En días pasados (28 y 29 de noviembre) se celebró la Segunda Sesión del Consejo Nacional de Mejora Regulatoria. Asistieron representantes del gobierno federal (Secretaría de Economía, Comisión nacional de Mejora Regulatoria), de los gobiernos estatales (Secretarios de Desarrollo Económico) y de gobiernos municipales. Además de la diversidad de ámbitos de gobierno, se dio un escenario de especial interés que fue la pluralidad del espectro ideológico ahí presente.
A contrapelo del ambiente de crispación que la polarización política es ya habitual en otros terrenos, las dinámicas, presentaciones y temas abordados , parecían más orientados a la coincidencia que a la confrontación: la relevancia y avances de las tecnologías de la información en la función gubernamental; la relación que hay entre la mejora regulatoria y el combate a la corrupción; la relevancia de contar con mejores trámites en la competitividad, en la inversión y en la confianza gubernamental fueron, entre otros, los temas y los enfoques dominantes en las sesiones.
El municipio de Puebla, por ejemplo, ahora a cargo de Morena, es reconocido como uno de los que tienen mayor avance en la gestión electrónica de trámites administrativos; los gobiernos estatales del centro del país a cargo del PAN son reconocidos como los que tienen trámites empresariales con mejores indicadores de competitividad.
Peculiar la discusión cuando lo que predomina son los aspectos técnicos por sobre los ideológicos y, la mejora regulatoria es el terreno de discusión que media las acciones públicas de las distintas opciones políticas. La mejora regulatoria en términos generales tiene el propósito de que las intervenciones públicas logren los mayores beneficios sociales con los menores costos, lo cual puede ser aplicado, por ejemplo, a la forma en que se diseña una licencia municipal para vender alcoholes, o la licencia de conducir o una normativa en materia energética.
La pregunta central que se plantea al establecer un trámite, una licencia, un permiso, etc., es ¿cuál es la finalidad o el propósito de interés general que se busca conseguir? ¿La protección al medio ambiente? ¿La seguridad y salud de las personas? ¿La seguridad vial? Y cómo conseguirlo de mejor manera aprovechando de mejor manera los recursos económicos, tiempo, etc.
¿Cuál es la finalidad de la licencia de conducir? Si la respuesta es: buscar que los conductores de automóviles estén capacitados para conducir mejor y evitar accidentes; entonces el diseño del trámite tiene que estar diseñado para lograr esos fines en la realidad y que las cargas administrativas en recursos económicos y tiempo sean los menores. Es bueno, por ejemplo, que la licencia pueda tramitarse y entregarse en unas cuantas horas o en minutos, pero ¿cumple el propósito de mejorar la circulación de los vehículos o no? Si se tramita rápidamente podrá ser un buen trámite, pero si se otorga a alguien que no sabe manejar o no está capacitado adecuadamente, no será necesariamente una buena regulación.
Detenerse en la discusión técnica tanto de las regulaciones como de los trámites permite examinar, por ejemplo, los retrocesos y las causas de ellos. Así, la Comisión Federal de Competencia Económica por conducto de su presidenta Jana Palacios, presentó una propuesta y fue aprobada para crear un grupo especializado para analizar los problemas regulatorios que se presentan en Estados y Municipios sobre el autotransporte de carga. Es frecuente en estados y municipios, sea cual fuere el signo político de su gobierno, la presencia de regulaciones que protegen a grupos de transportistas locales que encarecen el servicio de transporte, estableciendo incluso restricciones al comercio estatal prohibidas por la Constitución. Los resultados del grupo de trabajo servirán, o al menos eso se espera, para avanzar en desmontar las capturas regulatorias por grupos de interés.
La presencia ciudadana está en la intervención de un Observatorio integrado por ciudadanos, empresarios y académicos, del que formo parte, tiene una función ser jugadores externos con la capacidad de presentar observaciones y propuestas en el seno del Consejo Nacional, en esta ocasión se presentó y fue aceptada, la integración de un grupo de trabajo que tenga a su cargo examinar las regulaciones que en materia de energía fueron expedidas ´por la Secretaría de Energía, para ampliar la posibilidad de obtener Certificados de Energías Limpias por operadores como la Comisión Federal de Electricidad, en condiciones distintas a las originalmente establecidas.
Lo anterior es una muestra de las posibilidades que abre el Sistema Nacional de Mejora Regulatoria, como un ámbito de acción pública y de pensamiento colaborativo y de que la técnica importa.