Al inicio de la administración 2012-2018, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió un Resúmen Ejecutivo para explicar los objetivos y propósitos de la reforma energética que el Ejecutivo Federal había planteado al Poder Legislativo; iniciativa que se inscribió en el marco del llamado Pacto por México que fue el instrumento de concertación política para fraguar reformas consideradas sustantivas por esa administración y por lo menos las dos anteriores que buscaron una reforma energética de envergadura sin conseguirla del todo.
El documento de la SRE señalaba que la iniciativa del Ejecutivo Federal para reformar el Artículo 27 de la Constitución retomaba las palabras del presidente Gral. Lázaro Cárdenas del Río, en el sentido de generar un sistema eléctrico nacional con base en principios técnicos y económicos bajo la conducción y regulación del Estado. Con esta acotación de principios se plantearon los objetivos de la reforma, a saber:
a) Mejorar la economía de las familias al bajar los costos de los recibos de luz y gas; un gas más barato produciría fertilizantes de mejor precio y así alimentos más baratos.
b) Aumentar inversión y empleos, la reforma crearía más trabajos –hasta 2 y medio millones para 2025– con las nuevas empresas y menores tarifas.
c) Reforzar a Pemex y a CFE a fin de darles más libertades para modernizarse y brindar mejores en la perspectiva de que serían empresas 100% de los mexicanos y 100% públicas.
d) Reforzar la rectoría del Estado como propietario del petróleo y gas, y como regulador de la industria petrolera.
En conclusión, permitir la inversión privada en electricidad, conservar PEMEX y CFE y mantener la rectoría del Estado mexicano en el petróleo y la energía eléctrica. En materia de electricidad el diagnóstico del Gobierno Federal pretendió mostrar impedimentos para desarrollar la industria, la falta de competencia y la probabilidad de no tener energía suficiente en el futuro, en resúmen: 1) Tarifas eléctricas altas y elevado costo de esta energía. 2) Limitaciones en la producción de electricidad. “Bajo ciertos esquemas particulares y empresas privadas producen electricidad pero los beneficios de una generación más barata se queda en pocas manos”. 3) Falta de un árbitro imparcial que decida qué electricidad se vende. “CFE es juez y parte” al elegir entre la electricidad que generan sus plantas y las de los particulares que puede, incluso, “ser más barata”. 4) Problemas para usar energía menos contaminante. “No se ha podido aumentar el uso del gas natural para generar electricidad por la escasez. Barreras al desarrollo de energías renovables: eólica, solar y minihidráulica”.
Bajo este diagnóstico se propuso reformar el Artículo 27 de la CPEUM para permitir la participación de particulares en generar electricidad: más oferta, menos costo y beneficios públicos; mantener en exclusividad el control del Sistema Eléctrico Nacional, el servicio público de las redes de transmisión y distribución; adquirir la energía en bloque más barata de cada productor; fortalecer a la CFE con mayor flexibilidad operativa y organizacional para competir y recuperar a los grandes usuarios y reducir la pérdida de energía, el robo y el no pago; reforzar las facultades de planeación y rectoría de la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía; favorecer la inversión en tecnología y adoptar fuentes de energía menos contaminantes y bajo costo: solar, eólica y gas.
Estas fueron las coordenadas de la reforma constitucional que el Senado de la República aprobó un 11 de octubre de 2013 y la Cámara de Diputados el 12 de octubre. Para el 18 de diciembre la reforma se declaró constitucional y el Poder Ejecutivo la promulgó el 20 de diciembre para publicarla en el “Diario Oficial de la Federación” el 21 de diciembre de 2013. Se trató de una de las reformas más complejas, ininteligibles y técnicas de las que se tenga memoria, sin embargo, la comunicación política se centró en: energías limpias, reducción de tarifas, mayor oferta de energía, beneficios para micro y pequeñas empresas, modernización de CFE y PEMEX, y generación de empleos, en suma, un mercado energético fortalecido que aseguraba el desarrollo nacional bajo la rectoría del Estado mexicano.
Siete años después el balance de la reforma al sector eléctrico, por lo que al interés público se refiere, mostraba tensiones, porque la reforma se dio en términos ideales de mercado, sin publicitarse el régimen interno de contratación de energía por parte del Estado mexicano. Mientras a los productores privados se les compra toda la energía que producen y se les paga en su totalidad, el Estado mexicano asume los costos de distribución, el robo y el no pago de energía.
Por otra parte, el Estado tiene la obligación de comprar primero la energía limpia aunque tenga la que producen las plantas de CFE, situación por lo menos desigual, toda vez que el volumen de demanda de energía debe garantizarlo CFE y no los privados. Al Estado mexicano le ha costado miles de millones de pesos la compra de energía, suficiente para haber construido varias nuevas plantas generadoras.
*Dr. Jorge A. Lumbreras Castro
Académico de la FCPyS – UNAM