Las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador se han convertido en el epicentro de la comunicación política en el país. Un ejercicio en el que cada mañana el presidente de México por cerca de dos horas sale a dar su opinión, a informar o aclarar algún tema.
El espacio se ha convertido en un instrumento que para algunos constituye un auténtico ejercicio de rendición de cuentas y para otros un espacio en el que el presidente se dedica a denostar a sus contrincantes y hacer afirmaciones muchas de las cuales no tienen sustento.
La mañanera del viernes 11 de febrero de 2022 pasará a la historia como una de las más controvertidas ya que el presidente difundió los ingresos del periodista Carlos Loret de Mola, un hecho que sin duda tendrá importantes repercusiones en la vida política y legal del país por lo que es importante analizarlas.
Parte de la controversia está relacionada con la tensa relación que se ha desarrollado entre la prensa y el presidente en las últimas semanas, por el reportaje de “la casa de Houston”, que revela un posible conflicto de intereses entre una empresa estadounidense contratista de PEMEX y el hijo mayor del presidente que ocupó una casa propiedad de un ejecutivo de la empresa Baker-Hughes.
El último episodio de esta confrontación se dio el pasado viernes cuando en su conferencia mañanera el presidente reveló los ingresos anuales del periodista que difundió el reportaje de “la casa de Houston”, el presidente mencionó “Me da pena porque yo gano muchísimo si se compara con lo que gana la mayoría del pueblo de México. Pero miren cuánto gano yo, bruto anual, 2 millones 11 mil y él gana 35 millones 200, o sea, que él gana como 15 veces más que yo” y añadió “¿Ustedes creen que es porque se trata de un periodista de altos vuelos, muy inteligente, un buen escritor? No, es por golpeador”.
Como en otros temas en los que el presidente ha emitido su opinión en la mañanera, lo ha hecho sin ofrecer evidencia sobre sus dichos, no revela la fuente de la cual obtuvo información personal de un periodista, y compara los ingresos de un servidor público con los de un particular, lo que no tendría que ser parte de una polémica ya que el periodista genera una actividad privada pagada por privados, esta información sólo se podría divulgar si fuera pública o si el periodista hubiera dado su consentimiento para que se divulgara.
Con esta acción el presidente violó varias leyes, el artículo 16 de la Constitución establece que “toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales”, la Ley de Datos Personales en su artículo sexto menciona que “el Estado garantizará la privacidad de los individuos”, el mandatario violó el secreto fiscal establecido en el Código Fiscal de la Federación.
Las sanciones a las que se podría hacer acreedor el presidente son las siguientes: la Ley de Protección de Datos establece una multa de 200 a 320 días de salario mínimo, el Código Fiscal también contempla sanciones económicas que van de los 150 mil a los 200 mil pesos y sanciones de 1 a 6 años de prisión. Además, hay que recordar las causales por las que el presidente puede ser llevado a juicio político, el artículo 37 de la Ley de Juicio Político establece “durante el tiempo de su encargo, el presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por (…) todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadana o ciudadano”, de ser el caso las cámaras legislativas podrían frenar las acciones del presidente que a todas luces violan la ley, aunque por la configuración que actualmente tienen las cámaras con mayoría de Morena, se ve difícil que se pudiera iniciar un procedimiento de juicio político en contra del presidente.
Uno de los aspectos que sin duda llaman la atención de este suceso es el silencio de los poderes del Estado ante esta embestida por parte del presidente hacia un particular que se dedica al ejercicio periodístico, ni la titular de la CNDH, ni el presidente de la SCJN ni los presidentes de las mesas de directivas de las cámaras de Senadores y Diputados se han manifestado ante un hecho que sin duda es preocupante porque vulnera el estado de derecho, sin entender que este no se trata de un pleito entre dos personas, se trata de una violación a los derechos de un ciudadano por parte de una autoridad, posiblemente la más visible de todas como lo es el presidente de México y que su obligación principal es garantizar los derechos de la ciudadanía.
Las razones por las que el presidente ha emprendido esta acción pueden ser diversas, algunas voces han señalado que lo que pretende es amedrentar al periodismo crítico para que deje de hacer investigaciones sobre la actual administración, otros lo ven como una oportunidad para aumentar la polarización y que con ello el ejercicio de revocación de mandato adquiera mayor interés por parte de la ciudadanía.
Cualquiera de las razones esgrimidas es preocupante porque plantean un reto para la democracia mexicana ante un mandatario que vulnera de manera flagrante y abierta las leyes. Es responsabilidad de los diferentes poderes del Estado que más allá de sus preferencias partidistas, cumplan con su labor y hagan valer el estado de derecho, el momento que se vive en la actualidad como lo ha señalado el presidente López Obrador es momento de definiciones, de ser así es claro que solo hay dos opciones; estar a favor del capricho de un mandatario o hacer valer las leyes. Por el bien de México es indispensable optar por la segunda opción.
*Iván Arrazola
Colaborador de Integridad Ciudadana, Doctor en estudios Científico-Sociales con mención en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO. México). Especialista en participación ciudadana, cultura de paz, democracia subnacional y gobierno abierto.
Integridad Ciudadana
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