La pesadilla que vivimos por décadas las mujeres a causa de la violencia, requiere de acciones decididas del Estado, en sus tres órdenes de gobierno y poderes -Ejecutivo, Legislativo y Judicial-, así como de los órganos constitucionales autónomos en México; sin embargo, la lucha no sólo debe darse en el plano institucional gubernamental, sino también en el particular, es decir, la sociedad en general, mujeres, hombres, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, etcétera, todas y todos estamos llamados a formar un frente común contra la violencia hacia las mujeres.
Los derechos a la no discriminación y a la igualdad entre mujeres y hombres, reconocidos en los artículos 1, 2, 3, 4, 34, 123, entre otros, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos son la fuente primaria del derecho a una vida libre de violencia.
Sin embargo, como hemos sostenido en diversos espacios académicos y profesionales, el reconocimiento de derechos constitucionalizados es insuficiente, si éste no viene acompañado de los recursos suficientes para implementar políticas públicas eficaces. La sensibilización política en este terreno es crucial. Basta recordar que, de acuerdo con la Encuesta sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares del INEGI, 7 de cada 10 mujeres han sufrido violencia, 43.9% han sido agredidas por el novio, la pareja o el esposo.
Vivimos en un país mayormente poblado por mujeres, el 51.4% de 120 millones de mexicanas y mexicanos, de éstos, 46.5 millones de mujeres de 15 años o más -que residen en el país- 66.1% han sufrido al menos un incidente de violencia: el 41.3% de tipo sexual; el 26.6% de las mujeres que han trabajado alguna vez han sido víctimas de violencia laboral. ¡Y así podríamos retomar cifras y cifras del INEGI que presentan un panorama nada bueno para nosotras las mujeres!
La violencia política, el acoso sexual y la violencia feminicida han sido, durante los últimos tiempos, problemáticas visibilizadas de manera mediática sin la seriedad institucional que merecen para su prevención y atención. El manejo mediático a un tema de tal gravedad no hace más que aparecer por espacios temporales que generan reacciones como las protestas, marchas, expresiones de condena, paros, entre otras formas de expresión social. Sin embargo, siguen sin tener las repercusiones políticas, jurídicas, culturales, etcétera, necesarias para acabar con esta violencia.
Alertas de género o estados de emergencia por la violencia contra las mujeres y demás, son mecanismos que no están dando resultados. La protección de los derechos humanos de las mujeres mediante instrumentos de política pública como la Alerta de Violencia de Género -que no ha funcionado, por cierto-, establecidos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia requieren una urgente y exhaustiva revisión ante la falta de resultados positivos.
La ola de violencia que tiene acosado al país no cede y, por el contrario, parece crecer cada día. De acuerdo con el Reporte sobre delitos de alto impacto de abril de 2019[1], del Observatorio Nacional Ciudadano, Seguridad, Justicia y Legalidad, “en México cada 15 minutos y 28 segundo se registró, en promedio, una víctima de homicidio doloso o feminicidio en abril de 2019”; no obstante, parecen ser pocos o nulos los avances en la materia, para abatir la violencia contra las mujeres.
El fenómeno de la violencia contra las mujeres es añejo, puesto que no sólo se trata de un tipo de violencia física o sexual, sino también psicológica, por exclusión y discriminación producto de una cultura donde las relaciones de poder hombre-mujer han determinado no sólo el camino hacia el respeto de los derechos humanos de las mujeres, sino la “velocidad” con que se adoptan e implementan políticas públicas contra ese flagelo que, en muchas ocasiones, son insuficientes e ineficaces.
Ahora, en esta era de las tecnologías de la información y de la comunicación, así como de las redes sociales, a diario salen a la luz cientos y cientos de casos de robos, de secuestros, de homicidios, de abusos, etcétera, donde siempre la constante es la presencia de las mujeres en situación de víctimas directas.
Estos instrumentos juegan un papel de suma importante para hacer cada vez más visible las problemáticas sociales que ocasionan la violencia contra las mujeres. Sin embargo, dichos instrumentos también pueden -como lo hemos visto últimamente- constituirse en francos espacios y vehículos para la publicación o difusión indiscriminada y sin respeto alguno contra la dignidad de las personas, de todo tipo de información, fotos, videos, etcétera, incitando más a la violencia y abonando a la impunidad.
Hacen falta con urgencia políticas públicas eficaces que impulsen la cultura de la prevención en la materia. A la fecha, la debilidad y el fracaso institucional de los poderes del Estado, de los órganos constitucionales autónomo y en los tres niveles de gobierno en el combate a la desigualdad entre mujeres y hombres y la no discriminación han quedado de manifiesto en el día a día que vivimos millones de mujeres y somos agredidas de todas las formas posibles.
México requiere de un movimiento de mujeres en serio no en serie, que no sea únicamente de grupos feministas puesto que las tareas en el ámbito de la igualdad entre mujeres y hombres y la no discriminación deben ser incluyentes, no selectivas o excluyentes. Lo contrario, abonará a entornos de segregación, de fractura social, de divisionismo, sectarismo, radicalización de posturas y, precisamente, de violencia que en nada benefician el sostenimiento de nuestro Estado constitucional y democrático de derecho, de ahí que deben participar en esta tarea titánica todas las mujeres y todos los hombres por igual. Las y los titulares de los poderes y órganos constitucionales autónomos deben tener claro que el derecho de igualdad debe ser garantizado en todo el país, en cada uno de los rincones de México, para vivir en paz.
*Dra. Susana Thalía Pedroza De la Llave
Investigadora titular “B” del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; coordinadora general de la División de Estudios de Posgrado y del CIJUREP de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, e investigadora nivel III del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).