Prácticamente ningún tema ha generado durante las últimas décadas tanta reflexión y debate de alto valor moral e intelectual. Científicos, investigadores, académicos, líderes de opinión y por supuesto autoridades gubernamentales en todo el mundo, impugnan o en su caso, propugnan la legalización de la mariguana; señalando ambos bandos, diversas razones en suma convincentes sobre los estragos o beneficios que dicha medida pudiera generar en diversos países.
En México, por supuesto, no estamos exentos del juego maniqueo entre buenos y malos en este espinoso dilema. Esta semana se discutió en el Senado, una iniciativa del Ejecutivo que permitiría la portación de hasta 28 gramos de mariguana para uso personal, así como la autorización de su uso medicinal o científico. Situación, en suma trascendente, considerando el enfoque punitivo y el estricto control que ha definido al Estado mexicano a lo largo del tiempo, con respecto a la política antidrogas diseñada por los gobiernos en turno.
En este tenor, dicha iniciativa entrañaría la reforma a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal, siendo este último primordial, debido a que permitiría la exención e inmediata liberación de personas presas, sentenciadas o en proceso de ser juzgadas por portar más de cinco gramos de mariguana, cantidad considerada como el límite máximo autorizado. Al respecto, el presidente del senado especificó una cifra escalofriante, son más de 2 mil 500 las personas que se encuentran en esta situación considerada como delito.
Este último dato arroja una realidad que no debemos soslayar, la criminalización a diestra y siniestra. Los efectos nocivos de una política criminal rígida, descontextualizada y en suma desproporcionada, que ha permitido detenciones exponenciales de consumidores y pequeños traficantes empero, no trastoca los cimientos de las complejas redes empresariales del narcotráfico, ni a sus verdaderos orquestadores y beneficiaros.
En el contexto internacional, podemos mencionar como posibles inspiradores de estos nuevos ánimos de la élite gobernante mexicana, dos casos concretos que rompen paradigmas. En Estados Unidos se habla de un proceso inevitable de legalización de la mariguana en el que cuatro estados, hasta ahora, han legalizado su cultivo, uso y venta, Washington, Colorado, Alaska y el Distrito de Columbia, a los cuales se une también el próximo mes de julio, Oregón. Además ya son 23 estados los que permiten el uso de la mariguana para efectos medicinales. Consideremos que en esta lista, es posible que se sumen más de diez estados con proyectos de ley para legalizar su uso de una u otra manera.
También tenemos el sorprendente caso de Uruguay, mismo que en diciembre del 2013, se convirtió en el primer país a nivel mundial en legalizar la producción, venta y consumo de mariguana; rompiendo tabús sobre este tema, estableció el control y regulación del Estado en su importación, exportación, cultivo, producción, comercialización y distribución.
Los retos que México enfrenta en materia de seguridad, violencia, corrupción e impunidad guardan estrecha relación con el inadecuado marco normativo de las drogas. El proceso de lege ferenda recién iniciado sobre el derecho que se habrá de legislar sobre mariguana, es todavía precario e insuficiente, para modificar positivamente la realidad sobre las drogas en nuestro país. Décadas de infructuosa batalla contra el narcotráfico nos muestran que es necesaria una postura diametralmente distinta del Estado hacia las drogas y que este proceso regulatorio debe ser mucho más amplio y profundo que la simple despenalización de la mariguana en ciertas circunstancias.
Esta coyuntura pone de manifiesto la necesidad de que México trabaje de manera seria en la búsqueda de nuevos enfoques y soluciones efectivas a los múltiples problemas que rodean el fenómeno de la droga en general y de la mariguana en particular, situando a la persona en su contexto y sus derechos, observando y armonizando las mejores prácticas internacionales en materia de derechos humanos.