En noviembre del año pasado, el presidente Barack Obama decretó una legalización de los inmigrantes en los Estados Unidos que no tenían documentos legales, pero tenían hijos con ciudadanía estadounidense. Frente a las divisiones en el Congreso del país, que había parado una propuesta de legalización mucho más amplia y ambiciosa, esta medida por acción ejecutiva tenía la intención de dar un estatus legal a más o menos la mitad de los indocumentados en el país.
Pero en estos momentos la orden ejecutiva se encuentra parada por un amparo extendido por un juez que aceptó los argumentos de un grupo de gobernadores republicanos quienes se opusieron a la medida y argumentaron que les haría un gran daño a sus estados. Hay grandes probabilidades de que el presidente prevalezca al final de cuentas y que siga adelante la legalización, pero es probable que no habrá certidumbre hasta que los tribunales fallen, y esto puede tomar varios meses, con apelaciones y amparos de por medio.
Algo parecido ha pasado con la ley de seguros de salud, que a veces se denomina Obamacare, una legislación masiva que también ha vivido su propia agonía en los tribunales y ahora se encuentra en la recta final de decisiones claves en la Suprema Corte. Todo parece indicar que la Corte fallará a favor de la legislación, pero con algunos cambios requeridos por los magistrados. En este caso, la legislación ya entró en vigor desde hace mucho, y no se le ve ánimo de los magistrados de echar abajo todo un proyecto de salud que ya se implementó desde hace años.
En otro tema, la apertura con Cuba, el debate no está en los tribunales sino entre el Ejecutivo y Legislativo, con Obama normalizando relaciones diplomáticas y derogando gran parte del embargo que ha existido por más de cincuenta años, mientras que el Congreso no avanza en legislación para cancelar el embargo ni parece tener interés en aprobar un nombramiento de embajador al país caribeño. (Obama no ha nombrado a un embajador(a), pero es probable que el Congreso no aprobaría un nombramiento tampoco.)
Estos tres casos muestran lo dividido y fragmentado que es el poder en los Estados Unidos, en que el presidente enfrenta no sólo un Congreso de otro partido sino gobernadores con opiniones contrarias y tribunales con altos márgenes de discreción para validar, cancelar o cambiar decisiones hechas por el Congreso o el presidente.
Esta fragmentación en el esquema de toma de decisiones ha sido muy útil en la historia de los Estados Unidos para evitar la concentración de poder y mantener un nivel de rendición de cuentas importante. Sin embargo, dificulta mucho las decisiones críticas y hace al sistema muy lento para realizar giros en la política pública.
En cuanto a la legalización de inmigrantes indocumentados, es altamente probable que la orden ejecutiva de Obama sí se cumpla, pero es probable que tome varios meses para que esta decisión se resuelva en los tribunales y pueda avanzar. Serán meses largos para los afectados y sus familias.