Después de siete años de que se tuviera una visita oficial de los Relatores de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de Naciones Unidas (ONU) a México, esta semana nuevamente se repite la experiencia con la presencia del 27 de noviembre al 5 de diciembre con Edison Lanza Relator por parte de la CIDH y David Kaye de la ONU.
Más que intensa es su agenda en un momento en que la libertad de expresión está cargada de pendientes y constantes ataques, más allá de la que refiere a la situación de periodistas que está en focos rojos desde hace más de una década. Le comento algunos de los temas que estarán sobre la mesa.
Derechos de las audiencias
La visita de los Relatores coincide con la reciente derogación de los derechos de las audiencias por parte del Congreso, una contrarreforma que pudiera ser revertida si se junta el número suficiente de senadores que estuvieron en desacuerdo con su aprobación para interponer una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) antes del 30 de noviembre.
También el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) debería de hacer lo propio interponiendo una controversia constitucional en la medida que las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) le quitaron facultades para regular y garantizar tales derechos, de acuerdo al mandato constitucional debe de regular el servicio público de radiodifusión que es por donde la población recibe los servicios audiovisuales.
Ya en su momento la Corte, en otra acción de inconstitucionalidad (CC 117/2014), refrendó las facultades del IFT “cuasilegislativas” para regular la radiodifusión y ampliar derechos, por tanto el regulador tiene la obligación de defender sus facultades y autonomía.
Por ello son más que desafortunadas las declaraciones de su presidente, Gabriel Contreras, al periódico Reforma, al decir que el IFT no puede interponer acciones de inconstitucionalidad, con ello niega el respaldo que le ha dado la Corte con miras a fortalecer la institucionalidad en un Estado de Derecho.
Al dar a conocer públicamente su posición antes de que se dé la discusión dentro del Pleno del IFT, el comisionado presidente debería de excusarse de participar en ella, pues con ello ha violado los procedimientos que se exigen en casos como este.
Los Relatores en contra de reforma a la LFT
Aun cuando el Relator Edison Lanza y la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ya se han pronunciado en contra de la iniciativa para reformar a la LFTR y el Código Penal Federal para imponer sanciones de cárcel a emisoras que operan sin autorización por parte de la Cámara de Diputados, en el entendido de que es una medida desproporcional y violatoria de los estándares internacionales de libertad de expresión que puede afectar a medios comunitarios e indígenas, la semana pasada la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía aprobó el dictamen, con justificaciones que son falaces.
La Diputada Lía Limón García (PVEM), Presidenta de la Comisión, señaló que el robo del espectro radioeléctrico y/o su uso ilegal puede llegar a afectar la vida de las personas, por ejemplo, la interferencia de la radio de aeronaves comerciales y privadas, puesto que pueden llegar a afectar sus operaciones poniendo en riesgo la vida de los usuarios de este transporte.
Este argumento que se ha utilizado en otros países para limitar a medios comunitarios no ha prosperado, puesto que no existen pruebas que una emisora de pequeña potencia tenga tales afectaciones. La utilización de la vía penal en temas que involucran la libertad de expresión solo contribuye a criminalizar su ejercicio y es inaceptable.
La publicidad oficial también será observada por los Relatores
La visita también coincide con la reciente sentencia de la SCJN en torno a la publicidad oficial, que obliga al congreso a legislar en la materia, la omisión legislativa obligó a que la organización Artículo 19 interpusiera un amparo pues se agotó el plazo del artículo transitorio de la reforma electoral del 2014, que imponía que a más tardar el 30 de abril de ese año debería de existir una ley reglamentaria sobre la publicidad gubernamental para evitar su uso indebido.
Esa organización junto con Fundar han documentado durante muchos años el exceso de dinero público vía la publicidad oficial que tiene como objetivo la promoción personal de funcionarios públicos (si lo quieren hacer que lo hagan con su dinero y no con el nuestro), así como para premiar o castigar a los medios de comunicación en función de su línea editorial, de esta manera se acallan voces críticas y se censura.
De ahí que naciera el hashtag #MiLanaNoEsMordaza en redes sociales, pues no se vale que miles de millones de pesos se gasten para incidir en las líneas informativas de los medios, esa enorme cantidad de dinero debe ser para otras necesidades más urgentes como la reconstrucción después de los sismos, educación, salud, entre otros.
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Coincido con quienes plantean que el congreso debe de hacer una ley general en la materia, de otra forma no cambiará esa conducta con los gobiernos estatales y municipales, como bien dice Leopoldo Maldonado de Artículo 19, los medios se volvieron adictos a la publicidad oficial y los políticos a controlarlos.
El malware Pegasus
Los Relatores también constatarán la inmovilidad del gobierno federal a través de la Procuraduría General de la República para atender las denuncias de quienes fueron víctimas del software espía Pegasus, que alcanzó a periodistas, activistas y hasta a un adolescente.
¿Cuánto costó el malware Pegasus a la PGR?
Millonarias cantidades de dinero gastó el gobierno para adquirirlo; su uso en contra de estas personas es ilegal y entraña una cadena de corrupción que ha sido documentada por los periodistas de investigación José Raúl Olmos, Daniel Lizárraga Méndez, Valeria Nohemí Durán Villanueva y Mathieu Tourliere titulado “El entramado detrás de la operación de espionaje de PEGASUS”.
Antes de su partida, los Relatores darán una conferencia de prensa para dar a conocer el informe preliminar de su visita oficial, los resultados son previsibles, pues en este gobierno las libertades informativas y de expresión han tenido un retroceso alarmante.