadas de generación y el Estado en un fondo para cubrir déficits cuyo costo fiscal es rápido y ascendente.
6. Bajo estos términos la seguridad energética de México estaría en sólo diez años más subordinada a los privados.
7. La seguridad nacional tendría un nuevo factor adverso ante la dependencia de una energía que por décadas pudimos producir.
En otros términos, la privatización del sector eléctrico se dio en las leyes, los mercados, en las condiciones de compra de energía y en generar las condiciones institucionales para que los privados realizaran alianzas estratégicas para la producción y consumo de energía.
Tal es el caso de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) cuya creación pareciera orientarse a garantizar que la libre concurrencia de empresas extranjeras, terminara en la apropiación de los servicios públicos nacionales bajo un concepto “neutro” de competencia en que se generan, distorsiones del mercado regresivas del interés público. El problema no es la competencia, es poner los recursos públicos al servicio de las empresas; misma tendencia pareció desarrollarse en pasadas administraciones hacia segmentos de lo jurisdiccional donde las decisiones se han tomado sobre contratos en una lógica de mercado y no sobre una lectura pública y constitucional de esos contratos.
Los intereses globales pueden participar en México, es un mundo y una nación libre, sin embargo, cuando esa participación se auspicia en decisiones y contratos que comprometen recursos estratégicos, generan dependencias y terminan por afectar el interés nacional, es tiempo de revisar a través de la racionalidad jurídica las cosas. La Reforma energética del año 2013 se trató de una especie de secuestro del Estado a través de la propia ley y de contratos que garantizan la riqueza de unos a costa de todos.
El planteamiento de la reforma eléctrica del año 2013 es en realidad simple: con una narrativa a favor del medio ambiente, modificar las leyes para permitir contratos que garanticen la compra de energía limpia a los privados a precios elevados, en ello, el Estado asumiría todas las pérdidas a perpetuidad.
Un ejemplo, es tener un taxi propio que genera ingresos y cambiarlo por un taxi híbrido bajo condiciones de hipotecar su casa, pagarlo en mensualidades elevadas de por vida y nunca tener la propiedad del vehículo; el círculo se cierra cuando al inconformarse, las autoridades le dicen que Usted firmó el contrato y lo tiene que cumplir, aunque regrese el vehículo.
La reforma del año 2013 no fue la tradicional venta de activos públicos como los procesos de “desregulación” de las décadas de los ochenta y noventa del siglo XX, lo que evidenció la información dada a conocer por el Gobierno Federal, es la primacía de lo privado sobre el interés público, mediante las obligaciones que, en diversos contratos, asumió el Estado mexicano con empresas generadoras de energía.
Tendencialmente en 20 años el 80 por ciento de la generación eléctrica del país habría quedado en manos privadas, hoy prácticamente tiene la mitad del mercado y el Estado mexicano habría de asumir el pago total de esa energía así como los costos de todas las pérdidas por incumplimento de pagos y robo de energía, con la reforma energética propuesta por la actual administración federal, el país podría dejar de gastar 300 mil millones de pesos que se necesitan para salud, educación y seguridad social.
En materia de política pública, la reforma al sector eléctrico del año 2013 fue más que una privatización, se trató de una reforma de tercera generación que le adjudicó al Estado la obligación de privatizar los beneficios y socializar las pérdidas bajo el concepto de “rectoría”.
Estas razones llevaron a la presente administración a plantear una nueva reforma energética que hoy está en el debate público, múltiples intereses se mueven en contra, en especial, los que tienen los contratos de generación de energía eléctrica. Es sustancial subrayar que el problema no radica en que el país se niegue a honrar contratos, sino que el contenido de esos contratos va contra toda racionalidad jurídica, económica y de política pública. Más allá de epítetos como populismo, regreso al pasado, destrucción del medio ambiente o el simple incumplimiento de contratos, el tema de fondo radica en que la reforma del año 2013 no sólo pretendió privatizar los activos y los mercados de energía, fue más allá, estableció una privatización indirecta del Estado mexicano y del presupuesto público.
Los actores contrarios hablan de los supuestos beneficios de la reforma del año 2013, sin entrar al fondo de los costos públicos que ha significado, los cuales se resumen en: a) transferencia del sector eléctrico a los privados; b) recursos fiscales comprometidos; c) pérdida del control de la energía en tanto recurso estratégico. Lograr que hoy en materia de energía eléctrica prevalezca nuestro concepto estratégico de seguridad nacional es complejo, porque las leyes se hicieron a modo para sustentar un proceso regresivo del interés público, sin embargo, es posible que con base en las reformas, los privados y las instituciones tomen acuerdos con base en la racionalidad y en los principios elementales del mercado internacional.
*Dr. Jorge A. Lumbreras Castro
Académico de la FCPyS-UNAM