El Estado moderno en Occidente tiene en su origen un proceso de racionalización del mundo que surge y se recrea en el orden jurídico, social, político, institucional y cultural. El Estado moderno desde el siglo XV se ha desplegado como una unidad jurídica y política, que encontró en las revoluciones burguesas, en especial, tras la revolución Francesa una inédita fusión entre una perspectiva asentada en los derechos humanos, las libertades públicas y la economía liberal con una forma de gobierno de larga data en las ideas políticas que es la democracia.
En este proceso de construcción del liberalismo democrático, o si se quiere de las democracias burguesas, el papel de los ejércitos fue y ha sido central. Ninguna de las revoluciones parlamentarias -menos aún la de Cromwell- se gestaron y desarrollaron sin el papel de los ejércitos. La crisis, las victorias y la mediana estabilidad de las democracias han descansado desde hace siglos, o si se quiere desde 1789, en un hecho, que conceptualiza Max Weber, a saber, que el Estado es el monopolio de la legítima violencia.
Las teorías democráticas modernas sea en clave de democracia cristiana, socialista, social, participativa, pluralista, y hasta la poliarquía de Dahal, suponen en su interior la existencia de una fuerza que asegure la soberanía del ciudadano, es decir, que ninguna facción pretenda hacerse del poder por vías ilegítimas y esa fuerza se constituye primero por la majestad de ley y se garantiza por los Ejércitos. Con diferentes fundamentos filosóficos o teoréticos prácticamente ninguno de los artífices de la democracia incremental, directa, participativa, representativa y electoral ha llegado a plantear la existencia de Estados democráticos sin Ejércitos. Aunque desde luego, existen visiones que apuestan a modos de Estado en que sea posible la convivencia humana sin el poder de la fuerza, sin Estado y sin Ejército.
Lo que sí se ha planteado en las vertientes teóricas sobre la democracia y el papel de las Fuerzas Armadas es un conjunto de aspectos que tienen que ver con su papel en el Estado, con los sistemas de pesos y contrapesos políticos, el orden jurídico y sus funciones sustantivas y adjetivas.
En primer término, está la construcción de un andamiaje jurídico que asegure y garantice la prevalencia del poder civil sobre el poder de las armas. Lo que supone la existencia efectiva del Instituto Armado para garantizar la integridad territorial del Estado, la soberanía nacional y la permanencia de la nación como una unidad política en su singularidad ante otros Estados. Hay cosas que no se escriben ya, pero no pueden obviarse, los Ejércitos existen para garantizar la soberanía de los Estados, actuar ante conflictos interiores, colaborar con las instancias civiles en seguridad nacional y para hacer la Guerra ante una amenaza directa con patrocinio exterior.
En segundo lugar, múltiples actores -intelectuales, analistas y gobernantes- se han referido a la necesidad de establecer la organización y funciones de los Ejércitos con base en los parámetros de la institucionalidad pública democrática, es decir, control y vigilancia presupuestal, rendición de cuentas, racionalidad y eficiencia en el uso de los recursos, planeación, transparencia, desempeño institucional predecible y condiciones claras de ingreso, permanencia, promoción y retiro claras y definidas para sus elementos, entre otros aspectos no menos relevantes. De modo tal que estos principios les permitan desarrollar sus funciones de seguridad y defensa nacional en condiciones institucionales perfectibles.
Un tercer aspecto, se constituye por las relaciones cívico militares, que tienen su principal vértice en establecer reglas sobre lo que el poder civil puede o no ordenar al Instituto armado, lo que significa definir alcances y límites jurídicos, institucionales y políticos, de modo tal que el poder civil, encuentre limitaciones sistemáticas -reglas democráticas-. En evidencia, estas relaciones, incluyen el grado de participación de la Fuerzas Armadas en diferentes asuntos y problemas públicos, que van desde el auxilio a la población ante diferentes eventos, hasta garantizar el funcionamiento de las instituciones democráticas y de los Poderes Públicos en los órdenes o niveles de gobierno que el orden jurídico establezca al interior del Estado.
Un cuarto tema, se refiere al papel de los ejércitos ante nuevas amenazas a la seguridad nacional, se trata de antagonismos inéditos como pandemias, tráfico de armas, trata de personas, flujos migratorios sin control, cambio climático, riesgos a infraestructuras críticas y protección al ciberespacio, en tanto cuarta dimensión del Estado, dado que algunos delitos que se cometen a través de las tecnologías, tienen el potencial de causar graves daños a amplios sectores de las ciudadanías.
Como puede apreciarse, la mayoría de las naciones democráticas, liberales, abiertas y defensoras de los Derechos Humanos tienen ejércitos, todas trabajan en perfeccionar su arquitectura jurídica, institucional y política para que estén en condiciones de realizar sus funciones sustantivas que consisten en que las personas tengan una patria, una forma de gobierno emanada de su voluntad y una garantía básica de que no se convertirán en siervos de otro Estado, que no serán víctimas del despojo y que no tendrán que vivir como extraños en su propia tierra.
El conjunto de operaciones jurídicas, institucionales y políticas que se realizan en los Estados democráticos para fortalecer las capacidades de seguridad nacional y defensa de sus institutos armados de define por lo general bajo el concepto de modernización en su vertiente técnica e instrumental, que es propia del Estado moderno, en particular del Estado liberal y democrático.
En el caso mexicano, el perfeccionamiento de nuestras Fuerzas Armadas debiera ser un amplio, sistemático y continuo proceso que convocara a centros de investigación superior, al Legislador, a diversos sectores sociales, a las aportaciones del periodismo profesional, y a actores no menos relevantes; lo anterior es lo que ocurre en la mayoría de la naciones libres y democráticas del mundo. Hay mucho camino que recorrer en nuestro país para que en nuestra pluralidad y diversidad se asuma una mayor corresponsabilidad jurídica, política y quizá periodística con el presente y futuro de nuestras Fuerzas Armadas.
Recientemente la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) anunció la creación de la Comandancia del Ejército, esta medida se corresponde con las estructuras institucionales militares que existen en la mayoría de las naciones democráticas del mundo y con estándares internacionales sobre rangos, competencias y protocolos militares, también descentraliza funciones y optimiza capacidades y recursos al servicio de la nación.
Sin embargo, las lecturas políticas sorprendieron no por la crítica a la actual administración, sino por el desconocimiento sobre el desarrollo institucional de los Ejércitos en el mundo y en México. Ante la creación de la Comandancia del Ejército las sospechas, críticas, adjetivos y teorías de la conspiración no se hicieron esperar, aunque hubiese bastado una llamada a algunos de los estudiosos de nuestra historia militar para que sus opiniones tuviesen algún fundamento.
El proceso de modernización del Ejército Mexicano que se ha puesto en marcha bajo la conducción del presidente de la República y la experiencia del Gral. Secretario de Defensa, aporta una lección y esta es la necesidad de extender el conocimiento de nuestra historia militar, de conocer las funciones de Instituto armado, de fortalecer la cultura de la seguridad nacional, y de concitar debates sobre los avances democráticos que se viven en la organización militar de México.
*Dr. Jorge A. Lumbreras Castro
Académico de la FCPyS-UNAM