Opinión

La lastimada investidura presidencial

Una investidura vulnerada cuando pareciera que sistemáticamente se niega a investigar y resolver escandalosos casos de corrupción e impunidad.

  • 24/07/2016
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En el evento en que el presidente Enrique Peña Nieto publicó el decreto del Sistema Nacional Anticorrupción y sus siete leyes, el titular del Ejecutivo señaló que "pido perdón por la Casa Blanca, cometí un error. Este error afectó a mi familia, lastimó la investidura presidencial. Les reitero mi sincera y profunda disculpa por el agravio que les causé".

 

Para la opinión pública lo rescatable de este mensaje se encuentra, en lo lastimado de la investidura presidencial, que agregó el sello por el que será conocida y recordada esta administración: la corrupción y la violación de derechos humanos, en un control de daños que tardó demasiado en llegar para cumplir su cometido: neutralizar.

 

Esta vulnerada crisis en la investidura presidencial se extiende a las instituciones a su cargo, así como a los Poderes de la Unión. Un Senado debilitado y cuestionado cuando sus legisladores votaron una ley 3 de 3 a modo, sin poder deshacerse de más de 650 mil firmas que se los exigían, una Cámara de Diputados con el problema de los "moches" y un Poder Judicial con la politización de la justicia, como en los casos de la Guardería ABC o Florence Casses, y con ministros que ni siquiera un apercibimiento verbal hicieron en el desempeño de su profesión, pero tienen la potestad de juzgar asuntos constitucionales.

 

Una disculpa que llegó tarde para revertir la crisis de la investidura presidencial, cuando en los titulares de las instituciones a su cargo, pareciera que se trata del pago de favores de campaña, cuando la titular de la PGR tiene evidentes lazos consanguíneos con un vicepresidente de Televisa, lo que pone en duda la imparcialidad de sus actuaciones, por ejemplo, en el caso de las narcocamionetas de esa televisora en Nicaragua, o cuando la PGR le devuelve un dinero producto de la sospecha de la corrupción a Raúl Salinas de Gortari y sólo faltando que la PGR le pidiera disculpa de rodillas, mientras que a una indígena, como a Jacinta Madrigal, el Ministerio Público Federal le regatea una disculpa pública por haberla procesado sin pruebas.

 

Una crisis de la investidura presidencial, cuando el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se empeña con mucha voluntad para exentar a Televisa del pago 3,000 millones de pesos de impuestos, o bien, para voltear a otro lado y dejar de investigar las sospechas del escándalo #PanamaPapers que involucran a Juan Armando Hinojosa, Omar Yunes, Ricardo Salinas, Edith González, Rafael Caro Quintero y Alfonso de Angoitia, cuando les enseñaron el camino y con pedir perdón ninguna autoridad los molestará.

 

Una investidura vulnerada, cuando pareciera que sistemáticamente se niega a investigar y resolver, escandalosos casos de corrupción e impunidad, como las propiedades en Nueva York del ex gobernador de Oaxaca, José Murat; la casa en Malinalco del secretario de Hacienda; la línea 12 del Metro; así como la cancelación del proyecto del Tren México–Querétaro, corrupción en el PRI, en el PAN, en el PRD, en Movimiento Ciudadano y la venta del padrón electoral, de Morena y lo cuestionado del origen de los recursos de su sempiterno líder Andrés Manuel López Obrador y corrupción en el PT para vender su miserable subsistencia política a cambio de 3 mil votos, o bien, el millonario y sospechoso patrimonio de presidentes de partido, recientemente dado a conocer, sin que falten los patiños para defenderlos.

 

No podían faltar personajes con una dudosa honorabilidad, como Carlos Romero Deschamps, Humberto Moreira, Arturo Escobar y Vega, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Ángel Aguirre, Guillermo Padrés, Emilio González Márquez, Rodrigo Vallejo, Mario Marín, entre otros más; o como Javier Duarte, Roberto Borge y quizás César Duarte, en quienes el PRI encontró la mejor manera de controlar daños sin asumir el costo político que representa, deslindándose de ellos y expulsándolos de sus filas, pero que seguramente encontrarán en el socorrido perdón, el nicho ideal de impunidad que posiblemente nunca los procesará, y con ello, garantizando su protección política.

 

Por eso la renuncia de Virgilio Andrade como titular de la Función Pública, poco abonó a la lastimada institución presidencial, como si el daño se remediara con la renuncia de un secretario de Estado cuyo desempeño dejó mucho que desear, en el que nuestro país ocupa el vergonzoso segundo lugar en el Índice Global de Impunidad (IGI) 2015.

 

Mientras tanto, las disculpas no redimen los delitos a los que podría haber lugar.

 

@racevesj

@OpinionLSR

 

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