Opinión

La letalidad del Estado

El uso abusivo de la fuerza letal deriva en efectos negativos como el incremento de la violencia en contra las fuerzas armadas. | Leonardo Bastida

  • 14/09/2019
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¿Qué ocurrió en Nuevo Laredo el pasado 5 de septiembre? es una pregunta que aún no ha podido resolverse. En días pasados se reportó que integrantes de cuerpos de seguridad, sin tenerse la certeza si eran personal militar o de seguridad pública, habían tenido un enfrentamiento con integrantes de bandas del crimen organizado, con un saldo de ocho personas muertas. Testimonios e indagaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tamaulipas han revelado que no hubo tal enfrentamiento y que la escena de los hechos fue manipulada, al grado de haberse cambiado la ropa de las personas asesinadas y sembrado armas, por lo que asegura, se trató de una ejecución extrajudicial.

Quienes intervinieron fueron integrantes de las fuerzas policíacas y hasta el día de hoy, varios testigos y personas cercanas a las víctimas, han denunciado actos de intimidación por parte de estos agrupamientos.

Una trama muy similar a la denunciada en el documental Hasta los dientes, en el cual se aborda el caso de Jorge y Javier, dos estudiantes de posgrado del Tec de Monterrey en el plantel de la capital neoleonesa que fueron asesinados por integrantes del Ejército al interior del plantel educativo en marzo de 2010.

La situación no es novedosa, en México, durante 2017 hubo 371 personas muertas en manos de agentes de seguridad, la mayoría de ellos policías estatales o municipales. Mediciones anteriores, observaron que entre 2007 y 2014, con base en datos oficiales, la Policía Federal tuvo un saldo en enfrentamientos de 4.8 civiles muertos por cada civil herido, mientras que el registro del Ejército llegó a 7.9, a pesar de que la cifra máxima permisible es de una persona y en situaciones extraordinarias, como advierte la legislación internacional en la materia.

De acuerdo con el estudio La investigación, intitulada Monitor del uso de fuerza letal en América Latina. Un estudio comparativo de Brasil, Colombia, El Salvador, México y Venezuela, elaborado por Carlos Silva Fomé del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Catalina Pérez Correa y Andrés Ruiz Ojeda del Centro de Investigación y Docencia Económicas las cifras difieren entre lo reportado por las propias autoridades y lo registrado en diferentes medios de comunicación, pues mientras las cuerpos de seguridad (SEDENA, Secretaría de Marina, Policía Federal, Policía Estatal y Policía Municipal) reportaron 212 casos, el equipo de investigación identificó 371 registros.

A pesar del sesgo, los cuerpos de seguridad han reportado desde 2014, más de 100 casos de civiles muertos durante operativos al año. Si bien las cifras no son tan altas como las registradas en 2011, cuando hubo mil 297 muertes en manos de integrantes de las Fuerzas Armadas y las diferentes policías, aún se está lejos de garantizar que no haya muertes de civiles en manos de cuerpos de seguridad.

De acuerdo con el equipo de investigación, en la gran mayoría de casos de uso de la fuerza letal no son investigados al presumir que se dieron en un contexto que los hace legítimos. E incluso, organismos como la Secretaría de la Defensa Nacional se ha negado a brindar la información sobre los casos ocurridos en los últimos tres años.

La expresión última de la soberanía tiene su base en la posibilidad de ejercer el poder y en la capacidad de decidir quién puede vivir y quien debe morir, afirma el filósofo camerunés Achille Mbembe, quien en su libro Necropolítica continúa el análisis de Michael Foucault sobre el concepto de biopolítica, al cual define como el dominio de la vida sobre el que el poder ha ejercido su control.

Para el experto en estudios post coloniales la soberanía ha pasado a ser el ejercicio de un control sobre la mortalidad y la definición de la vida como el despliegue y manifestación del poder. Por lo tanto, cabe preguntarse si el asesinato se convierte en un objetivo del Estado con el pretexto de la guerra, y por qué no, en el marco de una aparente estrategia de seguridad.

Sin olvidar la advertencia del filósofo alemán, Max Horkheimer, de que un Estado con tintes autoritario reprende en todas las posibles variantes que deba hacerlo respondiendo a las necesidades del aparato de poder.

Como señalan los investigadores participantes en el estudio sobre la letalidad de las fuerzas del estado, el uso abusivo de la fuerza letal deriva en efectos negativos como el aumento de los registros de víctimas, así como el deterioro de la imagen de los cuerpos de seguridad, pero sobre todo, el incremento de la violencia en contra de integrantes de fuerzas armadas y policíacas y un entorno social más adverso y violento, una situación que, a pesar de las afirmaciones retóricas de varios gobernantes, no puede ser considerada como un “daño colateral”.

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