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La moratoria constitucional

La moratoria constitucional no es mucho más que la reiteración de que la alianza opositora votará en contra de la iniciativa de reforma electoral. | Agustín Castilla

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Escrito en OPINIÓN el

El anuncio que hicieron los presidentes de los partidos de oposición que conforman la alianza Va por por México (PAN, PRI, PRD) respecto a una moratoria constitucional que implica no apoyar ninguna reforma que proponga el presidente, Morena o sus partidos aliados (PT y PVEM) en lo que resta de esta legislatura, y que necesariamente requiera de una mayoría calificada -que por sí mismos no tienen-, provocó mucha molestia dentro del grupo gobernante y abrió un debate sobre el trabajo legislativo y la responsabilidad de las y los legisladores. 

Por supuesto diputados y senadores están obligados a cumplir con la función para la que fueron electos, lo que implica asistir a la sesiones, analizar las iniciativas que se presenten, discutirlas en comisiones y en el Pleno, argumentar sus posturas y votar en consecuencia, y sin duda es deseable que en el proceso legislativo se privilegie el diálogo a partir del cual se puedan encontrar las coincidencias que posibiliten la construcción de acuerdos. Pero no debemos olvidar que otra función del Congreso, es fungir como contrapeso del Poder Ejecutivo en el marco de la división de poderes, y que es derecho de las y los legisladores disentir -son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño del cargo- y ejercer libremente su voto en el sentido que consideren. También está dentro de sus obligaciones “guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen” tal y como lo protestaron. 

Sin embargo, tal parece que para el oficialismo, únicamente es posible cumplir con la responsabilidad legislativa si se vota a favor de las propuestas presidenciales, de lo contrario deberían renunciar al cargo o no cobrar su dieta como lo ha sugerido el mismo presidente López Obrador -en congruencia también debería aplicar para quienes votan en automático sin analizar las iniciativas ni moverles una coma-, e incluso pueden ser acusados de traición a la patria y perseguidos penalmente como ocurrió con la fallida reforma eléctrica. 

En realidad, la moratoria constitucional no es mucho más que la reiteración de que la alianza opositora votará en contra de la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral que ha sido ampliamente discutida en múltiples espacios y generado preocupación entre diversas organizaciones civiles, especialistas y sectores de la sociedad, principalmente por la propuesta de desaparecer al INE y sustituirlo por una órgano al servicio del gobierno, así como de la intención de formalizar la subordinación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y por tanto la militarización de las tareas de seguridad pública como de hecho ya ocurre. 

Me parece que lo anterior no significa que sus legisladoras y legisladores se ausentarán del Congreso, dejarán de participar en las discusiones o incluso que pudiera traer como consecuencia una parálisis legislativa como se ha llegado a decir, pues además Morena tiene el control de los órganos legislativos y los números suficientes para convocar, reunir quórum o aprobar modificaciones a leyes secundarias. 

Se podrá estar de acuerdo o no con la postura de la alianza opositora, pero difícilmente se puede negar que son temas de la mayor relevancia en torno a los cuales de tiempo atrás se ha dado un amplio debate, y que hay razones válidas para no acompañar las propuestas del presidente. 

Tampoco se puede decir que la oposición haya asumido una actitud obstruccionista, pues como lo ha reconocido el mismo presidente López Obrador, en estos años se han aprobado la mayoría de las reformas que consideraba prioritarias para su gobierno, como la creación de la Guardia Nacional, la ampliación de la prisión preventiva oficiosa, en materia educativa, de los  programas sociales, o la revocación de mandato,  y esto no hubiera sido posible sin el apoyo -en algunos casos difícil de entender- de sus grupos parlamentarios.

A esta legislatura le quedan poco más de dos años y, aunque la crispación política y el muy anticipado arranque del proceso sucesorio complejizarán todavía más las relaciones al interior del Congreso, debemos recordarles que son muchos los problemas que enfrenta nuestro país y que, más allá de los cálculos e intereses político-electorales, siguen teniendo la responsabilidad de atenderlos.