El efecto acumulativo de las regulaciones puede generar distorsiones que desincentiven la formalidad, lo que ocasiona pérdidas de productividad, de recaudación y de bienestar social. Con base en esta información, y en el marco de los Diálogos por la Justicia Cotidiana, el Ejecutivo Federal encabezó la iniciativa de reforma constitucional para sumar esfuerzos hacia un Sistema Nacional de Mejora Regulatoria. Sin duda, se trata de un esfuerzo para combatir las ineficiencias regulatorias en México, las cuales afectan más a los agentes económicos que los problemas asociados al fenómeno de inseguridad.
Dicha reforma da claridad a la mejora regulatoria como la política pública que está encargada de generar normas claras, además de procurar la simplificación de trámites y servicios, a fin de generar los mayores beneficios sociales con los menores costos posibles en los tres órdenes de Gobierno.
Ley General de Mejora Regulatoria
Desde esa perspectiva, la promulgación de la Ley General de Mejora Regulatoria (LGMR) busca establecer y homologar los principios con los que se regirá la política de mejora regulatoria en los tres niveles de Gobierno. De forma específica, es novedosa por promover, entre otros, los siguientes aspectos:
• La participación de académicos, organizaciones de la sociedad civil y representantes del sector privado en el nuevo Sistema Nacional de Mejora Regulatoria.
• Fortalecer la consulta pública para que los ciudadanos puedan levantar quejas o inconformidades por cualquier trámite, regulación y/o abuso de autoridad que contradiga la LGMR.
• Promover la transparencia para la evaluación de la conformidad mediante la creación de un padrón nacional de verificadores e inspectores[1].
• Favorecer la reducción de la carga regulatoria actual.
• Establecer la creación de un Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios, el cual sistematizará toda la información regulatoria del país en un mismo sitio.
La LGMR promete ser el primer eslabón para dar solución al problema de sobrerregulación que existe en México. No obstante, su eficaz implementación será tarea de los gobiernos federal, estatal y municipal durante los próximos tres años (hasta concluir con la creación del Catálogo y el Registro). Durante este periodo, las 32 entidades federativas crearán o modificarán las leyes estatales de mejora regulatoria, homologando los criterios y lineamientos para consolidar el Catálogo de trámites y regulaciones en 2021.
En este contexto, el liderazgo del Ejecutivo federal tendrá, a partir de la siguiente Administración (2018-2024), el reto de dar continuidad al establecimiento de esta nueva política de Estado y solventar los retos que surjan para su eficaz implementación en colaboración con los órdenes de Gobierno estatal y municipal, respectivamente.
[1] Este punto implica que los agentes económicos que sean sometidos a revisiones por parte de la autoridad, podrán revisar que el servidor público efectivamente represente a la autoridad competente.