Un aspecto importante en toda contienda electoral o bien, de cualquier ejercicio de participación ciudadana es que existan las reglas suficientes para que se lleven a cabo con todas las garantías constitucionales y legales que permitan una equidad por parte de todas las instancias involucradas. Esto permite que exista certeza y transparencia en cada uno de los actos a desarrollarse lo que genera, además, legitimidad sobre todo para la población.
Por ello, en el desarrollo de las elecciones en nuestro país estas normas han propiciado que quienes violen alguna disposición legal sean sancionados de manera proporcional a la falta cometida por parte de la autoridad electoral y, en todo caso, quien o quienes son sancionados pueden recurrir a las instancias jurisdiccionales a reclamar lo que consideren conveniente, teniendo la autoridad jurídica la última palabra y esto constituye un Estado de Derecho.
Ahora bien, un rubro que la Cámara de Diputados y Diputadas determinó incorporar en la legislación electoral federal es la prohibición de la difusión de propaganda política en un periodo establecido con el objetivo de no inclinar la balanza en la opinión de la ciudadanía en favor, generalmente, de quien ostenta el poder público.
Para el caso del ejercicio conocido como de democracia directa como lo es la Revocación de Mandato que, de acuerdo con la Ley Federal respectiva, es “el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de la persona titular de la Presidencia de la República, a partir de la pérdida de la confianza”, esta establecida la disposición que entre la emisión de la convocatoria (4 de febrero) y la jornada electoral que, tendrá verificativo el próximo 10 de abril, queda prohibida, entre otras cuestiones, la difusión de la propaganda gubernamental de cualquier nivel de gobierno.
Esta disposición tiene su origen en lo mandatado en el artículo 35, fracción IX, numeral 7º de la Constitución Política que establece:
Queda prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de firmas, así como con fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de revocación de mandato.
El Instituto y los organismos públicos locales, según corresponda, promoverán la participación ciudadana y serán la única instancia a cargo de la difusión de los mismos. La promoción será objetiva, imparcial y con fines informativos.
Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos y ciudadanas.
Durante el tiempo que comprende el proceso de revocación de mandato, desde la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno.
Los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, sólo podrán difundir las campañas de información relativas a los servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección civil.
Consecuentemente, extraña que diversos actores políticos pongan en duda la facultad del Instituto Nacional Electoral (INE), responsable de la organización de este ejercicio, el que ordene a diversas instancias suspender la difusión de diversos aspectos considerados como propaganda. La disposición esta en la Constitución y lo que hace el INE, desde mi punto de vista, es observar que esta normativa se cumpla.
Aún así, y como corresponde en todo Estado democrático de Derecho, los actores involucrados siempre podrán recurrir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a reclamar lo que a su derecho convenga y será esta instancia la que defina a quién le asiste la razón.
Esto, estimados lectores es la esencia de la democracia y, si las reglas del juego no están acorde a la realidad que vive nuestra sociedad el responsable de cambiarlas será el órgano legislativo.